Colombia: Dilemas deshumanizantes y otras formas de exclusión, por Nastassja Rojas Silva
Esta columna forma parte de la iniciativa LabPaz Internacional, con la cual activistas e intelectuales de varios países le hablan a los venezolanos.
Aunque el pasado 8 de junio el gobierno de Gustavo Petro organizó un concierto gratuito en Bogotá para “rendir homenaje a los pueblos migrantes de América Latina”, Colombia está lejos de considerarse un país con políticas públicas modélicas para los solicitantes de refugio, incluyendo la población venezolana que solicita protección en ese país.
En el año 2023 la Corte Constitucional colombiana, en una sentencia de unificación, calificó como un “dilema deshumanizante” la situación impuesta a las personas migrantes venezolanas que deben elegir entre solicitar refugio o acogerse al Permiso por Protección Temporal (PPT), sin garantías claras sobre los derechos que ganan o pierden con cada opción.
Según el alto tribunal, esta disyuntiva niega la posibilidad de ejercer plenamente ambos mecanismos de protección y obliga a las personas, en contextos de extrema vulnerabilidad, a renunciar a uno de ellos para no quedar excluidas del acceso a derechos esenciales como el trabajo o la salud. La Corte fue enfática en que esta decisión no es libre ni voluntaria, sino el resultado de un sistema normativo que constriñe la dignidad humana, al exigir una elección imposible entre protección jurídica y subsistencia material.
Dos años después, esa advertencia no solo ha sido ignorada. Hoy, el dilema ha mutado, ya no se trata de elegir entre mecanismos precarios pero que finalmente iban encaminados a mejoras importantes, sino de enfrentarse a un sistema que ha desmontado prácticamente todas las vías de regularización. La exclusión ya no se disfraza de protección limitada, se ejerce abiertamente, a través de la inacción y el endurecimiento normativo bajo el pretexto de soberanía.
Una década de mecanismos en Colombia
En los últimos 15 años, Colombia ha sido un laboratorio de respuestas migratorias excepcionales. Comenzó con medidas reactivas ante la llegada de personas venezolanas, que pasaron de unas miles en 2015 a más de 2,8 millones en 2024, según datos oficiales de Migración Colombia.
A partir de 2017 se implementaron los primeros Permisos Especiales de Permanencia (PEP), instrumentos de alcance limitado y temporal. Luego, en marzo de 2021, el gobierno lanzó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), que prometía ser una solución integral y masiva. Su columna vertebral era el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), que permitía, tras su validación, acceder al PPT por un periodo de 10 años, con la intención que en este tiempo las personas contaran con las condiciones materiales para transitar al régimen ordinario.
Durante sus años de implementación, el ETPV logró regularizar a más de 1,9 millones de personas mediante la expedición de PPT. A octubre de 2024, el gobierno colombiano reportó 1.931.587 permisos aprobados, equivalente al 66,5 % de la población migrante venezolana estimada en Colombia.
Sin embargo, a partir del segundo semestre de 2023, el gobierno inició un proceso de desescalada de los mecanismos. El RUMV fue cerrado para adultos sin una política de reemplazo y la decisión era justificada bajo la falsa premisa que le emergencia y aquellas condiciones que generaron una expulsión de esta magnitud empezaban a normalizarse. El sistema de refugio, por su parte, se encontraba colapsado, más de 29.500 solicitudes de asilo acumuladas para 2024, muchas sin respuesta desde hace más de cinco años y una tasa creciente de desaprobación, durante ese mismo año se aprobaron poco más de 100 solicitudes y se negaron cerca de 650.
Este estancamiento no es solo administrativo, es estructural. Aunque la Declaración de Cartagena, incorporada al ordenamiento jurídico colombiano, amplía la definición de persona refugiada a quienes huyen de violaciones masivas de derechos humanos y del colapso del orden público, en la práctica el proceso de reconocimiento de refugio en Colombia y en la región es profundamente restrictivo. Las personas venezolanas cumplen claramente con los criterios de esta definición ampliada. Sin embargo, de los casi 8 millones de personas venezolanas en el mundo, menos de 400.000 han sido declaradas formalmente como refugiadas, y en Colombia ese número sigue siendo marginal, una excepcionalidad.
