Centro Carter publica informe final sobre el #28J: Resultados no pueden ser verificados
El Centro Carter dijo que «las autoridades venezolanas siguieron sin poder cumplir varias condiciones fundamentales para una elección democrática» tras la falta de transparencia en los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio «y la aparente falsificación de los mismos»
El Centro Carter publicó este lunes 17 de febrero su informe final sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde se solicita a las autoridades el «respeto por la voluntad» expresada por los venezolanos a través de una «revisión transparente e independiente» de los resultados.
El Centro recordó que el día de las elecciones se registró una gran afluencia en los centros de votación, pese a algunos incidentes violentos, al tiempo que señaló al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la no divulgación de los resultados de las presidenciales, tras anunciar la victoria de Nicolás Maduro con 51,2% de los votos, debido a un supuesto hackeo de su página web que se mantiene inactiva hasta la fecha.
«La falta de resultados detallados impidió la verificación independiente de los resultados generales anunciados por el CNE. El CNE canceló tres auditorías poselectorales que podrían haber verificado los presuntos ciberataques. Esto incluyó un segundo ejercicio de verificación ciudadana. La integridad de las elecciones se vio dañada por la falta de información transparente», aseguró la organización.
El Centro Carter desplegó observadores en cuatro ciudades (Caracas, Valencia, Barinas y Maracaibo) para las presidenciales desde el 29 de junio, tras firmar un memorando con el CNE que incluía la libertad de poder declarar de cualquier integrante de la misión y acceso a todo el proceso electoral y sus participantes.
Además de esa falta de transparencia en el anuncio de resultados «y la aparente falsificación de los mismos», señaló el Centro Carter en su informe, «las autoridades venezolanas siguieron sin poder cumplir varias condiciones fundamentales para una elección democrática».
También se destacó las dificultades para la oposición reunida bajo la Plataforma Unitaria de postular un candidato, tras la inhabilitación de María Corina Machado, las restricciones que enfrentaron los contendientes durante la campaña, impedimentos de observación internacional, así como el uso indiscriminado de recursos públicos por parte de Maduro, las restricciones al voto de venezolanos en el exterior y los problemas para inscribirse o actualizar la información de registro electoral dentro de Venezuela.
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En cambio, señalaron al gobierno de continuar una «ofensiva y restricciones a los derechos políticos fundamentales, incluida la libertad de expresión, asociación y movimiento» de dirigentes opositores y sociedad civil. Se destacó el exilio de Edmundo González a España, luego de una investigación penal y amenazas de arresto, así como la clandestinidad de Machado, a quien la Fiscalía acusa de supuestos actos terroristas.
Dentro de las recomendaciones, la organización pidió que se enmienden, deroguen o retiren leyes, proyectos de ley y reglamentos «que busquen restringir indebidamente la libertad de expresión y asociación, incluida la Ley contra el Fascismo y el Neofascismo; la Ley para el Control, Regularización, Funcionamiento y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines; y la Ley Orgánica para la Defensa del Esequibo».
También solicitó que se reconsideren:
- Los procedimientos de designación del CNE para garantizar un mayor apoyo y confianza de todos los partidos y las partes interesadas.
- La publicación de «toda la información relevante de manera oportuna y sistemática, incluidas las decisiones del CNE y el calendario electoral».
- Mejorar la capacitación de los miembros de mesa «para que sea menos probable que sean reemplazados el día de las elecciones por personas no capacitadas y partidistas».
- Publicación de criterios para el establecimiento de nuevos centros de votación.
- Organizar un registro de votantes integral para los migrantes venezolanos sin restricciones innecesarias basadas en el estatus migratorio.
- Eliminar la facultad del contralor general de inhabilitar a ciudadanos para ser candidatos como sanción administrativa o supletoria, de modo que los derechos políticos solo se suspendan por decisión judicial.
- Adopción de una ley que regule eficazmente el financiamiento político, como se recomendó en 2021.
- Establecer requisitos legales claros para la realización de auditorías preelectorales y poselectorales y la certificación de máquinas de votación electrónica y procesos de votación electrónica para mejorar la integridad y la confianza en el proceso.
- Establecer límites claros a los mecanismos de control social de los votantes y evitar la vulneración de los derechos de los votantes, como los “puntos rojos” para verificar que las personas hayan votado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
