Coca, frontera y política: los intereses detrás de la guerra en el Catatumbo
Las condiciones geopolíticas de esta zona limítrofe con Venezuela explican el enfrentamiento de, al menos, cinco grupos delictivos para controlarla. La apertura de rutas para el narcotráfico y el contrabando, la ausencia histórica del Estado, el clima que favorece los cultivos de hoja de coca y las ganancias derivadas de la extorsión motivan el pesimismo de los analistas. Esperan un recrudecimiento de la violencia
Por La Hora de Venezuela
“Todas las cocinas funcionan. La pelea es de kilos de coca y de billones de pesos que entran en dólares. Además, Cúcuta y Norte de Santander tienen el negocio completo: desde el que la produce, el que la siembra y el que la cultiva hasta el procesamiento, la exportación, la traída de los dólares y el lavado”.
Con esas palabras, una fuente que conoce de cerca el Catatumbo y el modus operandi del narcotráfico intenta explicar el peso de la cocaína en la economía del lugar y, por ende, por qué es una de las causas de los enfrentamientos de actores armados ilegales por controlar no solo las etapas de producción y comercialización, sino la totalidad del territorio.
Además del narcotráfico, los atraen la minería ilegal, el lavado de activos, la extorsión. Estas actividades conforman la economía subterránea de una zona en la que, desde el 16 de enero de 2025, sus 373.000 habitantes padecen una escalada de violencia. Hasta el 26 de mayo sumaba 135 muertos, 67.246 desplazados, 11.490 confinados, 46 lesionados y 7 firmantes del proceso de paz desaparecidos, según cifras de la Gobernación de Norte de Santander. Ellos han sido las víctimas de una confrontación que se aleja de una posible salida negociada para la paz, según varias fuentes.
Cuatro meses después, fuentes del territorio señalan que los enfrentamientos se han enfriado un poco, lo que se refleja en el retorno de muchos de los desplazados de la región que se exiliaron en febrero en las dos ciudades más pobladas del departamento: Cúcuta y Ocaña. Aunque la violencia no cesa. Más precisamente, parece haberse concentrado en el municipio de Tibú (el epicentro actual del conflicto entre el ELN y las disidencias) y en ataques esporádicos potenciados por el uso de nuevas tecnologías, como drones cargados de explosivos.
Tibú ha sido la zona más golpeada en este conflicto desde enero de 2025, pero también los efectos de la guerra se sienten en otras localidades de la región.
Así lo demuestra la muerte de Luis Antonio Aragón, de 12 años, alcanzado por drones con explosivos el 15 de mayo, en su casa, en la zona rural de Tibú . Otras 12 personas resultaron heridas en el ataque que el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, atribuyó al ELN. Sin embargo, esa guerrilla negó su participación en el hecho y responsabilizó al Frente 33 y al Ejército Nacional en un comunicado.
Del lado venezolano no se han reportado combates, pero sí una consecuencia que la Defensoría del Pueblo de Colombia califica de muy preocupante: “Durante el pico de la crisis, se registró que hasta 700 personas por día cruzaban de regreso al estado Zulia, en Venezuela, como mecanismo desesperado de huida ante los riesgos y la falta de atención institucional”.
La Hora de Venezuela, una iniciativa liderada por CONNECTAS, visitó la región del Catatumbo para conocer, de primera mano, lo que ocurre desde enero. Durante la reportería contactó a dirigentes campesinos, comerciantes, líderes comunitarios, docentes, miembros de cuerpos de seguridad, funcionarios públicos y periodistas, para así tener una visión más completa de lo que sucede.
El miedo impera en la población. Casi todos los consultados solo aceptaron hablar bajo anonimato por temor a represalias. En su mayoría, concuerdan en un punto: ven probable que la situación empeore. El plan del ELN, el grupo más fuerte, consiste en ser el único actor armado en la zona de frontera y crear una suerte de territorio tapón entre Colombia y Venezuela sobre el que ejerzan todo el control. Han mencionado que no se detendrán hasta que expulsen a los demás grupos armados.
“Hoy no hay vuelta atrás. Lo que el ELN dice es que así la guerra demore 20 años, 20 años se van a quedar con el territorio. Y que en el territorio que ellos controlen no va a haber más grupos insurgentes”, cuenta un líder social del Catatumbo.
