CIDH expresó su preocupación por graves condiciones de reclusión en la Dgcim
Una de las denuncias particulares que recibió la CIDH fue la situación del capitán de navío Luis Humberto de La Sotta y del teniente coronel Igbert Marín Chaparro
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó al Estado venezolano a respetar las medidas cautelares a favor de varias personas recluidas en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), debido al recrudecimiento del maltrato y de las condiciones de reclusión de ese sitio.
En un comunicado, la CIDH indicó que han recibido informaciones sobre nuevos actos de «presuntas torturas o tratos inhumanos, crueles y degradantes, medidas de aislamiento e incomunicación de los detenidos», así como el empeoramiento de la situación de algunos de beneficiarios de medidas cautelares por parte del organismo.
La Comisión recibió denuncias sobre la negativa de acceso a los familiares, quienes también están siendo hostigados. Los presos no reciben aire ni luz natural desde hace un mes, mientras se mantienen restricciones en el acceso a agua, alimentos y tratamientos médicos en condiciones adecuadas.
Además, recibieron información de que el director de la Dgcim, mayor general Iván Hernández Dala, amenazó a los presos con “suministrarles ‘gas’ a través de las tuberías al mejor estilo de los campos de concentración si seguían protestando”.
Una de las denuncias particulares que recibió la CIDH fue la situación del capitán de navío Luis Humberto de La Sotta y del teniente coronel Igbert Marín Chaparro, quienes llevarían dieciocho y veinticinco días, respectivamente, «totalmente incomunicados».
El mayor Abraham Suárez se habría intentado suicidar por segunda vez el 21 de mayo, según información que recibió el organismo, debido a un cuadro depresivo producto de las presuntas torturas de las cuales fue objeto. «Pese a encontrarse actualmente en un hospital militar, tras su primer intento de suicidio habría sido impedido de tomar el tratamiento médico antidepresivo prescrito».
La CIDH confirmó el suicidio del sargento segundo Luis Armando Monsalve Estaba, quien fungía como custodio de los presos, y quien fue detenido y torturado por presuntamente revelar planes de traslado.
Por ello, el organismo instó al Estado venezolano a cumplir a cabalidad las medidas cautelares que fueron dictadas de forma particular a favor de Santiago José Guevara García, Luis Alejandro Mogollón Martínez, Igbert José Marín Chaparro, Luis Alexander Bandres Figueroa, Oswaldo García Palomo y otros, Luis Humberto de la Sota Quiroga y Juan Carlos Caguaripano; así como las medidas dictadas el 21 de marzo de 2019 a favor de todos los detenidos en la Dgcim.
«En particular, el Estado debe asegurar que sus agentes respeten los derechos de los beneficiarios de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, absteniéndose de incurrir en cualquier forma de tortura o tratos inhumanos, crueles y degradantes», reza parte del comunicado.
También solicitaron que se facilite el acceso a un tratamiento médico adecuado para los presos y que se «investigue los hechos alegados que dieron origen a la presente resolución para así evitar su repetición».
