Comisión especial de la AN debe crear mecanismos para nombrar contralor
Los parlamentarios acordaron la conformación de otra instancia especial para dar seguimiento a la cooperación internacional con respecto a la ayuda humanitaria
La Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo donde se crea una comisión especial con el objetivo de buscar los mecanismos para designar un contralor especial, tras las denuncias de presunta malversación de fondos destinados a la atención de militares venezolanos exiliados en Colombia.
La presunta malversación de fondos, y que se ha confundido con recursos y donaciones para ayuda humanitaria según Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, ascendería a 90.000 dólares que serían utilizados para el pago de alojamiento y alimentación de entre 103 y 140 militares que solicitaron refugio en Colombia, luego de desconocer el régimen de Nicolás Maduro.
Por ello, los diputados ratificaron en el acuerdo su lucha contra la cleptocracia y manejo irregular de patrimonio público y de «cualquier ejercicio arbitrario de funciones inherentes al Estado».
La investigación respecto a estas denuncias será investigada por la Comisión permanente de Contraloría, presidida por el diputado Freddy Superlano, actualmente «en resguardo» y a quien funcionarios de Maduro acusan de utilizar fondos de la ayuda humanitaria con objetivos personales.
Además, los parlamentarios acordaron la conformación de otra instancia especial, compuesta por los jefes de las fracciones de la AN, para dar seguimiento a la cooperación internacional con respecto a la ayuda humanitaria.
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Sobre este punto, el mandatario encargado reiteró que no tolerará «ningún acto que vaya en contra de los venezolanos», como sí lo ha hecho el régimen de Maduro, al tiempo que recordó que cuando el Parlamento venezolano investigó a Rafael Ramírez en 2017 por supuesta corrupción dentro de Pdvsa, los funcionarios chavistas impidieron que avanzaran estas gestiones.
Guaidó, que intervino mientras el hemiciclo de sesiones se encontraba a oscuras por culpa de un bajón de luz, dijo que hay una «campaña sucia» a la que se sumó el fiscal impuesto por la asamblea constituyente, para inculparlos por malos manejos de la ayuda humanitaria que se ha recolectado en la ciudad fronteriza de Cúcuta.
Por su parte, el diputado Alfonso Marquina dijo que los parlamentarios deben ser «garantes» de que no se cometan este tipo de actos y se use «siquiera un dólar de manera indebida y que estaba destinada para la ayuda a la población más vulnerable en Venezuela».
Marquina resaltó que el poder Legislativo, en manos opositoras desde 2016, no maneja este tipo de recursos con el objetivo de garantizar transparencia y tampoco se participó en el reparto de ayuda humanitaria para «evitar que se use como chante político hacia la población».
Mientras que Carlos Berrizbeitia aseveró que «Venezuela necesita un sacudón moral», pues «no solamente con discursos vamos a combatir la corrupción». En específico, el diputado se refirió a la los nulos avances de una comisión especial creada hace dos meses con el objetivo de investigar un supuesto entramado de corrupción con la empresa Globovisión, debido a que ni siquiera se han reunido sus integrantes.
Visita de Bachelet
En la sesión ordinaria del martes 17 de junio, donde nuevamente los trabajadores de la prensa tuvieron problemas para ingresar debido a la negativa de funcionarios de la Guardia Nacional, se discutió la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a realizarse entre el 19 y el 21 de junio.
En la visita de Bachelet, por mandato del Consejo de DDHH de la ONU, se espera que se reúna con funcionarios de la administración Maduro, la Asamblea Nacional, víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, además de organizaciones de la sociedad civil y líderes religiosos.
Durante la discusión del proyecto de acuerdo sobre las actuaciones del Parlamento ante la visita de la Alta Comisionada, el diputado José Trujillo denunció el traslado irregular de presos políticos que se encontraban en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) a las cárceles de La Pica y Ramo Verde.
Trujillo comentó que es probable que en la semana no se den nuevas arremetidas contra la inmunidad de diputados, «pero después que se vaya Bachelet nos seguirán rebanando poco a poco».
El diputado Enrique Márquez calificó la visita de la funcionaria de la ONU como una «oportunidad de oro» para contribuir a una solución pacífica a la crisis venezolana, además de significar un «antes y después» en la relación de Venezuela con la Oficina para los Derechos Humanos.
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A pesar de ello, solicitó que Bachelet «no se quedara en Caracas. Que vaya a Maturín, a Puerto Ordaz, y por amor de dios que vaya a Maracaibo para que vea las condiciones de vida infrahumana. Que vaya a estos sitios, que vaya a la frontera para que vea como la gente sufre para cruzarla, una gente que no sale por hedonismo si no por culpa de un país donde no consiguen estabilidad».
Entre los puntos acordados por la Asamblea Nacional está solicitar a la Alta Comisionada sus buenos oficios para lograr la liberación de presos políticos, entre ellos los diputados Edgar Zambrano y Juan Requesens, además de cesar la persecución contra aquellos parlamentarios en el exilio, a resguardo o que se encuentran en sedes de embajadas.
Los diputados reiteraron que es necesario el ingreso de la ayuda humanitaria con el objetivo de apoyar a la población más vulnerable afectada por el emergencia humanitaria compleja, y se comprometen a redactar un informe sobre la situación de los derechos humanos en medio de la crisis social, económica,
de servicios públicos, salud, educación, libertad de expresión, alimentaria y persecución política.
Además, insistirán a Bachelet sobre la conveniencia de crear una Oficina «para fortalecer el sistema de prevención de las violaciones de los Derechos Humanos, así como su promoción y protección en nuestro territorio».