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La Visa V, una salida restringida
En lugar de fortalecer los mecanismos existentes de carácter especial, el Estado optó por crear uno nuevo. En diciembre de 2024, se expidió la Resolución 12509 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dio origen a una nueva categoría, la Visa V Visitante Especial, dirigida exclusivamente a personas venezolanas en situación irregular que hubieran ingresado antes del 4 de diciembre de ese año.
Desde su anuncio en septiembre del mismo año parecía una alternativa de regularización. En la práctica, sus requisitos la convierten en un filtro excluyente, con requisitos imposibles de cumplir, especialmente por aquellas personas que tuvieron que ir perseguidas después del 28 de julio. Además, los altos costos que representa completar los requisitos sin garantía de aprobación y sin un enfoque diferencial para personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres cabeza de hogar, población LGBTIQ+ o adultos mayores. Sin dejar de mencionar la exigencia que para la fecha de expedición de dicha resolución ya se debían encontrar en situación irregular.
Este nuevo instrumento no reemplaza al ETPV, no articula con el sistema de refugio y no responde a las recomendaciones de organismos internacionales. Es una visa diseñada desde una lógica de administración migratoria restrictiva, no desde la protección. Tal parece que el gobierno colombiano ha optado por asumir prácticas restrictivas veladas.
A lo anterior se suma el debilitamiento institucional, Migración Colombia enfrenta rezagos administrativos, carencia de personal técnico que ha llevado a huelgas de su personal y desarticulación con las autoridades locales. Las ventanillas virtuales no dan abasto y los canales presenciales han sido restringidos.
La desprotección como práctica
Lo que antes fue una política de puertas abiertas, con reconocimiento internacional y liderazgo regional, hoy se ha transformado en un diseño de contención. No hay un cierre oficial, pero sí hay una estrategia de desgaste burocrático y exclusión silenciosa que arroja a las personas a una zona gris, muestra de ello son las más de 450.000 personas que se encuentran en irregularidad en territorio colombiano. El mensaje es claro, no se trata de impedir la entrada, sino de hacer inviable quedarse y mucho menos una integración efectiva.
Este giro ocurre mientras Venezuela atraviesa uno de sus momentos más complejos. Tras las elecciones del 28 de julio de 2024, se profundizó la represión, se incrementaron las detenciones arbitrarias y se reactivó el éxodo de personas perseguidas, activistas y defensoras de derechos humanos. El contexto de protección no ha mejorado, se ha deteriorado. Pero Colombia responde con mayor rigidez, no con mayor solidaridad, justificando además que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas eliminaron las barreras de acceso a documentos para las personas venezolanas.
Por ello, no resulta menor la preocupación que se deriva del último informe Tendencias Globales 2024 del ACNUR, que confirma lo que ya es evidente desde el terreno, el mundo vive una crisis de desplazamiento sin precedentes, con 123,2 millones de personas forzadas a huir por conflictos, persecución y violaciones a derechos humanos. Venezuela se mantiene, junto a Siria, Afganistán, Sudán y Ucrania, entre los cinco principales países de origen de personas refugiadas y solicitantes de protección internacional.
Hacia dónde va Colombia
Colombia no ha hecho un anuncio formal de cambio de política. Pero lo ha ejecutado en la práctica. Ha cerrado el acceso al PPT, ha precarizado el refugio, ha creado una visa de acceso limitado y ha normalizado la irregularidad funcional de cientos de miles de personas.
La consecuencia de este giro no es solo jurídica, es profundamente social. Al quedar sin documentación, las personas migrantes pierden el acceso a derechos básicos, son más vulnerables a redes de trata, trabajo forzoso o violencia, y se enfrentan a una creciente estigmatización, más aún en un contexto nacional muy complejo en donde se encuentran activos ocho conflictos armados al mismo tiempo.
El dilema deshumanizante del que se habla desde hace unos años ya no es una elección entre dos figuras insuficientes, es la imposibilidad de acceder a cualquiera. Urge retomar la ruta de la protección con enfoque de derechos y no como un gesto de solidaridad, sino como una obligación del ordenamiento interno e internacional.
*Nastassja Rojas Silva es politóloga e internacionalista. Consultora y profesora universitaria en Derechos Humanos y migración.
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