Colombia negocia control de activos venezolanos para compensar expropiaciones de Chávez
La presencia de Cementos Argos, cementera de Colombia, en la costa venezolana podría simplificar la exportación de cemento a Estados Unidos, pero pasaría por la tramitación de una licencia de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)
Los gobiernos de Colombia y de Venezuela se encuentran en conversaciones para determinar la compensación que recibirán al menos dos empresas colombianas cuyos activos en Venezuela fueron expropiados durante la administración del fallecido presidente Hugo Chávez, por lo que estas compañías podrían adquirir industrias en Venezuela que se encuentran en control del Estado como parte de un acuerdo para evitar llevar el caso a tribunales internacionales.
El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña, confirmó a Bloomberg la existencia de estas negociaciones, que parecen estar en una etapa avanzada, pues incluso se identificaron los activos que podrían pasar al control de una de las compañías afectadas, Cementos Argos S.A.
De acuerdo con la conversación que tuvo Umaña con Bloomberg, Cementos Argos podría tomar posesión de una planta de cemento perteneciente al Estado, que se encuentra cerca de la costa venezolana.
Aunque el funcionario colombiano no especificó a qué estatal se refería, una de las cementeras más importantes bajo control del Estado es Venezolana de Cementos (Vencemos), que se ubica cerca de Pertigalete, una zona portuaria de Anzoátegui.
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Con respecto a estas conversaciones, el presidente de Cementos Argos, Juan Esteban Calle, recalcó al medio colombiano Semana que la situación no se ha resuelto y la compañía sigue a la espera de que se cumpla su solicitud de indemnización.
«En cumplimiento de la responsabilidad con sus accionistas y grupos de interés, Argos mantiene su optimismo y seguirá avanzando en el proceso judicial de reclamación ante Venezuela, con la confianza del derecho que le asiste y la apertura a explorar todas las alternativas y mecanismos para lograr la compensación efectiva por la confiscación de sus activos», declaró a Semana.
Cementos Argos es una de las cementeras más importantes de Colombia, teniendo una cuota de mercado de aproximadamente 35%, además de destacar como el cuarto gran productor de cemento en Estados Unidos, después de que combinaran sus operaciones con la estadounidense Summit Materials este año.
La presencia de Cementos Argos en la costa venezolana podría simplificar estas operaciones, al tener una mejor posición estratégica para la exportación de cemento a Estados Unidos. Sin embargo, necesitaría una licencia de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) similar a las que recibieron las petroleras Chevron, Eni, Repsol y Maurel & Prom para exportar crudo proveniente de sus operaciones en Venezuela.
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La expropiación de Cementos Argos se produjo el 13 de marzo de 2006, mediante la toma de una planta que operaba en Monay, estado Trujillo. Por aquel entonces, Chávez justificaba su decisión con el argumento de que «el cemento es del pueblo» y las cementeras debían priorizar su distribución al Estado para dar cumplimiento al proyecto socialista.
Bajo la misma premisa, llevó a cabo un aluvión de expropiaciones durante los siguientes años, que acabaron con decenas de trasnacionales acudiendo a tribunales internacionales reclamando compensaciones. Estos procesos han contribuido al engrosamiento de una deuda de miles de millones que Venezuela mantiene en el panorama internacional.
Dentro de este grupo de afectados, se encuentra la segunda compañía amparada por Colombia en estas conversaciones con Venezuela. Se trata de la exportadora de azúcar Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles (Ciamsa), originaria de Cali. Esta empresa era propietaria del Central Azucarero del Táchira C.A. (Catza), ubicado en Ureña, que recibió una orden de expropiación el 28 de abril de 2010.
En el caso de Ciamsa, no ha trascendido información sobre la entrega de alguna planta o corporación venezolana a modo compensación, pero figura como una de las empresas involucradas en estas negociaciones, con la espera de que la situación alcance una conclusión sin llegar al sistema judicial internacional.
Estas conversaciones son posibles gracias a la reinstauración de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Venezuela y Colombia, proceso que inició cuando Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia, en agosto de 2022.
