Censo militarizado, por Marco Negrón
Los censos de población, asociados muchas veces a los de vivienda, han sido un importante elemento de modernización de las sociedades al permitir conocer las características de sus habitantes, sus potencialidades y sus necesidades: instrumentos indispensables para el diseño de políticas públicas.
En Venezuela el primero se realizó hace siglo y medio, bajo el gobierno de Guzmán Blanco. Son conocidas sus serias omisiones, debidas a la falta de experiencia y a las precarias comunicaciones de entonces. Sin embargo, a partir de él se logró establecer una rutina y hacerlo, hasta finalizar el siglo XIX, en plazos fijos de 10 años.
Durante las primeras décadas del XX la situación se hizo caótica, pero en 1936, con el inicio del tránsito hacia la democracia luego de la muerte del dictador J. V. Gómez, hubo notables avances: se aprobaron los marcos legales pertinentes, se respetó la periodicidad decenal para su levantamiento y se creó una dependencia gubernamental especializada. Esta, aunque cambió de nombre varias veces, tuvo continuidad y gracias a nuestras universidades se dotó de personal profesional altamente calificado. El elevado número de empadronadores requeridos puntualmente para cada censo se atendió con un entrenamiento específico y una supervisión profesional rigurosa. Equipos especializados de las más importantes universidades del país evalúan la fiabilidad de los resultados, pero estos adquieren validez solamente con la aprobación de la Asamblea Nacional.
Nuestro último censo, décimo cuarto, se realizó en 2011, pero intempestivamente, levantando numerosas interrogantes, el ministro de Planificación anunció hace apenas días que ya se estaba iniciando el XV Censo, pomposamente llamado ahora “del Sistema Estadístico y Geográfico Nacional”.
Tradicionalmente el levantamiento de la información ha sido realizada por empadronadores voluntarios, al margen de criterios de militancia política y preferiblemente reclutados entre estudiantes universitarios, pero ahora esa tarea se le encarga a la Milicia Bolivariana, un órgano embutido a empellones en la Fuerza Armada pese a que su creación fue rechazada en el referendo de 2007; a Somos Venezuela, un partido oficialista que curiosamente se anuncia a través del portal de la Vicepresidencia de la República; y a un no mejor definido Poder Popular. Todos esos elementos, sumados a la constante vocación confiscatoria del régimen y su afán por inmiscuirse en la vida privada de los ciudadanos, de inocultable matriz castro-estalinista, han generado justificadas sospechas acerca de sus verdaderos objetivos.
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A nadie debe sorprender entonces el creciente rechazo que está levantando entre la población, pero la reacción del ministro no hace sino ahondar las sospechas cuando amenaza con que no tendrán acceso a información (¿?) quienes no cooperen: sorprendente metamorfosis de quien, en sus años de dirigente estudiantil en la UCV, desplegaba un discurso iconoclasta y libertario.
Aunque, en fin, de cuentas, se trata de una amenaza inocua, pues hace tiempo que el régimen les niega información básica a los ciudadanos, en áreas como las de la economía y la salud, pero también, con el acoso y clausura de los medios de comunicación que no se someten a sus dictados, en la de la vida cotidiana. ¿A qué más información podemos perder acceso los venezolanos?
Así es que el novedosísimo XV Censo, al adornarse con tan vistosas prendas totalitarias, arranca generando un extendido rechazo que amenaza con convertirlo en un fiasco total. Malo, muy malo para la sociedad venezolana que, ayuna de información básica en áreas tan sensibles como las mencionadas gracias al black out gubernamental, corre ahora el riesgo de negarse a sí misma una información tan importante como la relativa a la población y la vivienda: también en esta materia, pese a los satélites (chinos) y el código QR, el sedicente Socialismo del siglo XXI nos devuelve a los caminos de recuas del XIX.
