Chavismo afina clima de censura y miedo con nuevas condenas por ‘odio’ y app de delación
Al menos dos personas fueron condenadas durante el mes de octubre a penas entre 10 y 15 años de prisión por ‘delitos de odio’. En paralelo, Nicolás Maduro ordenó la reactivación de módulos dentro de VenApp para que la gente reporte “todo lo que ve, todo lo que oye”. Las expertas Lexys Rendón y Martha Tineo coinciden en que estas acciones del chavismo agravan el clima de censura y miedo en el país, recrudecido luego del 28 de julio de 2024
Unas camisas con la imagen de una estatua de Hugo Chávez siendo vandalizada, unos mensajes de WhatsApp para reclamar los retrasos en la entrega del gas. Estas razones llevaron a la cárcel a cuatro venezolanos por delitos de odio. En el mes de octubre fueron condenados a penas entre 10 y 15 años de prisión por tribunales estadales, en juicios rápidos y sin garantías de debido proceso.
Al mismo tiempo, Nicolás Maduro pidió crear una aplicación para que la gente reporte «todo lo que ve, todo lo que oye» las 24 horas del día, donde la Fuerza Armada Nacional, las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral deben “participar”. Esto se transformó en la activación de módulos dentro del sistema VenApp, que nació inicialmente para el reporte de incidencias en comunidades, donde se incluyeron apartados como “terrorismo” u “observación de drones”, en medio de un despliegue del Ejército estadounidense en el Caribe y que el chavismo ve como una amenaza bélica.
Expertas consultadas coinciden en que estas acciones, si bien separadas, contribuyen a agravar el clima de censura y temor impuesto por las autoridades luego de las elecciones presidenciales de 2024. La represión vía detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y aislamiento de detenidos completan ese “entramado” de mensajes que, de forma constante, envía el oficialismo para mantener a raya al “enemigo interno”.
“Al mismo tiempo que vemos estas condenas vemos el relanzamiento de aplicaciones utilizada para la delación, que ya se habían aplicado en el contexto poselectoral de 2024. Ante una ley tan ambigua (Ley contra el Odio) la autoridad puede considerar que una persona cometió un delito por medio de esa denuncia anónima. Esto es un avance más, un paso más en todo lo referente a persecución política, criminalización de la disidencia, generar un clima de silencio y temor, la aplicación de una política de miedo”, señala Martha Tineo, abogada y coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
Tineo señala que el chavismo ha creado todo un “andamiaje” legislativo de “absoluta discrecionalidad” a través de la Asamblea Nacional y, en el caso de la Ley contra el Odio por la cuestionada constituyente de 2017, que además vulnera normas y garantías constitucionales.
“Cuando lees las motivaciones dicen que se hacen con el ánimo de pacificar a Venezuela, pero es todo lo contrario porque pones a las comunidades en una situación donde unas señalan a otras de forma absolutamente irresponsable y luego el sistema de justicia avanza un proceso absolutamente inconstitucional contra algunas personas”, afirma.
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Esa persecución que no solamente alcanza a disidentes reales, señala Tineo, no permitirá “avanzar en un proceso de reconstrucción, superación del conflicto y la crisis. Todo lo contrario, se agudiza la crisis porque son más y más, y más las víctimas permanentemente y eso lógicamente crea una destrucción del tejido social”.
Lexys Rendón, socióloga y directora del Laboratorio de Paz, señala que si en algo ha avanzado el Estado venezolano desde el año pasado, especialmente luego de las presidenciales, es sobre “un patrón sistemático generalizado de acción del Estado venezolano contra cualquier persona que disiente”.
“Se persigue a la persona por lo que dice, por lo que piensa, por lo que expresa. No se considera el disentir, el criticar, como una forma de la civicus sino como enemigo interno, como una persona que es sospechosa de traición, de estar conspirando para quebrantar el orden”, destaca.
La socióloga puntualiza que la razón última de esta “política de Estado” es que “no haya disidencia”.
¿Cómo se ha ido logrando? Por medio de una persecución “que causa terror en la población”, comenta Rendón. “Es discrecional, tiene afectaciones en la integridad física, emocional y en la libertad de las personas muy amplia… La gente tiene miedo de opinar, tiene miedo de decir cosas que la pongan en el foco de una represalia tan horrenda como puede ser 10 años de prisión o estar en un limbo en una cárcel, y esto ha sido intencional. Ha sido una respuesta y ha ido avanzando. Ahí es donde estas aplicaciones tienen la finalidad de control social”.
Apretando el control social
Las elecciones de 2024 trajeron consigo un despliegue rápido y continuo para sofocar los focos de protesta en reclamo al “fraude”. Más de 2.200 detenciones, incluyendo adolescentes, bajo acusaciones de terrorismo, conspiración u odio centralizados en tribunales antiterrorismo en Caracas. Imposición de defensa pública, aislamiento en prisiones de “máxima seguridad” o en condiciones que podrían considerarse de tratos crueles, inhumanos o degradantes, además de la negativa de asistencia médica, han marcado a los presos poselectorales.
En paralelo, el chavismo ha arrestado a cuentagotas pero de manera sistemática a militantes, dirigentes políticos, aliados en estructuras electorales, defensores de derechos humanos y periodistas. Asimismo, se han preparado leyes para debilitar a las organizaciones de la sociedad civil y se prepara una reforma constitucional que, según ha dicho el chavismo, busca afianzar el “Estado comunal”.
