Cepaz: Prevención del femicidio en Venezuela requiere verdaderas estadísticas
El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) señaló que en la información aportada por el fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek Willian Saab, sobre los femicidios registrados en el país desde 2018 hasta julio de 2023, no es posible apreciar el grado de efectividad de la gestión del Ministerio Público ya que no tienen cifras de fondo para contrastarlo
Ante la cifra de 628 femicidios registrado en el país desde 2018 hasta el 31 de julio de este año, presentada por Tarek William Saab, fiscal del Ministerio Público designado por la ya extinta asamblea constituyente a través de cuenta de Twitter, el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) señala que «la prevención del femicidio en Venezuela requiere verdaderas estadísticas género-sensitivas».
Al respecto, la organización destaca que «la comprensión del feminicidio o femicidio depende, en gran medida, ‘de la existencia de información mediante registros detallados y fiables que permitan identificar las características de la víctima, el victimario, la relación entre ellos, el entorno, las motivaciones y las pautas de comportamiento, entre otros aspectos’, según ha planteado por la Organización de Naciones Unidas (ONU)».
Tarek William Saab: Desde el 2018 hasta la fecha se han registrado 628 casos de femicidio consumados y 636 en grado de frustración; para un total de 1.264. En ese lapso se han presentado 1.208 acusaciones y se han solicitado 340 órdenes de aprehensión
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) July 31, 2023
«Lamentablemente la información aportada por el ciudadano Fiscal General de la República no es suficiente. Se limita a mencionar los casos registrados, las órdenes de aprehensión acordadas y las acusaciones presentadas en nombre del Estado desde el año 2019 hasta el 31 de julio de 2023. Desde esa mirada, los datos institucionales no revelan los niveles de violencia sino los niveles de recepción de casos y dos criterios de registro de actos procesales (presentación de acusaciones y solicitudes de aprehensión)», destacó la organización.
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Cepaz resaltó que en la información aportada por Willian Saab tampoco se aprecia el grado de efectividad de la gestión del Ministerio Público sobre esas 1.208 acusaciones, ya que no tienen cifras de fondo para contrastarlo.
Señaló que desde el 2016 no existen datos oficiales consistentes, que permitan establecer tasas de femicidios, por cuanto no se llevan a cabo estadísticas género-sensitivas, «lo que deja al descubierto la imposibilidad del Estado para liderar una actuación institucional y coordinada en materia de prevención de la violencia de género, a la llegada de la emergencia generada por el COVID-19».
«Ciudadano Fiscal General, queremos saber la edad de las víctimas, los estados donde ocurren los hechos; vinculaciones o parentescos entre víctimas y victimarios; y si estos actuaron solos o en grupos; y si estos grupos estaban organizados o no; qué violencias sobre el cuerpo de las mujeres son detectadas, es decir, si fueron quemadas, cortadas, expuestas en plazas públicas o lanzadas en espacios retirados o en plena calle».
Asimismo, la organización exige conocer cuántos ofensores eran funcionarios y si accionaron sus armas de reglamento; cuántos se suicidaron luego de cometer el femicidio; si las víctimas estaban embarazadas, si pertenecían a un pueblo originario, si presentaban alguna discapacidad; si tenían hijos y si éstos presenciaron los hechos violentos contra sus madres.
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«Queremos saber cuántas víctimas eran niñas y cuántas mujeres de la tercera edad avanzada; cuántas eran mujeres trans; queremos saber la actual situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes huérfanos por femicidio».
Cepaz enfatizó que, las organizaciones de la sociedad civil aspiran que «desde el Estado se promueva la investigación seria, formal, exhaustiva; que se recojan datos y compilen estadísticas no solo sobre ingresos de documentos (que de por sí, no agota cumplir la obligación de ofrecer acceso a la justicia), sino sobre la violencia contra la mujer como fenómeno social; y fomenten las investigaciones sobre sus causas y consecuencias».
De acuerdo con el artículo 8 de la Convención de Belém do Pará, es obligación de los Estados realizar investigaciones y producción de información y estadísticas. «Esta es una herramienta fundamental para garantizar la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres y el monitoreo necesario para la determinación de hasta qué punto los Estados están bien encaminados en las políticas públicas que han desarrollado para erradicar esta violencia», resaltó Centro de Justicia y Paz.
