Certificados de defunción del concejal Fernando Albán se contradicen, según abogados

El equipo defensor de la familia del concejal pidió la recusación de Tarek William Saab, por haber dado una opinión previa de lo que había ocurrido y haber calificado de suicidio la muerte de Albán, que según el expediente es homicidio

Nuevos elementos en la muerte del concejal Fernando Albán dejan en entredicho la labor del Ministerio Público. El equipo defensor del dirigente de Primero Justicia denunció el 4 de diciembre que en este caso existen dos certificados de defunción que se contradicen en torno a la causa de su deceso.

«El primer certificado de defunción señala que la muerte fue por un golpe en la parte posterior del cráneo y el segundo dice que fue por un golpe facial. Además firman dos diferentes médicos, uno de ellos es un médico comunitario y el otro no se sabe quién es, porque la cédula de identidad que aparece en el documento corresponde a otra persona», afirmó Ramón Aguilar, abogado defensor.

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Los familiares de Albán, por medio de abogados, introdujeron una denuncia ante el Ministerio Público sobre la «arbitraria detención, tortura, desaparición forzada y muerte por posible ejecución extrajudicial» del dirigente municipal de Libertador (Distrito Capital).

En la denuncia, piden una investigación contra el Estado venezolano y el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, por los presuntos delitos de privación ilegítima de libertad, desaparición forzada, encubrimiento, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, homicidio calificado o ejecución extrajudicial, y asociación para delinquir.

Aguilar aseveró que es una «política de Estado» la detención ilegal de opositores, su incomunicación, las violaciones al debido proceso y la «aplicación sistemática de torturas». Por ello, además solicitan que se investigue a todos los funcionarios de la policía política que tuvieron contacto con Albán.

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Además, el equipo defensor del concejal pidió la recusación del fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, por haber «emitido opinión previa y haber calificado como un supuesto suicidio un acontecimiento que según el expediente de la investigación corresponde a un homicidio».

También solicito que se investigue a la juez Carol Padilla, quién emitió una orden de captura contra el concejal Albán a pesar de que los tribunales no estaban dando despacho.

El abogado recordó que el levantamiento del cuerpo del concejal se realizó sin cumplir los protocolos correspondientes, pues «no existen ni siquiera fotos del hallazgo del cadáver, las únicas fotos que existen son cuando el cadáver ya había sido removido y estaba en una camilla».

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Con respecto a las declaraciones de los funcionarios del Sebin, indicó que se contradicen pues afirman que el concejal se encontraba calzado y esposado, aunque al momento de levantar el cuerpo no se encontraron zapatos.

El equipo defensor pidió la aplicación formal del protocolo de Minnesota y Estambul donde se establece la exhumación del cuerpo en presencia de expertos internacionales independientes avalados por la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH.