Colombia suspende a Alvaro Leyva por irregularidades en una licitación
El Ministerio Público de ese país publicó un comunicado en el que aseguró que el ministro de Relaciones Exteriores deberá defenderse en juicio por dos faltas disciplinarias que calificó a título de dolo. La Procuraduría tomó la decisión de suspender al canciller Leyva “en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería
La Procuraduría General de Colombia suspendió por tres meses al canciller Álvaro Leyva. El organismo llamó a juicio disciplinario al funcionario por el caso que se adelanta en su contra por, presuntamente, extralimitarse en el cumplimiento de sus funciones al no entregar una licitación a una empresa que ya la había ganado.
El Ministerio Público de ese país publicó un comunicado en el que aseguró que el ministro de Relaciones Exteriores deberá defenderse en juicio por dos faltas disciplinarias que calificó a título de dolo.
El primer cargo tiene que ver con el hecho de que la Cancillería declaró desierta la licitación para encontrar quién se haría cargo de la fabricación de pasaportes que, durante años, ha manejado la compañía Thomas Greg & Son. Para la Procuraduría, el canciller Leyva no habría tenido los “fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”, explicó el Ministerio Público.
Y el segundo está relacionado con la decisión que tomó la Cancillería de decretar la urgencia manifiesta, luego de que esa misma entidad declarara desierta la licitación. El problema, para la Procuraduría, es que Leyva, al parecer, no tenía los argumentos para haber declarado esa urgencia, pues en el proceso de licitación sí había una empresa que cumplía con los requisitos exigidos por el Estado para quedarse con el contrato. Thomas Greg & Sons.
La Procuraduría tomó la decisión de suspender al canciller Leyva “en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y que funge como nuevo director del nuevo proceso contractual que se adelante para la gestión de pasaportes”.
En esta decisión de la Procuraduría, además, el Ministerio Público archivó la investigación que por estos mismos hechos se adelantaba contra el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez.
Desde septiembre de 2023, el ministro de Relaciones Exteriores y el secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez, están bajo la lupa de la Procuraduría por las presuntas irregularidades que se presentaron que llevaron a que la Cancillería declarara desierto el proceso de licitación de pasaportes.
Se trata de un contrato de $600 mil millones para suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana.
La licitación fue declarada desierta el pasado 13 de septiembre por el propio ministro de Relaciones Exteriores, en medio de los reparos que se habían presentado porque el único oferente era Thomas Greg & Sons, empresa que se ha ganado el contrato los últimos 16 años, reseñó El Espectador.
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