Colegios intentan sobrevivir a la hiperinflación y persecuciones de la Sundde
En julio, la Superitendencia ordenó a 23 colegios privados en el estado Táchira, a 13 en el estado Sucre y luego a 189 colegios en varias entidades del país mantener los precios de las matrículas
A Isabel Ramírez no le alcanzaba su salario para pagar los 377.700 bolívares de la inscripción de su hijo Rodrigo, un estudiante de 16 años de edad que pasó a quinto año de bachillerato en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes, ubicado en la avenida Andrés Bello de Caracas. Ni trabajando cinco meses sin gastar un bolívar de los 65.000 –sueldo y bono de alimentación– que devenga, reuniría ese dinero.
El 31 de julio era el último día que tenía para cancelar 57.700 bolívares correspondiente al mes de agosto, 70.000 bolívares de septiembre y 250.000 bolívares para asegurar el cupo para el período académico 2019-2020, que arranca en septiembre. Además, también tenía pendiente pagar la inscripción de su hijo menor, Sebastián, de 4 años de edad, que pasó a segundo nivel de preescolar.
“Gracias a Dios que el papá tiene varios negocios y con eso uno solventa los gastos, porque con el sueldo mínimo que gano es imposible”, asegura Ramírez, quien trabaja en una empresa en Petare, al este de la capital venezolana. “Algunos padres sí pueden pagar ese dinero, pero hay otros que también ganan salario mínimo y tienen dos o tres muchachos en el colegio. Y uno no solo paga las mensualidades sino también hay que dar dinero cada vez que algo se daña, y ahora más con estos apagones”.
Ramírez, así como el resto de los padres de niños escolarizados, enfrenta por segunda vez el inicio de un período académico en hiperinflación. Según datos de la Asamblea Nacional (AN), en la primera mitad de 2019 el indicador escaló hasta 1.155%, mientras que la tasa interanual —de junio de 2018 a junio de 2019— se situó en 445.482%. Venezuela atraviesa un ciclo hiperinflacionario desde noviembre de 2017, por lo que cualquier monto que quede congelado pierde sentido en cuestión de semanas y hasta en solo días.
Por ello, los colegios privados ven necesario y hasta casi como una obligación hacer ajustes para mantener en buenas condiciones los planteles educativos.
El artículo 4 de la resolución 0027, emitida por el Ministerio de Educación en octubre de 2018, establece que “el plantel educativo debe declarar ante los padres y representantes los costos de la nómina docente, administrativo, obrero y directivo, así como la cantidad de trabajadores que laboren en el plantel (docentes y no docentes)”. Los representantes tienen derecho a la revisión de las nóminas, costos y matrícula escolar del plantel educativo, según el acuerdo entre el gobierno y representantes de las asociaciones de educación privada Avec, Apep, Andiep y Cavep.
«Por la inflación indudablemente es necesario hacer ajustes mensuales de las cuotas”, afirma Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de la Educación Privada (Andiep). “El golpe es peor si se hace cada dos o tres meses, porque se tendría que aumentar 50% o hasta 300%. En cambio, mensualmente se ajustaría 10% o 15%, de acuerdo con el ritmo que tenga la inflación en el momento”.
En una notificación, un colegio privado situado en Los Rosales, al sur del municipio Libertador en Caracas, informó que los representantes que pagarán la inscripción en septiembre deberán cancelar 100.000 bolívares más que los padres que lo hicieron en julio, de acuerdo con lo acordado por el Comité de Finanzas y la Administración del plantel en una reunión el 10 de julio.
Los montos de la matrícula, seguro escolar y la mensualidad de septiembre se mantienen, respectivamente, en 38.000, 30.000 y 38.000 bolívares. Solo aumenta de 144.000 a 244.000 bolívares el pago por los gastos de reparación y suministros.
“Es importante acotar que de efectuarse algún aumento presidencial cancelará diferencia en la mensualidad de septiembre”, añade el colegio en el comunicado.
Sundde toca puertas
Según Romeo, apenas 40% de los ingresos que reciben los colegios se va en gastos operativos, que constantemente aumentan por la hiperinflación. “En Venezuela hoy puedes presupuestar 50.000 bolívares para un bombillo, pero la semana que viene costará 70.000 u 80.000 bolívares, y dentro de seis meses un millón o 500.000, no lo sabemos”, dice.
Por esta razón, el vocero de Andiep afirma que es inviable congelar las cuotas de escolaridad como pretende hacerlo la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).
En efecto, el ente adscrito al Ministerio de Comercio ordenó a 23 colegios privados en el estado Táchira, a 13 en el estado Sucre y luego a 189 colegios en todo el país mantener los precios de las matrículas. En la región capital la Sundde tocó las puertas del Instituto Escuela Maracay; Instituto Educacional San Miguel; U.E María Auxiliadora; Colegio La Esperanza; Colegio Unidad Educativa Montalbán, U.E.P. Colegio Independencia; U.E.P Colegio Plaza; Colegio San Nicolás de Bari; U.E.P Colegio Belén San Juan; y de la U.E.P. Alejandro Otero.
“La medida aplicada por la Dirección de Servicios y Medidas Preventivas por instrucciones del ministro William Contreras se realizó con el objetivo de hacer cumplir la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ) y evitar delitos socioeconómicos”, según una nota de la Sundde.
Sin embargo, según el artículo 2 de la Ley Orgánica de Precios Justos “quedan sujetos a la aplicación de la presente ley las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades económicas en el territorio” y se exceptúan aquellas “que por la naturaleza propia de la actividad que ejerzan se rijan por normativa legal especial”.
El sector educativo venezolano cuenta con la Ley Orgánica de Educación, y según el artículo 6, solo el Ministerio de Educación regula, supervisa y controla “el régimen de fijación de matrícula, monto, incremento, aranceles y servicios administrativos que cancelan los y las estudiantes, sus representantes o responsables, en las instituciones educativas privadas”.
