Cincuenta días de terror, por Gregorio Salazar
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Cincuenta días de desatada represión y cárcel para inocentes, de hundimiento institucional, de enfrentamientos, rupturas y aislamiento internacionales, con una libertad de expresión cada vez más asordinada, periodistas presos o amenazados, de persecución y prisión a dirigentes políticos, pero sobre todo cincuenta días de mentirle de la manera más infame a la población sobre los resultados de unos comicios en los que Edmundo González Urrutia fue electo presidente de la República con la segunda ventaja más holgada (37%) de nuestra historia electoral.
El caos que se profundiza en Venezuela por la obstinada persistencia de una reducida cúpula de civiles y militares en mantenerse aferrados vanamente al poder está en expansión, pero ya los efectos inmediatos de la violación flagrante a la Constitución exhibe a la revolución chavista que encabeza Nicolás Maduro sobre los despojos de la democracia venezolana como una llaga, una pústula sangrante en la fachada norte del continente suramericano.
Una más y ya son increíblemente tres esos cráteres en pleno siglo XXI, junto con Cuba y Nicaragua, cuyos patrones depredadores de libertades ha ido calcando la descocada vanguardia criolla cada vez más con mayor rigor y similitud. Ahora pretenden encaminarnos por la vía de hecho hacia un régimen de partido único, donde además de ellos, dueños absolutos del botín, sólo puedan participar las organizaciones comparsas, que se conforman con los mendrugos que les arroja la élite poderosa: dos o tres diputaciones, recursos para su usufructo y visibilidad mediática en los canales públicos y en los de los obsecuentes cómplices.
La condición es obvia: reconocer el fraude, sumarse a la burla constitucional, desconocer el mandato soberano de los venezolanos. Quizá no haya habido expresión más depurada de esa complicidad que la de un ex candidato presidencial que tras la decisión del TSJ de ungir a toda costa a Maduro como presidente electo dijo: «Soy venezolano en un país de estado de derecho. Las sentencias no se discuten, ni se aprueban, ni se desaprueban. Se acatan». Claramente se entiende que si él y su reducto partidista forman parte y se benefician –aunque sea con migajas– de este concierto privilegiado que sojuzga y destruye al país, qué importa que el resto de los venezolanos no tengan Estado de Derecho ni para elegir — ¡nada menos!– al presidente de la República.
Afortunadamente, donde ese dirigente (?) partidista ve un Estado de Derecho impoluto, con instituciones a las que invariablemente hay que someterse sin rechistar, han surgido otros ex candidatos presidenciales que han entendido la gravedad de la coyuntura en la que ha sido colocada la nación y se han dedicado, con gran sentido del deber patrio, a revisar exhaustivamente la sentencia 31 del TSJ, para concluir que esa decisión viola casi que Títulos completos de la CRBV y varios artículos de la ley electoral.
Es el caso del ex candidato Enrique Márquez (Centrados) que ha presentado ante la opinión pública los alegatos jurídicos que llevará a la Sala Constitucional del TSJ para demostrar que entre las omisiones del CNE y la sentencia 31 de la Sala Electoral se está destruyendo la institución del voto y la soberanía popular basada en el voto.
Para Márquez, «el poder soberano, originario, constituyente, perpetuo, absoluto, irrevocable del pueblo, ejercido a través del voto está siendo vulnerado por la sentencia número 31 de la Sala Electoral del TSJ». El recurso que será presentado este 15 de septiembre en el TSJ argumenta cómo la sentencia viola las normas relativas al Poder Jurisdiccional del Estado recogido en los artículos 253 y 298 de la Constitución nacional, lo cual vulnera la forma republicana que se ha dado la nación venezolana
El artículo 5 de la Carta Magna, ese que establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio, ha saltado hecho añicos. Márquez solicita a la Sala Constitucional declare la nulidad absoluta de la sentencia 31 de la Sala Electoral y es partidario de llevar a juicio los rectores del CNE por incumplimiento de sus funciones.
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El ex candidato presidencial Antonio Ecarri también anunció esta semana que solicitará a la Sala Constitucional del TSJ que anule la sentencia de la Sala Electoral sobre los resultados de las elecciones del 28 de julio. Ya había cuestionado el recurso de Maduro ante el TSJ. Sostiene que estamos frente “a la crisis institucional, política y social más grave de los últimos 90 años”. Tanto Ecarri como Márquez está exigiendo el cese a la represión y la libertad para los mil y tantos venezolanos injustamente detenidos en varios penales. Es justicia.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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