Comité de Madres pide a tribunales revisar los expedientes de presos poselectorales
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad solicitó la liberación inmediata o se concedan medidas humanitarias en favor de los presos poselectorales. Para los familiares, «la inmensa mayoría de las personas que fueron detenidas no se encontraban cometiendo ningún delito en flagrancia, ni existió sobre ellas ninguna orden judicial»
Un grupo de madres y familiares de presos políticos, detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024, protestó en las cercanías del Palacio de Justicia de Caracas este miércoles 11 para exigir la revisión de los expedientes y la liberación inmediata de cada uno de ellos.
«Vemos con mucha preocupación que los meses pasan y las liberaciones no llegan. Nos preguntamos por qué. Nuestros muchachos son inocentes. No hay ningún sustento probatorio que justifique los graves delitos de los que los están acusando. Nuestros muchachos no son terroristas», afirmó la activista Martha Lía Grajales, del colectivo Surgentes, a las afueras del Palacio de Justicia.
En un documento, dirigido a la presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, Carolina Molinos, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad señaló que han ocurrido «graves violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa», al tiempo que advirtieron «las difíciles condiciones de reclusión» en las que se encuentran los presos poselectorales.
Debido a esto, solicitaron la liberación inmediata o se concedan medidas humanitarias en favor de los presos poselectorales. Para los familiares, «la inmensa mayoría de las personas que fueron detenidas no se encontraban cometiendo ningún delito en flagrancia, ni existió sobre ellas ninguna orden judicial».
Tras las protestas en rechazo a los resultados de las presidenciales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, donde se proclamó la reelección de Nicolás Maduro, las autoridades desataron una ola represiva y al menos 2.400 personas fueron detenidas de forma arbitraria, entre ellos decenas de adolescentes y personas de la tercera edad.
Según la Fiscalía, hasta la fecha se han excarcelado a 2.006 presos poselectorales con medidas cautelares.
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Las más de 300 personas que permanecen detenidas por estos hechos, acusados en su mayoría de delitos como terrorismo o incitación al odio, se encuentran encarceladas en los penales de Tocorón (Aragua), Tocuyito (Carabobo) y sedes de comandos policiales.
El Comité reiteró que un «gran número» de detenidos «ni siquiera se encontraba participando» en las protestas. Tras su arresto, «fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración», debido a la negativa de las autoridades de informar sobre sus lugares de reclusión.
#11Julio Palacio de Justicia en #Caracas. Concentración de madres y familiares de cientos de jóvenes de sectores populares que permanecen injustamente detenidos, encarcelados en el contexto post 28J. Exigen libertad para sus hijos. pic.twitter.com/JKQd02X78p
— La Izquierda Diario Venezuela (@LaIzqDiario_VE) June 11, 2025
También señalaron que no se les ha permitido acceso a un abogado de confianza, y «muchas audiencias» de presentación se realizaron por «vía telemática y colectiva», sin «la debida individualización de los hechos atribuidos a cada persona detenida».
«Durante la fase de investigación, (los defensores públicos) promovieron pocos o ningún medio probatorio a favor de las personas a quienes, en teoría, les corresponde defender», afirmó el Comité.
Además, las madres denunciaron «indignas condiciones de reclusión» en la cárcel de Tocorón, donde han contraído enfermedades como dengue, infecciones urinarias o gastritis, además de los castigos físicos y aislamiento al que son sometidos por parte de los custodios.
Dijeron que «muchos» de los detenidos «presentan síntomas de deterioro de su salud mental: depresión, ansiedad, trastornos del sueño, intentos de suicidios».
Con información de agencia EFE
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