Colombia y Chile manifiestan inquietud ante despojo de nacionalidad en Nicaragua
Gobiernos de Colombia y Chile expresaron rechazo y preocupación ante el despojo de nacionalidad a más de 300 nicaraguenses que adversan la administración de Daniel Ortega. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia lamentó la iniciativa gubernamental de promover la reforma de los artículos de la Constitución Política de Nicaragua que regulan las condiciones de adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad. Por su parte, la canciller de Chile, Antonia Urrejola, aseguró que seguirán denunciando la situación y brindarán apoyo a los perseguidos
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifestó su preocupación por las recientes medidas tomadas en Nicaragua contra las personas que adversan a la administración de Daniel Ortega de despojarle la nacionalidad a 316 personas que adversan a quienes ostentan el poder.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia destacó que «las medidas que vulneran el derecho a la nacionalidad, están contemplados en un conjunto de instrumentos jurídicos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos del que Nicaragua forma parte».
Asimismo, resaltó la importancia que tiene para el diálogo nacional, la decisión de excarcelar a 222 ciudadanos el pasado 9 de febrero y trasladarlos a los Estados Unidos, por lo que hizo un llamado para que en Nicaragua «se generen medidas de confianza que contribuyan a la reconciliación nacional, al respeto del Estado de derecho y al bienestar del pueblo nicaragüense».
En el documento, el Gobierno de Colombia también lamentó «la iniciativa gubernamental de promover en la Asamblea Nacional la reforma de los artículos de la Constitución Política que regulan las condiciones de adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad”.
Dictadura que persigue
Por su parte, la canciller de Chile, Antonia Urrejola, dijo que la situación en Nicaragua “es de la más alta gravedad”. “Nos parece que lo que se está conformando hace ya varios años, y los hechos de las últimas semanas lo demuestra, es que cada día más se trata de una dictadura totalitaria donde se persigue cualquier tipo de disidencia”.
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Urrejola ha seguido de cerca la crisis de derechos humanos en Nicaragua, desde 2018. Antes de llegar a la Cancillería chilena, fungió como presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y como relatora para Nicaragua de esa organización.
Aseguró que “desde Chile no solo vamos a seguir denunciando esta situación, vamos a seguir haciendo las acciones que correspondan para apoyar en primer lugar a estas personas que están siendo perseguidas, pero también para apoyar la democratización en Nicaragua. Esperamos que el resto de la comunidad internacional esté a la altura”, sostuvo.
En los últimos ocho días, 317 nicaragüenses fueron despojados de su nacionalidad, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado por el Gobierno del DanielOrtega junto a 222 presos políticos excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos.
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En una nueva lista de 94 nicaragüenses declarados apátridas, anunciada el miércoles 15 de febrero, figuran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; el director de CONFIDENCIAL y Esta Semana, Carlos Fernando Chamorro, y su esposa Desirée Elizondo; el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez; la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez; y el excomandante de la revolución Luis Carrión.
Según la resolución del magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez, estos nicaragüenses habían sido acusados por el Ministerio Público por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y de la comunicación, todo en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.
