Ciudades de vida y muerte, por Alberto Lovera
Autor: Alberto Lovera
Nuestras ciudades como el país han entrado hace largo rato en una espiral de involución. Como si fueran pocos nuestros problemas, una de sus manifestaciones es la violencia urbana y la inseguridad, no sólo Caracas escaló a la nada digna condición de la ciudad más violenta del planeta, sino que varias de nuestras ciudades entran en los niveles más altos de esa medición, y el fenómeno se extiende a lo largo de la geografía nacional.
A entender situación, que no era así hasta mediados de los años 90 del siglo XX, se dedica un importante estudio, coordinado por el sociólogo Roberto Briceño-León (Ciudades de vida y muerte. La ciudad y el pacto social para la contención de la violencia, Ed. Alfa, Caracas, 2016), que armó un equipo de destacados investigadores de varias universidades venezolanas, no sólo para dilucidar las distintas aristas del problema y buscar explicaciones, sino para documentar las iniciativas que desde la sociedad civil se han ensayado para responder a esa realidad que arrebata vidas y deteriora la convivencia ciudadana. También para iluminarnos una ruta para tener ciudades seguras e incluyentes. Los sectores académicos cumpliendo su rol de investigador y orientador para la toma de decisiones en beneficio de nuestro país.
A contrapelo de explicaciones simplistas que atribuyen el fenómeno de la espiral de violencia urbana exclusivamente al crecimiento la pobreza y la desigualdad, nos presentan las evidencias empíricas que nos muestran que esta escalada de la violencia urbana en Venezuela coincidió con el período donde se logró abatir los niveles de pobreza y se redujo la desigualdad, lamentablemente sólo de manera pasajera. Una variable latente para la explicación del fenómeno no había sido considerada: la institucionalidad. Las reglas del juego mediante las cuales la sociedad se dota de normas de convivencia (formales e informales) que establecen premios y castigos, que evitan el recurso a la violencia. En fin, un conglomerado social que es capaz de establecer un equilibrio sano entre derechos y deberes, y donde la trasgresión de las normas se sabe creíblemente que será sancionada, que no habrá impunidad. De modo que el auge de la violencia y el delito tiene alta correlación más con el deterioro y corrupción de las instituciones del Estado que con el grado o extensión de la pobreza.
La buena noticia que nos trae esta investigación es que hay muchas iniciativas de la sociedad civil que han logrado morigerar algunas de las manifestaciones de la violencia urbana, mientras sigue pendiente una política estatal que ayude en este sentido, que “sólo pueden ser eficientes en el contexto de un refuerzo del sentido de la norma y de su efectivo cumplimiento”.
Nuestras ciudades son escenarios de la violencia y la inseguridad, pero también, afortunadamente, también de la esperanza. Ciudades seguras e incluyentes son posibles, pero como en otros ámbitos se requiere un cambio político que le abra camino. Esta investigación nos evidencia que hay conocimientos y orientaciones bien fundamentadas para un nuevo rumbo que pueda combinar prosperidad e equidad para nuestro país.
