Cedice: el gobierno volvió tradición atacar la propiedad privada en diciembre
El centro de estudios para la libertad recordó las fiscalizaciones que sufrió Daka, Makro y EPK
La investigadora del Observatorio de Derechos de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice-Libertad), Ana María Carrasquero, advirtió este martes que el gobierno venezolano convirtió la violación del derecho a la propiedad en una política sistemática durante el mes de diciembre.
Un monitoreo de Cedice que comenzó en 2005, revela que las prácticas del gobierno vienen socavando las libertades de los venezolanos sobre su propiedad privada.
“Lo que ha ocurrido en diciembre es que hay una estacionalidad en los ataques. El gobierno se ha empeñado en atacar a los comerciantes en épocas donde los padres compran útiles escolares o en navidades”, explicó Carrasquero este 11 de diciembre a través de una transmisión en vivo en la red social Twitter.
La experta recordó el famoso “Dakazo” en 2013, cuando se hizo un ajuste de precios y una venta supervisada. La juguetería Kreisel; la cadena de tienda de ropa para niños EPK. Los comercios del centro de Caracas que fueron obligados a bajar entre 20%, 30% ó 50% y Makro. Fiscalizaciones que han sido ejecutadas por la Superintendencia Nacional de Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (sundde).
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“Así como las hallacas forman parte de nuestras tradiciones en diciembre, las violaciones al derecho a la propiedad se han convertido en una en este proyecto político”, añadió la especialista.
“El derecho a la propiedad privada es una garantía de la democracia, de libertad”, dice la investigadora Ana María Carraquero
En el último análisis de Cedice-Libertad detectaron que las nuevas víctimas son los ganaderos. Sobre esto, la experta recordó un precedente: la ley de tierras que impulsó el gobierno en 2001. “Allí fue cuando se dió el primer gran zarpazo al campo venezolano”, destacó Carrasquero.
La investigadora mencionó lo que ocurre en seis estados ganaderos del país, donde Fedenaga denunció que los gobernadores imponen precios a los productores y restricciones para movilizar el ganado. A juicio de la experta aquí existe “una especie de intervención”.
“Las regulaciones nos trajeron a este punto, que es una emergencia humanitaria compleja, no es una crisis, las crisis son causadas por una catástrofe natural. Una emergencia humanitaria compleja es causada por las acciones a manos de los hombres y en este caso es por este proyecto político”, alertó.
En 2017 el consumo de carne anual de los venezolanos fue de 4 kilos por persona. En 2012 fue de 23 kilos. Para Carrasquero las políticas restrictivas del gobierno venezolano son las responsables de la escasez y de que la población no pueda alimentarse adecuadamente.