«Nosotros no podemos estandarizarnos como pretende hacerlo la Sundde en estos momentos, es inviable. Nuestro primer llamado es al ministro Aristóbulo Istúriz que defina ese artículo seis porque no podemos seguir con esta empuñadura que nos tiene la Sundde desde hace dos años que no nos permite trabajar libre, democrática y tranquilamente. Si el gobierno quiere que la educación sea gratuita, pues entonces que ponga en funcionamiento esos 22.000 liceos que tiene el sector público”, expresa.
Educación ¿gratuita?
El artículo 102 de la Constitución señala que la educación “es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria”, y que el Estado “la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad”.
“La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal”, reza el artículo.
Sin embargo, en el liceo público Juan Bautista Plaza, ubicado en el municipio Sucre, los directivos exigieron a cada padre, madre o representante materiales escolares, productos de limpieza y una colaboración de 50.000 bolívares como condición para inscribir al estudiante para el período 2019-2020 que arranca en septiembre.
El plantel educativo del sector público no tiene los recursos propios para suministrarse lo mínimo necesario para el año académico y el gobierno no destina ni un bolívar para la educación de los adolescentes en el liceo, de acuerdo con representantes que solicitaron el anonimato. “Somos nosotros los padres los que tenemos que llevar todo lo que utilizarán durante el año”, denuncia Rosiris Hernández, madre de Valentina. La muchacha pasó a quinto año.
«Me pidieron seis bolsas negras, nueve marcadores acrílicos (tres azules, tres rojos y tres negros), media resma de papel, cloro, desinfectante, jabón líquido y 50.000 bolívares. Gasté más de 100.000. Cada bolsa me costó 5.000 bolívares y los tres artículos de limpieza fueron más de 30.000. Siempre pedían una colaboración, pero no tanto como ahorita. Muchos padres no pudieron inscribir a sus hijos porque apenas ganan sueldo mínimo (que se sitúa en Bs. 40.000)”, refirió Hernández.
En un colegio subvencionado ubicado en el centro de Caracas, cuya gestión administrativa la comparten el Estado y los padres y representantes, cancelaron en julio 132.115 bolívares. Tanto la matrícula como la mensualidad de septiembre fueron apenas 10.000 bolívares. “Lo que pagué es ridículo, la matrícula no es ni un gatorade, y por eso me da miedo que el colegio no pueda aguantar los gastos por la inflación”, dijo Mariela Rivas, madre de una estudiante.
Desprofesionalización de la docencia
En el sector educativo privado, el 60% del dinero se destina a pago de nómina, de vacaciones de los trabajadores y de las prestaciones sociales. “Estamos pagando más de 300.000 bolívares por profesor, inclusive en Táchira si no pagamos 500.000 o 700.000 bolívares los maestros se van”.
El presidente de la ONG Asamblea de Educación, el sociólogo Tulio Ramírez, señala que los maestros se van del país, cambian de rama o siguen en el oficio de manera intermitente. “Hay mucho ausentismo porque el docente prefiere realizar cualquier otra actividad económica en la informalidad que le genere mejores ingresos que un día de trabajo en un salón de clases”.
Los sueldos de los maestros son tan precarios que ni siquiera alcanzan para ejercer el trabajo, es decir, para pagar los pasajes del transporte público, la comida y la vestimenta.
Cada día de junio una familia de cinco miembros necesitó 9,09 dólares para cubrir las necesidades mínimas de alimentación. El precio de la canasta se ubicó en 2.625.578,15 bolívares, o el equivalente a 328,19 dólares a una tasa promedio de 8.001,6 bolívares por dólar. Se requirieron 65,6 salarios mínimos para poder adquirir la canasta alimentaria.
«Hay liceos donde un profesor comenzó el primer trimestre, no fue más a la escuela y al final los muchachos aprobaron la asignatura con la nota obtenida en los primeros tres meses”, señaló Ramírez
Orlando Alzuru Mendoza, presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), indicó a inicios de año que entre 30% y 40% de los 300.000 maestros activos en el país abandonaron las aulas, es decir, unos 90.000 profesores, aproximadamente. Y el Colegio de Profesores de Venezuela alertó en junio del año pasado que más de 172.000 educadores de 860.000 docentes dependientes del Ministerio de Educación dejaron las aulas.
Ofelia Rivera, vocera de la Unidad Democrática del Sector Educativo (Udse), indica que 18.000 docentes fueron retirados de la nómina manejada por el ministerio por razones políticas. Denuncia que la única solución del gobierno de Nicolás Maduro ha sido colocar a jóvenes del Plan Chamba Juvenil en las aulas de clases formados en menos de un mes. Esto, a pesar de que el artículo 104 de la Constitución establece que “la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica”.
El presidente de Asamblea de Educación también señaló que el gobierno trata de resolver el problema de la deserción de maestros graduados con jóvenes de la Chamba Juvenil o con personas que reciben durante las vacaciones dos meses de entrenamiento para luego encargarse de las aulas, sobre todo en educación primaria en las escuelas oficiales. Ramírez expresa que esto atenta contra la calidad de la educación y reitera la posición del gobierno de Maduro ante el tema educativo, el cual para el Ejecutivo “no es en lo absoluto una prioridad”.
“El gobierno vende la idea de que una persona que sepa leer, escribir y con un par de meses de formación puede sustituir a un maestro, y eso no es así. La docencia no es un oficio, es una profesión. El reglamento del ejercicio de la profesión docente exige que la actividad la lleven a cabo los profesionales, pero el gobierno hace caso omiso y trata de resolver improvisadamente”, añade el experto.
