CNE: Cada vez peor, por Gregorio Salazar
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Acelerador a fondo, sin responder a los reclamos que se le hacen nacionalmente y desde la comunidad internacional para la presentación de las actas de escrutinio con los resultados discriminados de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, el CNE avanza en su convocatoria a elecciones regionales y legislativas.
Serán comicios con condiciones y garantías muchísimo más precarias que las tenidas para los comicios presidenciales (violación de lapsos, sin ajustes del REP, sin comprometerse a la publicación detalladas de los resultados, sin auditorías, con inhabilitaciones a granel, etc) y que, obviamente, para los cálculos oficialistas deberán servir no para legitimarlos –eso ya no les importa a quienes actúan como fuerza de ocupación– pero sí para forzar una «normalización», que lleve a la población a la resignada aceptación de una «paz social» nacida de la opresión en todos los ámbitos. Lo trágico es tener que preguntarse si la abstención no operaría también como una resignación por impotencia.
La fe en el voto como institución fundamental de la democracia ha sido vapuleada –no quisiera decir bestialmente, pero le cabe– a lo largo de estos 25 años de chavismo. Y si el 28 de julio fue posible una aplastante derrota electoral del oficialismo fue porque los venezolanos, por encima de las evidencias de la actuación repetidamente parcializada, inconstitucional e ilegal del poder electoral, no han renunciado a volver a vivir con apego a los valores democráticos y posibilidades de un futuro cada vez mejor y en libertad. Libertad es el grito, el anhelo profundo que alimenta y mantiene las esperanzas de los venezolanos.
Al descarado desconocimiento de la victoria presidencial de Edmundo González Urrutia, seguido de la persecución judicial para él y para quienes no aceptaron las actuaciones del CNE y el TSJ –como el ex candidato presidencial Enrique Márquez–, no llegamos de sopetón. Fueron caídas peldaños tras peldaños, a veces varios de una vez. Si el chavismo popularizó la frase «acta mata votos», como síntesis enunciativa de los fraudes que su propaganda atribuye a la llamada Cuarta República, los (des)gobernantes de hoy han llegado a la cúspide de la perversión del sistema electoral desapareciendo las propias actas. Veamos algunas zancadas en esa dirección:
Elecciones del Alcalde Metropolitano de Caracas en 2008 y 2015. Según las encuestas, Leopoldo López (en el exilio desde 2019) resultaría ganador con más de un 65% de los votos. Fue inhabilitado por la Contraloría General, precedente con tres lustros de anticipación de lo que pasaría en el 2024 con María Corina Machado. Fue sustituido por Antonio Ledezma, quien logró imponerse con el 52, 42 % de los sufragios. A pesar de eso no logró sentarse un solo día en el despacho de ese cargo. La sede oficial fue tomada por grupos de ex trabajadores temporales de la Alcaldía y ex funcionarios de la PM que supuestamente hacían reclamos sobre prestaciones y por ellos las autoridades policiales y/o militares se negaron a actuar. Se declaró en huelga de hambre en la sede de la ONU para restablecer sus derechos.
En respuesta, Chávez creó intempestivamente la Autoridad Única del Distrito Capital, a la cual le entregaron las competencias y los recursos económicos que le fueron arrebatadas al alcalde electo. Sin embargo, Ledezma logró ser reelecto en diciembre de 2013, cargo – el de mayor universo electoral después de la presidencia de la República– que prácticamente no ejerció pues en febrero del 2015 fue detenido acusado de participar en una conspiración para derrocar a Nicolás Maduro. Cuando en el oficialismo se convencieron que jamás ganarían la más alta instancia del gobierno capitalino desaparecieron el cargo de un plumazo. Ledezma permanece en el exilio desde el 2017.
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Elecciones gobernadores 2017. El CNE anunció a las horas los candidatos ganadores en 22 estados, menos el del estado Bolívar, donde la tendencia favorecía por estrecho margen a Andrés Velásquez. Tres días después, el 18 de octubre, el CNE proclamó ganador al oficialista Justo Noguera, colocando los resultados en horas de la madrugada en el portal web del organismo electoral. Velásquez mostró que los cómputos de las actas en mano lo favorecían y cuestionó el anuncio del CNE. Eran tiempos en los que al menos el portal web existía.
Hoy, tras la victoria de Edmundo González en las elecciones presidenciales del 28 de julio, y el anuncio de un presunto «hackeo», continúa caído. Las instancias ejecutivas regionales han sido minadas gradualmente, tanto en atribuciones como en recursos, cuando no con la designación de “protectores” y la artificiosa disminución del Situado. La descentralización regional, considerada un gran avance democrático, fue arrasada.
Elecciones legislativas 2015. El voto popular le dio un triunfo abrumador a la unidad opositora. Se desconoció la elección de los tres diputados de Amazonas, con lo cual revirtieron el principal efecto político de esos comicios: la mayoría calificada. Fueron anulados más de 80 instrumentos de ley. Se le desconoció su función contralora. Fue declarada en desacato y finalmente suplantada por una constituyente espuria que no aprobó ninguna constitución. Se sigue repitiendo que el detonante fue el anuncio de una convocatoria a referéndum revocatorio, figura creada en la Constitución por quienes (des) gobiernan Venezuela.
Referéndum sobre el Esequibo 2023. La publicación de los supuestos resultados de esa consulta refrendaria fueron publicados sin respaldo de la votación por mesas ni centros electorales. Antecedente inmediato de lo que ocurriría en las elecciones presidenciales y que el país vio pasar con frustración e impotencia.
Respetable el anuncio de algunas fuerzas políticas para participar en las próximas elecciones. Pero como ocurrió en el referéndum sobre el Esequibo, donde no hubo un llamado ni vehemente ni masivo a la abstención, el pueblo tendrá la última palabra.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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