CIDH otorga medidas cautelares a cuatro presos políticos: de tres no se sabe su paradero
La CIDH otorgó medidas al excandidato presidencial Enrique Márquez, detenido desde el 7 de enero en el Sebin Helicoide; el exalcalde y exdiputado larense Macario González y su núcleo familiar; así como a Merys Torres de Sequea, la madre del capitán Antonio Sequea, y su sobrina Ana Zoris Gutiérrez Torres
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor de cuatro presos políticos venezolanos, debido a los riesgos que enfrentan a su integridad personal y salud.
En la resolución 83/2025, la CIDH otorgó medidas al excandidato presidencial Enrique Márquez, detenido desde el 7 de enero en el Sebin Helicoide; el exalcalde y exdiputado larense Macario González y su núcleo familiar; así como a Merys Torres de Sequea, la madre del capitán Antonio Sequea, y su sobrina Ana Zoris Gutiérrez Torres.
Todas estas personas, insistió la Comisión, «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable».
En el caso de Macario González, se encuentra desaparecido desde el pasado 12 de septiembre cuando salió de una actividad académica en Barquisimeto (estado Lara). La esposa, hija y nieta del exdiputado, según la solicitud hecha a la CIDH, han sido víctimas de hostigamiento y seguimiento por parte de funcionarios policiales.
Merys Torres de Sequea y Ana Zoris Gutiérrez también se encuentran en desaparición forzada, tras haber sido presuntamente detenidas por funcionarios vestidos de negro en Guatire (estado Miranda) mientras realizaban algunas diligencias.
«Ante el transcurso del tiempo, aumenta la posibilidad de la consumación de afectaciones a sus derechos», señaló la CIDH.
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Al exdiputado Enrique Márquez, acusado de presunta conspiración por las autoridades, solo se le ha permitido una visita de su esposa a principios de octubre, tras permanecer totalmente aislado desde su detención.
La Comisión indicó que en el caso de Márquez, «la falta de comunicación con sus familiares, la ausencia de información sobre sus condiciones de detención y estado de salud actual, lo exponen a una mayor afectación a sus derechos».
El organismo internacional solicitó al Estado venezolano que adopte las medidas necesarios para proteger la vida, integridad personal y la salud de estas personas. También se solicitó que informe si Macario González, Merys Torres y Ana Gutiérrez se encuentran bajo custodia de las cuerpos policiales y bajo qué motivos o las acciones para determinar su paradero.
Asimismo, la CIDH pidió que se facilite el contacto del grupo con sus familiares y abogados de confianza, además de darles «pleno acceso» al expediente judicial, y se realice una evaluación médica completa y se les garantice su tratamiento.
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