Mientras tanto, al decir de varios analistas y pobladores, el Frente 33 de las disidencias de las FARC busca afianzar el terreno que han perdido ante los elenos. Dos líderes del Catatumbo señalaron que la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), que decretó el Gobierno de Gustavo Petro en Tibú para que se concentren sus combatientes en medio de las negociaciones de paz, podría darle un respiro para fortalecerse. Pero les parece difícil que, en medio de la ofensiva del ELN, vean las garantías para desmovilizarse.
Al tiempo, hay señales de que los grupos paramilitares que hacen presencia en el Magdalena Medio están buscando ingresar o aumentar su control territorial en el Catatumbo. El que más estaría ganando terreno es el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), pero no son los únicos paramilitares, pues hay indicios de que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca, también están interesadas en entrar a la región. A ellos se suma el Ejército Popular de Liberación (EPL), una vieja guerrilla desmovilizada en 1991 de la que quedaron reductos que siguen operando.
El origen de la disputa territorial
El Catatumbo es una región transfronteriza ubicada en la cuenca del río del mismo nombre, que nace en el municipio de Ábrego, en el departamento colombiano de Norte de Santander, y desemboca en el lago de Maracaibo, en Venezuela (ver mapa). De los 450 km de extensión, 240 pertenecen a Colombia y 210 a Venezuela, según el Departamento Nacional de Planeación. Esa cercanía, que facilita la movilización de la droga, el tráfico de armas y el contrabando, sumada a un suelo rico en recursos naturales y yacimientos mineros, con condiciones climáticas para el cultivo de las plantas de coca, explica la importancia geopolítica de la región y, por consiguiente, el apetito de los grupos armados ilegales por controlarla.
Según la Defensoría del Pueblo, un organismo que vela por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, “la colindancia entre la región del Catatumbo y el sur del Cesar ha facilitado el tránsito de los actores armados y el despliegue de su accionar”. En la publicación “El Catatumbo en crisis: desafíos en derechos humanos y derecho internacional humanitario”, precisa que “municipios como El Carmen, Río de Oro y González han servido a manera de corredores de movilidad, asentamiento y acción, tanto de los grupos armados que surgieron con posterioridad a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como de los diferentes grupos armados con presencia y arraigo en la zona del Catatumbo”.
El narcotráfico, no hay duda, es uno de los motores de la violencia. Norte de Santander, en el nororiente colombiano, es uno de los cuatro departamentos con más de 30.000 hectáreas sembradas con plantas de coca, según el reporte de 2023 del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En total, los cultivos en el Catatumbo abarcan 43.867 ha (17,3 % de los cultivos del país) y de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 28.000 de ellas están en esa región. Esta es una zona que ocupa la mitad de Norte de Santander (11 municipios) y una pequeña porción del sur del departamento del Cesar (2 municipios).
En Cúcuta se observan pintas de los diversos grupos en conflicto en paredes de comercios y casas.
Sobre el informe del Simci, el Centro Especializado Antidrogas (CEA) de Ameripol precisa que el Catatumbo está considerado el tercero de los cuatro enclaves que concentran el 96,7 % de los cultivos de hoja de coca en Colombia. En el boletín “Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2023, el CEA explica que un enclave es “un área delimitada y relativamente aislada, donde se tienen condiciones favorables para la producción, distribución y comercialización de cocaína como geografía con difícil acceso, disponibilidad de recursos, falta de presencia del Estado y estructuras o redes criminales con un grado significativo de control sobre la zona para operar al margen de la ley”.
Los grupos delictivos preponderantes son el ELN y el Frente 33 de las FARC. Ambos “se habían compartido el control territorial de grandes partes del Catatumbo desde 2018, en lo que expertos y funcionarios del gobierno describieron como un ‘acuerdo de coexistencia armada’” señala un comunicado de marzo de la organización Human Rights Watch (HRW).
Ese pacto se rompió a comienzos de 2025. “Nosotros veníamos advirtiendo las señales de que eso iba a pasar —cuenta una fuente conocedora del territorio—. Había un clima de desorden, algunos sobrepasos de autoridad”. Algunas organizaciones campesinas y actores sociales de la Iglesia católica venían haciendo llamados a ambos grupos y a las autoridades nacionales para evitar un conflicto desde diciembre de 2024. Pero, en enero, la tensión entre ambos bandos acabó por romper la tregua.
No está muy claro cuál fue la gota que colmó el vaso, pero hay varias teorías. Un analista del conflicto armado en Colombia considera que los contactos del Frente 33 con el Gobierno para desmovilizarse y reparaciones de obras de infraestructura como canchas deportivas, repartición de libros en escuelas, entre otras acciones de las disidencias para ganar reconocimiento en la comunidad, contribuyeron a la ruptura del pacto de no agresión. “El Frente 33 fue más efectivo en el trabajo con los milicianos y la vinculación de los jóvenes a pequeñas actividades productivas para mantener la base social”, dice uno de los consultados.