“El control que establece el Estado, a partir del 28 de julio de 2024 para acá, ha ido en avance para limitar la capacidad no solamente organizativa sino de libertad de expresión e información. Por eso vimos periodistas, como Nakary (Ramos)… Por eso vimos la detención de economistas que en un momento empezaron a decir el precio real del dólar en un mercado paralelo que existe”, expone la directora del Laboratorio de Paz.
Afirma además que “todo el mundo sabe que en este momento no existe Estado de derecho en Venezuela y cualquier cosa que puedas decir te pone en un foco, como un target, de represalias, vigilancia y control”.
Esto es justamente lo que la administración Maduro quiere, insiste la socióloga. “Si puedes controlar lo que la gente dice adentro, por lo menos en el control interno de quienes permanecen en el país, la verdad no se sabe. La verdad es la verdad del Estado, todo lo que se salga de ahí va a ser apresado, va a ser condenado, sometido a desaparición forzada”.
La socióloga recuerda las palabras del ministro Diosdado Cabello sobre un ‘estado de sospecha’. “Estamos en un estado de sospecha cuando se habló del estado de conmoción, y es la política donde la persona es culpable y sospechosa antes de ser inocente y un ciudadano que ejerce sus derechos”.
Considera que este “estado de miedo, control y censura” es uno de los estadios más graves dentro de un autoritarismo. “Si existiera la posibilidad de que esto se revirtiera, dirías que hay Estado de derecho, hay formas de juzgar a las personas que cometieron estos actos… pero cuando eso es una política de Estado, un patrón, una orden, un acuerdo de Estado que no goza de legitimidad, va a ir incrementándose, no va a haber un retroceso”.
Los condenados por ‘odio’
Durante 2025 se han registrado varias condenas por delitos de odio. El pasado 25 de febrero, el juez Luis Ovalles emitió una sentencia de 15 años contra el activista de Encuentro Ciudadano Nelson Piñero, detenido desde noviembre de 2023.
Dos meses después se ratificó la medida en su contra por expresar sus opiniones a través de redes sociales. Se mantiene bajo arresto en la cárcel de Tocorón.
Marcos Palma Martínez fue condenado en septiembre a 15 años de prisión. El hombre fue detenido el 6 de enero por enviar un audio de WhatsApp donde reclamaba el retraso en la entrega de bombonas de gas doméstico en su comunidad y advertía sobre una posible protesta en la carretera vieja Caracas–Los Teques.
El pasado 17 de julio se conoció que Génesis Gabriela Pabón Paredes y Rocío Del Mar Rodríguez Guillen fueron condenadas a 10 años de prisión por incitación al odio. ¿La razón? Fueron aprehendidas por funcionarios de la PNB con unas camisas estampadas con una foto de la caída de una estatua de Hugo Chávez.
Ambas jóvenes afirman que fueron contratadas bajo un encargo falso para luego levantarles el expediente. 12 de esos funcionarios están presos actualmente por la fuga de un exalcalde en Táchira.
Verónica Andreina Rojas Soto, de 44 años, fue condenada a 10 años de prisión por incitación al odio, tras emitir un comentario crítico sobre el gobierno en una conversación privada por WhatsApp. La sentencia se emitió el 1 de octubre, mismo día que fue trasladada al Centro Penitenciario Femenino de Los Teques -ciudad donde tenía residencia-, luego de estar recluida en un comando policial en El Valle (Caracas) desde julio.
Randal Glendysmar Telles Peña, de 22 años, fue condenada el pasado 14 de octubre a 15 años de prisión por incitación al odio por un video sobre el gobierno nacional creado con Inteligencia Artificial. La madre denunció que un experto comprobó en el juicio que Telles no fue la autora o encargada de subir el material audiovisual a redes sociales como TikTok.
Lexys Rendón apunta que los tribunales estadales donde se procesaron a estas personas, a diferencia de las juridiscciones penales contra el terrorismo, “avanzan con un poco más de celeridad”.
Considera que, en el caso de los tribunales contra el terrorismo, “como tienen una constitución, digamos, más política, tienen algunas otras consideraciones”.
La abogada Martha Tineo recuerda que la llamada Ley contra el Odio es un instrumento penal “en blanco”, pues no aclara a que se refiere o cómo se define odio a los fines de su aplicación. “Es una ley ambigua, que otorga una absoluta discrecionalidad y arbitrariedad alarmante a los jueces de la República al momento de aplicarla”.
Indica que actualmente hay muchos casos en juicio por la aplicación de esta ley, que contempla penas entre los 10 y 20 años de prisión, tan solo por comentarios en redes de mensajeria como Whatsapp.
“No solamente censura y criminaliza derechos que son fundamentales, sino que entendemos que su aplicación también tiende a eso que denominamos castigos ejemplarizantes, es decir, que el resto de la sociedad que vemos este tipo de abusos nos contengamos de expresarnos, de emitir nuestra opinión libremente porque hay un silencio colectivo desde el momento que empezamos a ver que quienes se expresen pacíficamente pueden ser condenados”, reafirma la coordinadora de JEP.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
