CIDH sobre Nicaragua: La represión no ha cesado, no hay normalidad
Los opositores exigen la renuncia de Ortega, a quien acusan de amañar elecciones, controlar medios, manipular la justicia y querer instaurar una “dictadura familiar”
Aunque la “circulación” de vehículos y personas ha aumentado poco a poco, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en Nicaragua no existe “normalidad”, como lo proclama el régimen de Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa Rosario Murillo.
“La circulación en el país se retomó pero no se puede decir que haya cesado la represión contra las personas que se han manifestado y expresado su opinión”, explicó María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH en entrevista con Confidencial desde Washington.
Pulido analizó la “nueva fase de la represión” a través de la persecución judicial, y demandó al gobierno de Ortega brindar acceso a información y registros judiciales sobre la represión.
Hasta ahora, el régimen bloquea el trabajo del Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI).
Pulido reiteró que la CIDH ha hecho un registro minucioso sobre la situación de protestas en el país centroamericano desde el 18 de abril, que ha cobrado la vida de al menos 319 personas, aunque el gobierno de Ortega solo reconoce la muerte de casi 200 manifestantes.
«Nosotros recibimos una nota oficial del Gobierno, del siete de agosto, donde además de las 197 personas que el Estado plantea que son víctimas del “terrorismo golpista”, también registra 253 personas que han fallecido entre el 18 de abril hasta el 25 de julio. Si tomamos en cuenta eso, están reportando 450 personas fallecidas», destacó la representante de la CIDH.
Pulido también lamentó que el grupo de Expertos ni la CIDH ha tenido acceso a la información que está trabajando el Ministerio Público nicaragüense para identificar claramente cuáles son las personas que están siendo procesadas o imputadas por estas muertes. «No hemos tenido información de que agentes del Estado hayan sido capturados o procesados como autores de estos hechos».
Un plan de Ortega para reducir los beneficios de los pensionados desató las manifestaciones a mediados de abril. El Gobierno se retractó de la medida poco después, pero su severa respuesta a las protestas generó más turbulencias por el rechazo a la gestión del mandatario izquierdista.
Los opositores exigen la renuncia de Ortega, a quien acusan de amañar elecciones, controlar medios, manipular la justicia y querer instaurar una “dictadura familiar” junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
La pareja presidencial ha negado las acusaciones y sostiene que las protestas, que buscan su derrocamiento, son financiadas por Estados Unidos.
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