Otros expertos añaden a esas razones el incumplimiento de acuerdos territoriales por el Frente 33 y explican que este empezó a hacer cambios de manera unilateral como avanzar en áreas que no le correspondían, lo que causó una escalada de tensiones.
“Líderes del ELN observaron esas acciones como una posible amenaza a su influencia en la región”, sostiene una fuente.
Este balance delicado que mantenían ambos grupos se veía agravado por la posición precaria del ELN en otras zonas del país. Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), explica que el ELN viene perdiendo presencia en varias zonas del occidente colombiano, lo que lo llevó a un proceso de reconfiguración cuyo eje es la zona donde son más fuertes: la frontera colombovenezolana.
“Entre las regiones fronterizas, el Catatumbo es prioridad para el ELN no solo por la posición geoestratégica importante, sino como fuente de recursos”, dice González Posso.
Los pobladores del territorio del Catatumbo buscan volver a la normalidad, en medio del temor que hay en el ambiente.
Un estado tapón entre Colombia y Venezuela
Un experto consultado por La Hora de Venezuela explica que la idea del ELN es hacerse tan fuerte en la región del Catatumbo como lo es en Arauca. “El plan expansionista pretende avanzar hasta consolidarse hacia la costa colombiana, en búsqueda de rutas para movilizar cargamentos de droga, minerales y otros productos”, afirma.
La consolidación de un control territorial en toda la frontera entre Colombia y Venezuela, desde Arauca hasta La Guajira, le permitiría al grupo guerrillero lograr dos objetivos: el control político en Venezuela y el de las rutas del narcotráfico.
Lo primero está relacionado con la afinidad política de esta guerrilla con el proyecto bolivariano. Analistas ven en esta ofensiva del ELN una reorientación de su posición que los lleva a mostrarse en resistencia antimperialista y antiglobalización, para así proponer una alianza a la ideología bolivariana de Venezuela y a la antiimperialista en otras partes del mundo.
Por otro lado, hay indicios de cambios en el control de narcotráfico en Venezuela que podrían impulsar al ELN, cuyos ingresos en el Catatumbo están estrechamente ligados a la coca, a controlar otras vías de salida. “La principal ruta de la cocaína era por el río Catatumbo hacia el lago de Maracaibo, desde donde salía a unas islas en el Caribe”, cuenta un líder social del Catatumbo. Pero desde 2022, empezó a haber señales de una reconfiguración del control del narcotráfico en Venezuela, con unos golpes anunciados por el Gobierno venezolano a cargamentos de droga, alcaldes relacionados con el narcotráfico detenidos y la destrucción de algunas pistas ilegales desde donde partían avionetas cargadas en Zulia. Esto, en el marco de las conversaciones con el Gobierno en Washington.
De ahí que controlar el corredor desde el Catatumbo hasta el mar sea de especial importancia para el ELN, señala la misma fuente. Especialmente, en el escenario de un eventual cambio político en Venezuela.
“La mayoría de la gente suele ver al ELN como un actor subordinado de la revolución bolivariana. Pero el ELN es un poco soberbio; creen que están por encima de la revolución bolivariana y que además tienen una ventaja adicional y es que ellos sí sufrieron toda la dinámica del bautizo de fuego de las revoluciones. Consideran que si en algún momento el proyecto chavista ya no les funciona, muy seguramente se van a levantar contra él”, destaca otro especialista consultado.
Venezuela, el ELN y la paz en Colombia
Diversos analistas en Cúcuta y en el resto del Norte de Santander afirman que el ELN ya se convirtió en un grupo armado colombovenezolano, cuyo avance no solo es territorial, sino también en cantidad de hombres y mujeres que hacen vida en ambos países.
Es así como un funcionario público que conoce la zona en conflicto asegura que una de las jefas de la guerrilla es custodiada actualmente por un grupo de niños y niñas de nacionalidad venezolana. Sin embargo, alias Silvana dijo en la entrevista de Los Informantes que no son un grupo binacional: “Operamos en la frontera del territorio venezolano. Somos dos pueblos hermanos. Compartimos una frontera”.
