Claves para una solución pacífica del conflicto venezolano, por Víctor Álvarez R.
Foto: El Impulso
Nicolás Maduro afirma que la narrativa que lo acusa de ser el líder de organizaciones narcoterroristas y la recompensa de $50 millones que EEUU ofrece por su captura son una excusa para forzar un cambio de régimen e implantar un gobierno sumiso en Venezuela que privatice a Pdvsa y le permita apoderarse de las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Si el cambio de régimen que advierte Maduro llegara a concretarse, el nuevo presidente de la República recibirá un país en el que el chavismo tiene el control de la Asamblea Nacional, con 256 de los 285 diputados; y también gobierna en 23 de las 24 gobernaciones y 285 de las 335 alcaldías, plataforma desde la cual organiza a miles de milicianos y colectivos armados dispuestos a defenderse ante cualquier persecución o cacería de brujas que un nuevo régimen lleve a cabo para barrer del mapa político todo lo que sea o le parezca chavista.
El chavismo no desaparecerá de la noche a la mañana y ofrecerá resistencia. En respuesta a las amenazas externas, Nicolás Maduro anunció que —en caso de un ataque militar— la revolución irá a la resistencia armada y Diosdado Cabello confirmó el paso de una revolución pacífica a una revolución armada.
Quienes creen que basta con una operación quirúrgica o intervención externa para derrocar a Nicolás Maduro cometen un grave error de cálculo al subestimar el control territorial, militar, económico, político y social que tiene el chavismo. En esas condiciones, forzar un cambio de régimen por la vía violenta e insurreccional no garantiza una solución del conflicto venezolano ni mucho menos la gobernabilidad del país, tal como ha quedado demostrado en Irak, Libia, Siria y Afganistán:
- Para derrocar a Sadam Husein se convenció al mundo de que en Irak se estaban desarrollando armas de destrucción masiva, con ese pretexto se justificó la invasión militar pero tales armas no se encontraron y el país quedó sumido en la violencia y destrucción.
- Las guerras civiles en Libia y Siria y los ataques militares externos forzaron el derrocamiento y muerte de Muamar Gadafi, y la huida de Bashar al Asad a Rusia, pero el violento cambio en el mando político no llevó al fin del conflicto ni mucho menos a la paz.
- En Afganistán, las tropas de EEUU se retiraron después de 20 años de ocupación, sin resolver el conflicto interno ni garantizar la paz; los talibanes volvieron a la ofensiva, fueron tomando las capitales de provincia hasta llegar a la capital y retomar el poder central, sembrando de violencia y terror al país.
Con la narrativa de la lucha contra el narcotráfico, la Administración Trump pretende convencer al mundo de que Venezuela invade a EEUU con enfermos mentales, delincuentes del TDA y drogas del CDS y así justificar un ataque militar externo que distraiga la atención y permita ejecutar una fulminante operación quirúrgica para extraer de Venezuela a quienes la Administración Trump considera jefes de estas bandas criminales, aunque luego se compruebe que el país es un territorio libre de cultivos ilícitos, sin laboratorios para fabricar drogas, y por donde pasa apenas el 5% del tráfico de estupefacientes que se dirige a EEUU, tal como lo han documentado organismos internacionales especializados, incluyendo la ONU.
La solución del conflicto venezolano no se logrará en un ambiente de persecución, amenazas, aumento de recompensas, despliegue de naves de guerra, ataques letales a embarcaciones venezolanas, operaciones encubiertas de la CIA y bombardeo a objetivos dentro del territorio nacional. Las graves consecuencias nacionales e implicaciones geopolíticas que acciones de este tipo pueden generar, exigen ir más allá de las narrativas que satanizan a Venezuela, criminalizan a los migrantes venezolanos y justifican ataques externos contra la soberanía nacional con la excusa de la lucha contra el narcotráfico.
