CIDH urge al Estado liberar a todos los presos políticos y celebra salida de asilados
La CIDH exige el cese inmediato de la represión y persecución política, la liberación incondicional de las personas presas por motivos políticos, el restablecimiento del orden constitucional y la publicación de todas las actas electorales para su escrutinio independiente
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró que los cinco asilados en la Embajada Argentina en Caracas «se encuentran en un lugar seguro fuera del país» e instó al Estado «a liberar inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente y por motivos políticos».
Estas exhortaciones las hace la CIDH el día en que publicó su más reciente informe titulado: «Graves violaciones a los derechos humanos
en el contexto electoral», publicado este jueves 8 de mayo. En el documento se acusa a Nicolás Maduro de «implementar una estrategia sistemática de represión antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio».
La CIDH concluye que el proceso electoral careció de legitimidad democrática y que el Estado venezolano incurrió en prácticas que configuran «terrorismo de Estado».
Según la CIDH, el oficialismo diseñó una estrategia de tres etapas para «asegurar la permanencia ilegítima de Maduro en el poder». Expone que en la fase preelectoral, las autoridades recurrieron a inhabilitaciones arbitrarias, detenciones sin garantías y hostigamiento contra líderes opositores y defensores de derechos humanos.
Añade que organismos como la Contraloría, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los cuerpos de seguridad fueron utilizados como instrumentos de persecución política, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) restringieron tanto el derecho al voto —especialmente de los venezolanos en el extranjero— como la libertad de prensa.
La CIDH también indica que el 28 de julio, se interrumpió la transmisión de los resultados alegando un ciberataque, suspendió auditorías y se negó a publicar las actas que sustentaran los datos que ofreció el CNE. Agregó que la oposición, logró digitalizar más de 80% de las actas, que daban la victoria a Edmundo González.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hubo manipulación electoral que impidió una libre contienda libre, transparente y competitiva.
Asimismo, la CIDH recordó que tras las elecciones se desataron protestas espontáneas y que la «respuesta fue brutal». Recordó que el oficialismo activó la «Operación tun-tun», que es una ofensiva represiva que dejó al menos 25 asesinatos y cerca de 2.000 detenciones arbitrarias, incluyendo casi 200 adolescentes, desapariciones forzadas breves, torturas, allanamientos sin orden judicial y represión en barrios populares.
«La crisis de derechos humanos en Venezuela es resultado de la cooptación total de las instituciones estatales y del uso de la represión como mecanismo para mantener el poder», señala el informe. La CIDH advierte que la reelección de Maduro carece de legitimidad democrática y que las condiciones impuestas antes y durante la elección representan una alteración grave del orden constitucional.
El informe subraya la destrucción de la tríada esencial que conforman los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia. Con la subordinación total del Poder Judicial y otras instituciones al Ejecutivo, Venezuela se encuentra bajo un régimen de facto, concluye el organismo.
Entre las recomendaciones más urgentes, la CIDH exige el cese inmediato de la represión y persecución política, la liberación incondicional de las personas presas por motivos políticos, el restablecimiento del orden constitucional y la publicación de todas las actas electorales para su escrutinio independiente.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
