La condena del teniente Sicat (21 años y 8 meses) ha coincidido con un nuevo y oscuro episodio en Fuerta Mara (Zulia), en el cual un pequeño grupo de soldados, también arrestados, resultó quemado en circunstancias aún no esclarecidas, a raíz de un incendio en el calabozo donde se encontraba. Esto permite replantear dos asuntos estrechamente conectados. Uno, el de los castigos corporales que se administran en la FAN y otro, el de la actitud de la institución cuando, por estas razones, algún caso se traduce en lesiones graves o en el fallecimiento de los castigados.
Los castigos corporales están formalmente prohibidos en las instalaciones castrenses, pero, en la práctica, las ordenanzas al respecto parece que son violadas con relativa frecuencia, como lamentable herencia de un pasado brutal. Castigar físicamente a los soldados parece una práctica aún no desterrada. También subsiste, dicho sea de pasada, una “obligatoriedad” del servicio militar que sólo cubre a los muchachos provenientes de los sectores más humildes de la sociedad. Ni siquiera en este aspecto la verborrea de Chávez ha sido acompañada por los hechos. En nuestro país todavía está viva esta tradición gomecista que hace de la condición de soldado una suerte de castigo a la pobreza.
Por otro lado, la FAN, que de por sí, en general, es más bien opaca, en casos de delitos comunes cometidos en su seno se muestra reticente a cooperar con las autoridades civiles en el esclarecimiento y sanción de ellos. Existe la tendencia, de entrada, a proteger al oficial incurso en actos de esa naturaleza, sometiéndolo incluso a juicio militar, en contravención de lo establecido en la Constitución. Así fue con Sicat. La sentencia de este costó tres años de esforzada dedicación de la familia del soldado fallecido y de su abogado Humberto Mendoza (ver página 4). En los casos de Fuerte Mara y de Zambrano (ver también página 4) la conducta inicial de las autoridades militares ha sido la de taparearlos. Es la presión de la opinión pública la que, eventualmente, podría conducir a una investigación y al enjuiciamiento de los responsables. Porque si bien en relación con el incendio en el calabozo de Fuerte Mara los primeros señalamientos mediáticos apuntaron, prejuiciosamente, hacia una motivación política en el arresto de los soldados (se dijo que este se debió a que firmaron en el RR), lo cierto es que ha sido la acción de los medios de comunicación la que ha conducido a que no se pueda echar tierra al asunto, sobre cuyas circunstancias es la conducta evasiva del comando de la guarnición la que contribuye a sembrar sospechas. Sospechas que atañen, esencialmente, a la naturaleza de los castigos y sanciones en el seno de la FAN, que es, en definitiva, lo que está en cuestión hoy.
