Cinco irregularidades empañan la convocatoria a elecciones de abril por parte del CNE
Voces de expertos coinciden en que la falta de publicación de las auditorías postelectorales y que la página web del organismo continúa apagada afectan la transparencia de cualquier nueva elección en Venezuela
El anuncio de comicios para el 27 de abril realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) transcurre entre el margen de la ilegalidad y la polémica.
Expertos electorales señalan que tanto la premura de hacer una votación «exprés» como las arbitrariedades e irregularidades del pleno liderado por el rector Elvis Amoroso persigue el objetivo de que la administración de Nicolás Maduro siga ganando cargos de elección popular sin tener votos, a través de la ilegalidad y la decepción opositora.
En primer lugar, enumeran, como falta grave, que, seis meses después de la última elección, el CNE no ha mostrado las actas de votación, mesa por mesa electoral, con las que se pudieran despejar las dudas sobre la votación del 28 de julio. Tampoco ha publicado en Gaceta Electoral los resultados electorales como lo ordena la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), en su artículo 155.
Para Jesús Castellanos Vásquez, politólogo y exasesor del CNE, la certeza de una directiva comicial que abiertamente desconoció la voluntad popular y la ausencia de justificación por la no realización de las auditorías postelectorales, afectan la transparencia de cualquier nueva elección en Venezuela.
La página web del ente comicial también continúa inactiva por un supuesto ataque cibernético, denunciado por el Poder Electoral en julio.
No obstante, el CNE anuncia los comicios parlamentarios y regionales que fijó para el 27 de abril, que, al igual que los resultados electorales y el cronograma, deberían ser publicados en dicha página mediante las Gacetas Electorales.
La convocatoria de toda elección en Venezuela debe ser publicada en Gaceta Electoral conjuntamente con el Cronograma Electoral, en conformidad con los artículos 42 Ley Orgánica de Procesos Electorales y 110 Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Omisión electoral
«Hasta que esto no se cumpla -la publicación en Gaceta Electoral-, la convocatoria del 27 de abril es solo un anuncio, no tiene legalidad», señala Castellanos Vásquez.
Aclara que la difusión del cronograma electoral por aplicaciones de mensajería instantánea reviste de ilegalidad.
El Cronograma Electoral forma parte del marco regulador de las elecciones en Venezuela. Su existencia no solo es un mandato expreso de Ley, sino que es una garantía de transparencia y legalidad en la ejecución de todo proceso electoral.
El politólogo señala que desde el punto de vista legal, solo existe una convocatoria de elección cuando se publica en la Gaceta Electoral, conjuntamente con el Cronograma correspondiente. Aclara que este paso no es solo una formalidad, es un acto de derecho con efecto y además, una garantía de transparencia.
«Se violenta el principio constitucional y legal de transparencia electoral al no publicar ni la convocatoria ni el Cronograma en un portal público», denuncia el analista electoral.
Un representante de una organización que hace seguimiento a los procesos electorales en Venezuela, quien prefirió el anonimato por miedo a represalias, asegura que la falta de publicación en Gaceta Electoral de los resultados, convocatoria y cronograma, es una ilegalidad que persigue la abtención de la militancia opositora.
*Lea también: CNE sigue sin web: cronograma de elecciones no contempla publicación de resultados
Ambos manifiestan su preocupación ante la falta de publicidad de los actos electorales, ante la inactividad de la página desde la Elección Presidencial 2024. «Esto transgrede todo principio y estándar de elecciones auténticas», señala Castellanos Vásquez.
Consideran que dos temas importantes sobre este anuncio comicial son el tiempo y las limitaciones a los candidatos, la condicionalidad y la libertad de elegir. «Eso al final está diciendo a la gente ‘tú vas a escoger lo que yo te diga a ti'», expresa.
Castellanos Vásquez destaca que las elecciones del 27 de abril guardan grandes brechas al vencimiento de sus períodos de mandato constitucionales, tanto de diputados de la Asamblea Nacional como cargos regionales de gobernadores y consejos legislativos.
Para el experto que hace seguimiento a los procesos electorales, el anuncio que hace el gobierno no garantiza la posibilidad de que sean confiables ni transparentes, lo cual, considera, agrava la crisis política en el país.
Según las normativas electorales, el tiempo mínimo para hacer ese tipo de elecciones es de seis meses. Es el tiempo en que el órgano electoral se toma para convocar, organizar, ubicar los centros de votación y, en consecuencia, da tiempo a los candidatos para promocionarse y que la población conozca sus propuestas. «Aquí se está haciendo en tres meses, para agarrar fuera de base a la oposición», declara.
A su parecer, el anuncio tiene una connotación política. «La antelación es una jugada política que se ha ensayado en ocasiones anteriores con éxito para al gobierno».
Mientras que Castellanos Vásquez enumera que esta propuesta electoral persigue al menos dos objetivos: hacer que el venezolano y la comunidad internacional pasen la página de la elección presidencial de 2024 e intentar reconquistar espacios de legitimidad de origen, a través de otras instancias: diputados de la Asamblea Nacional, gobernadores y consejos legislativos, ante la ausencia de la legitimidad correspondiente al cargo presidencial.
Para los expertos electorales, existe una serie de condiciones que están imponiendo en el marco de la Ley Bolívar que limita la posibilidad de que candidatos se presenten. Lo cual consideran una «impunidad absoluta» que no solo obstaculiza el ejercicio del activismo político, sino que además viola el derecho a los venezolanos a elegir.
Una dirigencia congelada
La persecución y arbitrariedades de procesos electorales, prácticamente mantienen en el país a las mismas caras de la dirigencia política e impiden la renovación de liderazgos. Una muestra de ello es la imposibilidad de los partidos de hacer elecciones para renovar a su dirigencia por la intermediación del Tribunal Supremo de Justicia.
Samuel Díaz Pulgar, exdirigente del Movimiento Estudiantil, al ser consultado sobre sus aspiraciones a cargos públicos, asegura que la verdadera vocación política no es para quienes buscan comodidad o reconocimiento.
Expresa que continúa en su activismo político en las filas de Primero Justicia – con sus limitaciones debido a la persecución y represión – pese a que las maniobras del gobierno en 2021 y actualmente han obstaculizado y postergado su sueño de postularse como candidato para cargos de elección popular como concejal, parlamentario o diputado regional.
«Debemos preguntarnos: ¿cómo justificamos lo injustificable?, ¿Cómo damos la cara a quienes hoy están en prisión, torturados o secuestrados por defender una elección?, Su lucha no puede ser relegada ni olvidada por otro cargo o promesa vacía», opina Díaz Pulgar sobre la postulación de candidatos de partidos de oposición a las elecciones.
Señala que un cargo político es un medio y no un fin. «Si no sirve para transformar, enfrentar la opresión o abrir caminos hacia la libertad, solo perpetúa un sistema que nos devora».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
