CIDH amplía medidas de protección a integrantes del Foro Penal
La CIDH pidió al Estado venezolano que garantice que los integrantes del Foro Penal puedan «llevar a cabo sus actividades de defensa de derechos humanos sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia»
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió las medidas cautelares de protección en favor de los integrantes del Foro Penal, tras considerar que se encuentran en riesgo sus «derechos de vida e integridad personal» en el país.
En la «Resolución de Seguimiento, Modificación, Ampliación y Levantamiento 92/2024», publicado este martes 3 de diciembre, se toma en cuenta la situación de al menos 14 personas que laboran en esta organización, encargada de brindar asistencia legal gratuita a ciudadanos víctimas de arrestos arbitrarios por razones políticas.
La CIDH afirmó que los integrantes del Foro Penal han enfrentado «intimidación, hostigamiento de agentes estadales, reteniéndoles por largos períodos, amenazándoles con detención o abriéndoles procesos por documentar los hechos».
Además de que se mantienen las medidas a favor de Alfredo Romero, Gonzalo Himiob Santomé, Luis Betancourt, y Olnar Ortiz, se ampliaron para incluir a Kennedy Tejeda (actualmente detenido), Mayela Fonseca, Lucía Quintero, Pedro Arévalo, Arelys Ayala, Wiecza Santos Matiz, Laura Valbuena, Raquel Sánchez Carrero, Franyer José Hernández Valladares y Marbella Gutiérrez.
La Comisión solicitó al gobierno de Nicolás Maduro a que «adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a vida e integridad personal de las personas integrantes de Foro Penal debidamente identificados en la presente resolución».
También se exhortó a implementar medidas para garantizar que las personas beneficiarias puedan «llevar a cabo sus actividades de defensa de derechos humanos sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia».
Sobre la situación de Kennedy Tejeda, detenido tras las elecciones, se pidió informar sobre su situación jurídica actual, permitiendo que familiares y representantes legales tengan comunicación con él.
Asimismo, que se informe de manera formal «sobre la existencia de algún proceso de investigación» en contra de alguno de los beneficiarios, incluyendo los hechos, delitos, fiscales y autoridades competentes que llevan el proceso jurídico, permitiéndoles acceder a su expediente y a la presentación de recursos correspondientes garantizando su seguridad.
Con información de La Verdad
