Chavismo expulsa a mineros en Bolívar para ceder explotación a 12 empresas privadas
El Gobierno ha disminuido progresivamente sus reservas de oro, hasta llegar a 73 toneladas de oro en las arcas del BCV, equivalentes a unos 4.300 millones de dólares; apenas un 20,3% de las reservas auríferas hasta 2013. Las compras de oro que ha hecho a mineros artesanales en los últimos años se utilizaron para revender a aliados internacionales a cambio de alimentos y divisas
Decenas de mineros a pequeña escala empiezan a ser expulsados de las zonas que utilizan para la extracción de minerales en El Callao, una localidad minera del estado Bolívar. El protagonista de los desplazamientos es el gobierno de Nicolás Maduro y su intención es despejar la región para darle la bienvenida a empresas privadas que exploten los recursos.
Así lo alertan al menos una docena de fuentes consultadas por la agencia informativa Reuters. De acuerdo con su información, Maduro intenta construir «alianzas estratégicas» con compañías privadas específicas en su búsqueda de capital, pues gracias a la caída de la producción petrolera, el Estado se queda sin fondos.
Las fuentes de Reuters afirman que el Gobierno emitió permisos a al menos 12 compañías privadas para la explotación de los recursos minerales en Bolívar. El proyecto consta de la instalación de 30 plantas de procesamiento sofisticadas para la extracción de arena aurífera de las minas. «La mayoría ya están instaladas y operativas», reporta Reuters.
El énfasis en la explotación aurífera se produce después de que el chavismo vaciara progresivamente las reservas de oro del Banco Central de Venezuela para financiarse ante la caída de la producción petrolera.
A raíz de la venta del oro de sus propias reservas, en cuatro años se perdieron alrededor de 60 toneladas del mineral, equivalentes a aproximadamente 3.500 millones de dólares según los precios actuales.
Como resultado, quedan 73 toneladas de oro en las arcas del BCV, equivalentes a unos 4.300 millones de dólares. Esta cantidad es apenas un 20,3% de las reservas auríferas que tenía Venezuela para el cierre de 2013.
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Otro indicativo del financiamiento del Estado por medio de la venta de oro es su ingreso por ese concepto este año. Las regalías por este concepto se estimaron para este año en 232 millones de dólares, unas 70 veces más que las estimadas en 2021.
«Están buscando tener más oro. Eso es lo que el Estado siempre ha querido», aseguró Alexis Chauran, director de una asociación de mineros en La Ramona, cerca de la frontera con Brasil.
A pesar de que se industrializa la explotación minera en Bolívar, los planes pueden no estar saliendo como el Gobierno quisiera, pues muchas de estas plantas recién instaladas están fracasando en sus labores del procesamiento de grandes cantidades de oro, ya que la cadena de producción requiere un pasos previo de procesamiento que hacen los pequeños mineros con ripiadoras, molinos y planchas.
«Las plantas son monstruosas y a muchas se les acaba el material, porque hay pocos molinos y solo unas pocas toneladas se procesan. Antes había menos plantas y más mineros», destacó Vidal García, dueño de una mina en El Callao.
Mineros apartados
Durante años el gobierno de Maduro había implementado como política la compra de oro a los pequeños mineros de Bolívar, con la intención de exportarlo a sus aliados a cambio de alimentos y divisas, durante la crisis especialmente durante los años de crisis de abastecimiento.
Ahora los mismos mineros artesanales, cuyas operaciones promovió el Gobierno, están siendo dejados de lado para dar paso a la extracción industrializada de la mano de operadores privados.
Algunos mineros artesanales incluso denuncian que la estatal que opera el oro en el país, la Corporación Venezolana de Guayana Minerven, los ha presionado para que trabajen con las empresas privadas que llegaron a la región.
El desplazamiento de ciertas zonas empieza a generar una aglomeración de mineros en las áreas aún operables, lo que supone un peligro por el posible incremento de la violencia en las minas.
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En 2020 un informe de la ONG Human Rights Watch alertaba sobre la dosis de violencia presente en las zonas mineras del Arco Minero, destacando la presencia de sindicatos y grupos armados colombianos que controlaban la zona pese al pleno conocimiento de las autoridades venezolanas.
Tan solo entre 2019 y 2020 el El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) contabilizó 137 muertes violentas en municipios mineros al sur de Bolívar.
