CIDH otorgó medidas cautelares al preso político Gustavo Carrero Angarita
La CIDH ha otorgado tres medidas cautelares a presos políticos venezolanos en menos de un mes, entre ellos Gustavo Carrero Angarita, todos militares vinculados a la llamada «operación Armagedón», una supuesta operación para desestabilizar los poderes públicos antes de las elecciones presidenciales de 2018
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el pasado 29 de mayo de 2023 la Resolución 30/2023, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor del teniente de Fragata Gustavo Carrero Angarita, por considerar que se encuentra en una situación de gravedad y daño irreparable a sus derechos.
El teniente Carrero Angarita está recluido en el Centro Nacional para Procesados Militares (Cenapromil) Los Teques, conocida como la cárcel de Ramo Verde. La medida fue solicitada por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, debido a las negativas de atención médica necesaria hacia el militar.
La ONG denunció ante la CIDH que la salud del teniente está «gravemente afectada» por las secuelas de las agresiones recibidas durante su detención y por una lesión en las rodillas que evaluada por un traumatólogo, pese a las múltiples solicitudes y denuncias realizadas ante tribunales y Fiscalía.
«Esta situación se agravaría debido a las condiciones de privación de libertad, y las amenazas y malos tratos de los que sería objeto por parte de agentes penitenciarios, tras ser identificado como «traidor a la patria» en Venezuela», destacó la CIDH.
Gustavo Carrero Angarita fue detenido en mayo de 2018 dentro de Fuerte Tiuna e involucrado junto a otros ocho efectivos de la Armada en la llamada «operación Armagedón», una supuesta operación para desestabilizar los poderes públicos antes de las elecciones presidenciales de ese año.
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Esta es la tercera medida cautelar de protección que otorga en menos de un mes la CIDH a militares involucrados en la «operación Armagedón», y la quinta para los presos políticos de esta causa, donde están señalados los capitales Luis de la Sotta Quiroga, Luis Alberto Cunes y Carlos Macsotay Rauseo; además del teniente coronel Ruperto Molina Lugo y los tenientes Antonio Scola Lugo, Raúl Díaz Casado, Elías José Noriega y Ángel Acosta Pérez.
La Comisión solicitó al Estado venezolano –que no respondió las solicitudes de información– que adopte las medidas necesarias para proteger «los derechos a la vida, integridad personal y salud» del teniente, en particular, que se garantice un tratamiento médico adecuado.
También se pidió adecuar las condiciones de reclusión del militar, de acuerdo a estándares internacionales, y se entregue un informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que derivaron en estas medidas cautelares.
