CIDH otorgó medidas cautelares para el general Héctor Hernández da Costa
El 23 de septiembre, y según la información que obtuvo la CIDH, el general de Brigada Héctor Hernández da Costa habría sido trasladado a la cárcel de máxima seguridad ubicada dentro de Fuerte Tiuna
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 15 de octubre medidas cautelares de protección a favor del general de Brigada Héctor Hérnandez da Costa, exjefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional.
La CIDH considera que Hérnandez da Costa “se encuentra en una situación de riesgo de daño irreparable” a sus derechos humanos, por lo que el Estado venezolano debe informar sobre su situación.
El general de Brigada de la Guardia Nacional fue detenido en agosto de 2018 por su presunta participación en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro, y en el cual el régimen ha involucrado a civiles y militares.
Antes de su detención, que fue efectuada por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en su vivienda en Caracas, el general Hernández da Costa publicó un vídeo donde desmentía su participación en ese hecho, y además señaló que la aprehensión se realizaba sin una orden de tribunales.
Hernández Da Costa estuvo detenido en la sede de la Dgcim, ubicada en Boleíta, al este de Caracas. En la solicitud para las medidas de protección, se alegó que el militar sufrió malos tratos dentro de esa sede y nunca recibió atención médica o una dieta adecuada para su diabetes o enfermedades gastrointestinales.
Al igual que el resto de los detenidos en la Dgcim, Hernández da Costa era beneficiario de las medidas cautelares emitidas por la CIDH en marzo de 2019 para todos los detenidos en ese organismo de seguridad.
El 23 de septiembre, y según la información que obtuvo la CIDH, el general de Brigada habría sido trasladado a la cárcel de máxima seguridad ubicada dentro de Fuerte Tiuna, y la semana siguiente su familia habría podido verlo por 10 minutos a través de un vidrio, donde constataron que su estado de salud empeoró.
Por ello, la Comisión solicitó al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la salud, vida e integridad personal del general, y además adopte las medidas necesarias para garantizar que las condiciones de detención cumplan con los estándares internacionales aplicables.
Particularmente, la CIDH pidió que se le permita la atención médica necesaria, facilitar visitas familiares; e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos.
