CNE: mensaje e interrogantes con dos destinatarios, por Rodrigo Cabezas Morales
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La reciente designación de los rectores del CNE por la Asamblea Nacional, bajo sujeción del gobierno de Maduro, ha originado una controversia sobre la utilidad o no de esta «concesión» o «señal» de la autocracia gobernante para rescatar el derecho ciudadano a elecciones libres y transparentes, hasta ahora secuestrado en los fraudes descarados de la Constituyente 2017, las presidenciales del 2018 y las de AN en 2020.
Escribo sin prejuicios sobre personas. No conozco al ingeniero Roberto Picón y tengo amistad con Enrique Márquez, su madre fue una universitaria admirable. La diatriba descalificadora y carente de argumentos entre actores políticos y sociales es un sinsentido cuando de encender las luces de la libertad de nuestra nación se trata.
Días previos al acuerdo entre el gobierno de Maduro y sectores opositores, distintos a la AN 2015, escuché una entrevista del ingeniero Picón en el podcast Despolarizados de Rafael Curvelo. Sus palabras de compromiso posible le dieron sentido a este texto y a sus interrogantes.
Primero. Debe realizarse una evaluación interna del CNE para lograr restablecer la paridad y el equilibrio en la institución.
He supuesto que se refiere a que el PSUV presida y controle el CNE, la Junta Nacional Electoral, el Registro Electoral y el sistema de automatización; además de tener bajo su mando todas las oficinas regionales en Venezuela. Ello presume que los más de 30 mil operadores de las maquinas electorales no sean militantes de ese partido, a los que se les instruye para manipularlas antes, en el proceso y en el cierre del acto electoral, sobre todo en los ya conocidos decretos para prorrogar las votaciones luego de las 6:00 p. m.
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Se puede entender que evitarán la burla permanente en la selección de las juntas electorales regionales y municipales, coordinadores de centros electorales y los miembros de mesa para terminar excluyendo a la sociedad civil. Control férreo que les permite una especial operación en poco más de 5.000 centros de votación donde históricamente gana ampliamente la oposición, para retardar deliberadamente la instalación de las mesas, cortar la electricidad en horas de la tarde, dañar fingidamente máquinas de votación; todo con el objetivo de provocar la deserción de los votante de esos centros de votación. Asimismo, que lograrán suspender la maniobra de ralentizar la entrega de las credenciales a los testigos de la oposición y de cuestionarles su ingreso a los centros electorales en combinación con funcionarios del Plan República.
¿Será posible un CNE que como institución del Estado logre subordinar el Plan República a su autoridad y no como ocurre ahora? ¿El CNE sancionará el estado de coerción que hacen a sectores humildes con la entrega de bolsas de alimentos y bonos dadivosos? ¿De cierto eliminaran el voto «asistido» para los funcionarios públicos?
¿Les permitirán a los rectores Márquez y Picón evitar y sancionar el abuso de las cadenas de radio y TV, y el veto al liderazgo opositor en casi todos los medios de comunicación?
Segundo. Restitución de los partidos políticos a sus legítimos dirigentes.
Entiendo que los rectores Picón y Márquez asumen que Nicolás Maduro judicializando la política utilizó la Sala Constitucional del TSJ para secuestrar a los principales partidos políticos de la oposición venezolana y, con ello, cerrar las vías a su participación electoral.
Este CNE, con disciplinada mayoría madurista, solo abordaría este tema si forma parte de un acuerdo integral por elecciones libres y transparentes. Tal garantía democrática no puede ser negociable. La presencia de los partidos políticos legítimos en el combate electoral no los sustituye nadie.
La «narrativa» interesada según la cual estos partidos no tienen apoyo popular no es verdad, si fuera así, los que se acordaron con el gobierno deberían garantizar participación masiva, esto tampoco es verdad. ¿Restituirán los partidos políticos AD, VP, PJ, Copei y otros? ¿Aceptarán que las fuerzas de la oposición democrática puedan presentar en coalición una única tarjeta unitaria para participar en el acto electoral?
Tercero. Una auditoria, actualización y depuración del Registro Electoral.
Se deduce que podrán ejecutar no solo la auditoría y depuración del registro sino que la actualización sea un proceso que no lo realizarán los activistas del PSUV, las gobernaciones, alcaldías e instituciones del Estado. ¿Serán masivas y abiertas las jornadas de inscripción? Son 1.5 millones de personas entre 18 y 35 años de edad que no están registrados en el CNE y más de un millón que requieren actualización, que fueron cambiados de centros electorales deliberadamente por el PSUV en las últimas elecciones.
¿Podrán evitar que la operación de cambio de registro de votantes lo hagan horas antes de las votaciones? ¿Conseguirán evitar que las máquinas de inscripción las manejen los activistas del partido de gobierno como ha sido hasta ahora? Y un elemento estratégico está referido a si el CNE está en capacidad de garantizar el derecho constitucional de los más de tres millones de venezolanos en el exterior a inscribirse y elegir sus representantes.
¿Reconocerán el derecho de la diáspora a decidir el destino de su patria?
Cuarto. Institucionalizar una observación internacional independiente.
El CNE del PSUV siempre invita a supuestos «acompañantes», muchos de los cuales son dirigentes políticos que les apoyan. Esta observación de turismo electoral es irrelevante, un show. ¿Será posible que el CNE invite formalmente a la Unión Europea como observador internacional con todo su protocolo técnico? ¿Aceptarán a la OEA, la ONU entre otras? ¿La observación internacional la solicita y administra el Poder Electoral o el gobierno de Maduro?
Sería un valor agregado tener una observación internacional garante de la pulcritud técnica del proceso y que dé confianza en el electorado venezolano.
Finalmente, la nación venezolana aspira un proceso electoral limpio y transparente para arribar al cambio político. No un nuevo fraude, no una nueva trampa. Venezuela no quiere «un primer paso» para caminar a la democracia, ¡¡¡quiere todos los pasos!!!
El gobierno de Maduro está en el tablero nacional con piezas de su responsabilidad plena, tales como la crisis económica y humanitaria más devastadora de nuestra historia, excluyendo la guerra de Independencia; con acusaciones de descarada violación de los derechos humanos y con su decisión de mantenerse en el gobierno a costa de lo que sea y como sea. Ellos saben que en cualquier elección libre serían derrotados ampliamente, en su fuero interno lo reconocen. Hace rato perdieron la mayoría popular que acompañó a Chávez.
Cualquier acuerdo o negociación que debe involucrar a la oposición y la comunidad internacional solo tendrá sentido si hay un cronograma electoral que permita relegitimar todos los poderes. Sin ello, por ejemplo, la opción del revocatorio presidencial es una fantasía, o el que tengan pleno derecho a votar los venezolanos en el extranjero una quimera.
¿Los rectores que están en minoría en el CNE, que se reivindican opositores, apelarán a la carta de la dignidad si son burlados o ridiculizados por la autocracia? ¿No sería precavido tenerla redactada? Cuestión de tiempo.
Rodrigo Cabezas Morales es economista, profesor en la Universidad del Zulia (LUZ). Fue diputado al Congreso de la República (1990-1998) y a la Asamblea Nacional (2000-2016). Exdirectivo del PSUV y exministro de Finanzas con Hugo Chávez (2007-2008).
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