CIDH responsabiliza al Estado por masacre de cárcel de Vista Hermosa
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, responsabilizó al gobierno de Venezuela de por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de las víctimas heridas y de los familiares de las víctimas fallecidas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este lunes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de siete reclusos fallecidos en la cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar, el 10 de noviembre de 2003; durante un operativo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
En este sentido, Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), manifestó su satisfacción con el informe de fondo emitido por la CIDH.
“El Estado venezolano adoptó una posición de no cumplir las recomendaciones de los organismos que velan por el cumplimiento de los Derechos Humanos” dijo Prado, a lo que agregó que queda bien claro de que no se puede actuar con impunidad en la vida. “A 14 años de la tragedia finalmente avistamos una respuesta contundente de parte de un organismo internacional”.
En el informe, se dio a conocer las víctimas de Vista Hermosa fueron identificadas como Orlando Edgardo Olivares Muñoz, Joel Rinaldi Reyes Nava, Orangel José Figueroa, Héctor Javier Muñoz Valerio, Pedro Ramón López Chaurán, José Gregorio Bolívar Corro y Richard Alexis Núñez Palma. En el hecho resultaron heridos otros 27 internos.
Cabe destacar que en ese entonces el Ministerio Público solicitó cuatro órdenes de aprehensión contra cuatro funcionarios adscritos al Destacamento 81 de la GNB, identificados como capitán William José Campos Lozada, subteniente Salvador Franchi Rincones, subteniente Gustavo Emiro Puerta Martínez y el distinguido Pedro Ramón Belisario.
El director del organismo aseguró que a 16 años de estas ejecuciones extrajudiciales el Observatorio Venezolano de Prisiones continúa acompañando a los familiares de las víctimas, y participará en el litigio del caso en igualdad de condiciones que el Estado venezolano.
«Lucharemos incansablemente por los derechos que le negaron a las víctimas y a sus familiares en nuestro país» puntualizó.
La CIDH había presentado dos días antes, el caso de un incendio dentro de una celda en el Centro de Tratamiento y Diagnóstico «Monseñor Juan José Bernal» en San Félix, estado Bolívar, el 30 de junio de 2005; donde fallecieron cinco reclusos.
Luego de presentados los casos, la Comisión concluyó que «el Estado no ha brindado una explicación satisfactoria sobre las muertes y lesiones ocurridas bajo su custodia«; además, determinó que existen múltiples indicios que permiten dilucidar que el uso de la fuerza fue ilegítimo, innecesario y desproporcionado.
En este sentido, La CIDH responsabilizó al gobierno de Venezuela por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de las víctimas heridas y de los familiares de las víctimas fallecidas. Por lo que se determinó que la investigación no ha sido exhaustiva, que las autopsias llevadas a cabo no son compatibles con los estándares internacionales aplicables, que no se ha analizado el contexto de las muertes, y que la investigación de los hechos, la cual continúa pendiente, no se ha llevado a cabo en un plazo razonable.
Finalmente, la Comisión recomendó al Estado venezolano «reparar integralmente a los familiares de dichas victimas declaradas en el informe, tanto en el aspecto material como inmaterial, incluyendo medidas de compensación económica y satisfacción”, así como también disponer de mecanismos para la “no repetición de dichos actos”.
Asimismo, Instaron al gobierno de Nicolás Maduro, restringir el ingreso de las fuerzas militares a los centros de reclusión “con fines de custodia o como respuesta a situaciones de orden público”.
