CIDH amplía medidas de protección a directora de ONG Prepara Familia, Katherine Martínez

La CIDH solicitó al régimen venezolano informe sobre las acciones adelantadas “a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución” para evitar su repetición

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este viernes una resolución donde amplia las medidas cautelares sobre la directora de la Organización No Gubernamental (ONG) Prepara Familia, Katherine Martínez, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

Según la resolución 42/2020, la señora Martínez se encuentra en una situación de riesgo por sus labores como defensora de derechos humanos a favor de niñas y niños en el Hospital de Niños José Manuel de los Ríos (“JM de los Ríos”) en Venezuela, por quienes ha solicitado medidas cautelares a favor, cumpliendo actualmente el rol de representación en tales medidas ante la CIDH.

La CIDH aseguro que todavía continúa monitoreando tales medidas cautelares actualmente vigentes, por lo que señalaron que han recibido denuncias sobre “amenazas intimidaciones y actos de hostigamientos” hacia Katherine Martínez, quien no cuenta con medidas de protección.

“Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por los solicitantes, la CIDH consideró, desde el estándar prima facie aplicable, que la señora Martínez se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un riesgo de daño irreparable”, señaló el documento.

En este sentido, la Comisión consideró que, en base con su artículo 25 de su reglamento, el Estado venezolano debe adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de la señora Katherine Martínez.

“En particular, el Estado debe asegurar que los derechos de la beneficiaria sean respetados de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, tanto por sus agentes, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros”, indica el comunicado.

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 Asimismo, solicitaron al régimen venezolano informe sobre las acciones adelantadas “a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución” para evitar su repetición.

“El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en los instrumentos aplicables”, finaliza el documento.