González Posso señala que, aunque Indepaz no ha podido confirmar en terreno la presencia del ELN en Venezuela, hay registros de acusaciones en ese sentido. “Aquí simplemente nos basamos en las informaciones que da la gente del territorio. Incluso informaciones de los mismos grupos armados sobre rutas, campamentos y negocios. Ahora aquí ha habido denuncias, el ELN ha dicho que el Frente 33 tenía armerías y negocios en el territorio venezolano y los del Frente 33 han dicho lo propio del ELN”. Incluso recuerda cuando en una confrontación a comienzos de 2022 en la frontera entre Arauca y Apure los grupos armados compartieron fotografías de campamentos de sus oponentes.
En la frontera también está muy difundida la idea de que ambos grupos manejan rutas del narcotráfico y desarrollan actividades de retaguardia en territorio venezolano. De hecho, una organización como HRW afirma que ha podido documentar su presencia a ambos lados de la frontera y en el comunicado de marzo de 2025 ya mencionado asevera que el ELN se ha beneficiado “de la complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas”.
Aunque en este momento los diálogos con el ELN están suspendidos, es innegable el papel de Venezuela como facilitador entre esa guerrilla y el gobierno colombiano. “Nosotros lo que sí sabemos es que el aporte de Venezuela a la paz de Colombia es fundamental. Es decir que una paz en Colombia tiene que estar trazada por el compromiso del Gobierno venezolano para que sea una paz estable y duradera”, expresa Holmer Pérez, de la Asociación de Campesinos del Catatumbo.
En este momento, la colaboración institucional entre ambos países se da en el plano militar. Desde que comenzó la ofensiva violenta en enero, los ejércitos de Colombia y Venezuela han cooperado en algunas operaciones. Por un lado, desarrollaron la Operación Relámpago del Catatumbo que, según Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela, forma parte de maniobras militares y policiales del llamado Escudo Bolivariano 2025. A su vez, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, precisó que con el ejercicio buscaban detener cualquier incursión de grupos “llámense como se llamen”. Por el otro lado, en marzo de 2025, Venezuela anunció la incautación de 3,8 toneladas de cocaína de altísima pureza, según reveló el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien añadió que el decomiso se unía a otros dos efectuados en el mismo mes en los que encontraron 6 toneladas más de esta droga.
El miedo a una nueva escalada
En este complejo escenario, los líderes sociales en Catatumbo temen que el conflicto se agrave, principalmente por dos factores. El primero, los efectos de los diálogos de paz del Gobierno con el Frente 33. El segundo, la incursión de otros grupos paramilitares en el territorio.
“Tenemos mucha preocupación —señala un líder campesino—. Nosotros somos de la visión de la paz, pero nos preocupan los protocolos de estas Zonas de Ubicación Temporal. Hay un proceso de mucha incertidumbre porque la comunidad se pregunta: ‘Bueno, y si acá se concentra el Frente 33, ¿el ELN va a respetar la zona o van a combatir ahí?’”.
Según un líder social de Ocaña con un amplio conocimiento de la situación, la posición más débil del Frente 33 los ha llevado a aliarse con otros actores. “Están pagándole al reducto que queda del EPL para que haga su incursión en el terreno”. Y estos, a su vez, estarían haciendo “conexiones con grupos paramilitares” para sumar apoyo militar, señala.
En Ocaña ya se ven casas pintadas con grafitis del Clan del Golfo y de los Conquistadores de la Sierra. Ambos grupos, herederos de los paramilitares, se disputan entre ellos el ingreso al territorio. “El Clan del Golfo tiene el control de toda la zona aurífera de la Serranía de San Lucas, a ellos les puede interesar una vía de salida para el oro ilegal” cuenta una fuente. Oro que, como señaló Gustavo Petro en el Consejo de Ministros televisado del 27 de mayo, está saliendo principalmente en aviones hacia Venezuela.
Por su parte, los Conquistadoras de la Sierra, que se mueven en el departamento caribeño del Magdalena, han venido aumentando su presencia en el sur del Cesar, en municipios colindantes con el Catatumbo, según reportes recientes del Ejército de Colombia. Allá han tenido enfrentamientos con el Clan del Golfo por el control territorial.
Por todo esto, diversas voces en el territorio están proponiendo un acuerdo humanitario que concite a habitantes, Iglesia, instituciones del Estado, grupos irregulares y a la comunidad internacional para desescalar el conflicto. De esa manera, buscan facilitar el retorno de los desplazados, la reapertura de los centros educativos y la construcción de un espacio de convivencia con garantías para la población.
Sin embargo, son muchos los intereses detrás del control territorial en el Catatumbo. Y, hasta el momento, le están ganando a las voces de la comunidad, en una guerra fratricida que no discrimina víctimas.
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