Es necesario detenerse a examinar las consecuencias reales de una escalada de tensiones que buscan un incidente aislado para justificar el ataque militar de EEUU a objetivos internos y forzar un cambio de régimen que, por las razones antes explicadas, desataría una ola de persecución y violencia que se sabe cuándo comienza, pero no cuando termina. Esa no es la vía para encontrar una solución verdadera al largo y extenuante conflicto político venezolano, sin el dolor, afanes de venganza y violencia interminable que suele dejar una intervención extranjera.
Para evitar que Venezuela caiga en una ola de violencia y destrucción hay que trabajar en una solución inclusiva, pacífica y democrática, con garantías de protección y no persecución para quienes se disputan el poder político. Un acuerdo político que permita recuperar la alternabilidad en el poder dependerá del balance neto entre los costos de permanecer en el gobierno y los costos de salida.
Con recompensas por su cabeza y la amenaza de ser capturado en una operación encubierta y quirúrgica para presentarlo a la justicia estadounidense, quien gobierna se aferrará al poder y no habrá margen para negociar una solución política y pacífica del conflicto venezolano.
Si salir del poder se convierte en una cadena de persecuciones, juicios y condenas, quienes forman parte del gobierno de Maduro tampoco tendrán incentivos para repetir las elecciones, permitir un referendo revocatorio del mandato presidencial o medirse en unas elecciones competitivas que pueden perder. Por eso no se trata solo de repetir las elecciones con un nuevo CNE. A través de los demás poderes públicos que controla, el chavismo hará todo lo posible para sacar de la contienda electoral a quién lo amenace con convertirse en su verdugo. Dicho de otra forma, la alternabilidad pacífica en el poder solo se logrará con un compromiso de protección y no persecución entre los factores políticos que se disputan el mando, independientemente de quien resulte ganador.
Justamente, por no pactar garantías de no persecución antes de las Presidenciales del 28 de julio de 2024, el CNE anunció un resultado contrario a las encuestas preelectorales, a las consultas a boca de urna y a las actas en manos de los testigos de la oposición. Quienes reclamaron el triunfo en las Presidenciales, en vez de volverse a contar en las parlamentarias, regionales y municipales para demostrar con quien está la soberanía nacional ejercida a través del voto, lo que hicieron fue llamar a la abstención y perdieron la oportunidad de comprobar su verdadera fuerza y apoyo popular.
Gracias a la abstención y división de la oposición, el chavismo arrasó con la mayoría de los diputados a la AN, gobernaciones y alcaldías del país, y ahora tiene el control del poder legislativo y de la mayoría de los estados y municipios del país con los cuales un nuevo régimen se verá obligado a coexistir y entenderse.
Venezuela está psicológica y emocionalmente extenuada. El ambiente de amenazas, ataques y alistamiento militar neurotiza a la población, los hogares venezolanos están atormentados por la angustia que genera el despliegue de naves de guerra de EEUU hacia Venezuela, los bombardeos letales a embarcaciones de origen venezolano, amenazas de ataques militares externos a objetivos ubicados en el territorio nacional, y los llamados a alistarse y prepararse militarmente para defender la soberanía nacional.
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Venezuela necesita y reclama un acuerdo nacional que le devuelva la calma y la esperanza, y eso pasa por crear un ambiente de tolerancia, no violencia y coexistencia entre los factores que se disputan el poder. Ninguno de los actores políticos en pugna puede pretender la capitulación incondicional del otro, ni mucho menos el exterminio del contrario.
Hoy más que nunca, Venezuela necesita un Pacto de Convivencia Pacífica que le ponga fin a la represión, conceda la amnistía a todos los presos políticos, asegure los derechos políticos de la oposición, pero también le asegure protección y garantías de no persecución a los que tengan que entregar el poder. Solo así se podrá recuperar la alternabilidad en el poder político por la vía constitucional, democrática electoral y pacífica.
Víctor Álvarez R. es economista. Investigador/consultor. Premio Nacional de Ciencias. Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral
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