Instan a la Corte Interamericana a afirmar su jurisdicción sobre casos en Venezuela
El caso «Chirinos Salamanca y otros vs. Venezuela» será el primero en el que la Corte Interamericana decidirá si tiene jurisdicción sobre Venezuela por hechos ocurridos después de septiembre de 2013, fecha en la que la denuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, presentada durante el gobierno de Hugo Chávez, se hizo efectiva
La Corte Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo la audiencia sobre 14 funcionarios de la Policía de Chacao que estuvieron presos por presuntamente estar vinculados al homicidio de Ricardo Durán, periodista de VTV, en 2016. Durante su reclusión, sufrieron torturas, tratos inhumanos y degradantes por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Según información del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado venezolano violó los derechos a la libertad e integridad personal a las víctimas y que a pesar de las denuncias, los organismos venezolanos no investigaron los hechos.
Este caso, presentado por la @CIDH, denuncia graves violaciones a los derechos humanos contra 14 funcionarios de la Policía Municipal de Chacao, quienes fueron detenidos arbitrariamente en 2016
A pesar de que un tribunal ordenó su liberación, permanecieron recluidos en El…
— Cepaz (@_CEPAZ) February 4, 2025
Las partes tienen hasta el 28 de febrero para presentar sus observaciones finales. Luego de eso, se espera una decisión de la Corte Interamericana en el corto plazo.
La audiencia pública del caso Chirinos, Salamanca y otros contra el Estado venezolano se realizó sin la representación de Venezuela, pese a que las instituciones competentes fueron notificadas de la misma.
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Por su parte, en representación de las víctimas acudieron los abogados de la ONG venezolana Defiende Venezuela, Carlos Daniel Briceño y Simón Gómez Guaicara.
El caso «Chirinos Salamanca y otros vs. Venezuela» es de especial importancia para el país y la región, ya que será el primero en el que la Corte IDH decidirá si tiene jurisdicción sobre Venezuela por hechos ocurridos después de septiembre de 2013, fecha en la que la denuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos presentada durante el gobierno de Hugo Chávez se hizo efectiva.
Durante la audiencia, los representantes legales de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaron al tribunal a afirmar su jurisdicción sobre el caso y recordaron la importancia de garantizar el derecho de las víctimas a la justicia y reparación. Al respecto, aseveraron que “es crucial salvaguardar que las y los venezolanos cuenten con una garantía de protección internacional provista por la Corte Interamericana”.
Los hechos que motivaron la presentación del caso ante la Corte IDH se remontan a 2016, cuando 14 Polichacaos fueron detenidos y torturados tras ser señalados como presuntos responsables del homicidio del periodista Ricardo Concepción Durán Trujillo.
A pesar de que la jueza de control ordenó la liberación de los policías en agosto de 2016, los agentes del Sebin se negaron injustificadamente a ejecutar la orden judicial. Esto llevó a que los funcionarios policiales permanecieran bajo detención arbitraria.
El 23 de diciembre de 2017, el Sebin liberó a 12 de los 14 Polichacaos, manteniendo la privación de libertad para el Comisionado Fred Armando Mavares Zambrano y Reggie Jackson Andrade Alejos. Estos últimos lograron escapar de prisión en noviembre de 2018.
La juez Nancy Hernández, presidenta de la Corte, notificó que al menos nueve casos venezolanos están en trámite.
Cepaz sostuvo, en nota de prensa, que «la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) realizada por Venezuela en 2012 no invalida la competencia de la Corte. El Estado venezolano intentó desvincularse del sistema interamericano para evadir responsabilidades, pero los principios jurídicos internacionales y los precedentes demuestran que la Corte sigue teniendo plena autoridad para conocer los casos que versan sobre hechos ocurridos después de la denuncia de la Convención».
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