CIDH condena detenciones y criminalización de la disidencia en Venezuela tras elecciones
La RELE de la CIDH hizo un llamado a la comunidad internacional para que rechace las medidas de censura y prácticas represivas que buscan generar terror en la población venezolana, exigiendo también la liberación inmediata de todas las personas detenidas de manera arbitraria por el gobierno
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes 23 de agosto a las detenciones arbitrarias de periodistas y a la persecución sistemática de medios de comunicación en Venezuela durante el período poselectoral.
Durante las manifestaciones ciudadanas en rechazo a los resultados electorales presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Relatoría documentó un incremento en las detenciones y desapariciones forzadas de personas en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.
Según el informe de la RELE, entre el 28 de julio y el 19 de agosto, se han registrado aproximadamente 1.505 detenciones, que incluyen activistas, defensores de derechos humanos, líderes opositores, testigos electorales y periodistas. Entre los detenidos, al menos dos líderes y activistas Lgbti y 10 periodistas han sido acusados de terrorismo por cubrir manifestaciones, en procedimientos judiciales que carecen de garantías y con severas restricciones al derecho de defensa.
📢Comunicado: La @RELE_CIDH alerta sobre la detención arbitraria de periodistas y la criminalización de la disidencia en #Venezuela🇻🇪, y llama a la comunidad internacional a exigir la liberación inmediata de las personas detenidas.
El comunicado: https://t.co/JaF8VAxKND pic.twitter.com/bQlpXYdgop
— Relatoría Especial p/la Libertad Expresión (CIDH) (@RELE_CIDH) August 23, 2024
En el comunicado destaca el caso del periodista Roland Carreño, detenido el 2 de agosto en Caracas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Las autoridades han negado tenerlo bajo custodia y se han rehusado a aceptar denuncias en su favor, a pesar de que Carreño es beneficiario de una medida cautelar de la CIDH. Hasta el momento, se desconoce su paradero.
La RELE también reseñó la «Ley Contra el Odio» como herramienta para criminalizar a periodistas y activistas, imputando cargos de terrorismo, instigación pública y alteración del orden público sin respeto al debido proceso. Entre estos ataques a la prensa se incluyen allanamientos, cierre de medios, confiscación de equipos, y la censura en redes sociales, obligando incluso a varios a exiliarse por motivos de seguridad.
Alertaron a su vez sobre el bloqueo selectivo de al menos 107 sitios web, incluidos 63 medios y 9 plataformas de derechos humanos. Documentaron campañas de propaganda oficial y militar que incluyen perfilamiento y ciberpatrullaje contra quienes critican al régimen en redes sociales o participan en protestas y la producción de contenidos audiovisuales que retratan a críticos como criminales, que estigmatizan a las voces disidentes como «terroristas» y «fascistas», sometiéndolos al escarnio público al ser obligados a emitir mensajes de arrepentimiento frente a cámaras de organismos de inteligencia.
«La RELE condena el abuso de poder del régimen venezolano, que emplea mecanismos institucionales para silenciar y reprimir a quienes critican o disienten, especialmente en relación con el proceso electoral. Estas prácticas de violencia institucional y terrorismo de Estado no solo están dirigidas a la persecución de sectores específicos, sino que instauran un clima de miedo e intimidación generalizado, con el objetivo de perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder», narró el comunicado.
Su llamado a la comunidad internacional, y en particular a los Estados de la región, es a que exhorten al Estado venezolano a:
- Liberar a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, participación política, prensa, asociación y reunión pacífica;
- Garantizar que los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos tengan acceso inmediato y sin restricciones para visitar a las personas detenidas arbitrariamente y a sus familiares;
- Poner fin a la censura y a la represión masiva contra la ciudadanía que protesta, así como a la persecución dirigida contra sectores específicos, incluyendo a periodistas y medios de comunicación;
- Garantizar el ejercicio pleno del periodismo, incluyendo el acceso libre y seguro de las corresponsalías internacionales;
- Poner fin al bloqueo de sitios web, al uso indebido de tecnologías de vigilancia y a la represión digital, y proteger y garantizar el espacio cívico digital en y sobre Venezuela.
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