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Comité de Postulaciones no cumple con la Constitución, asegura Súmate



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José Luis Carrillo | febrero 10, 2021

La ONG de derechos electorales aseguró que al menos 15 de los 21 integrantes de la instancia que deberá escoger a los nuevos rectores del CNE están vinculados o tienen una relación de subordinación con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), por lo que no se podrá garantizar la debida imparcial de la nueva directiva del máximo ente comicial


La Asociación Civil Súmate expresó este miércoles 10 de febrero que el proceso de conformación del Comité de Postulaciones Electorales no cumplió con lo establecido en la Constitución y las leyes, por lo que no se puede garantizar que la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) cumpla con los requisitos de imparcialidad.

A través de un comunicado de prensa, Súmate reitera su posición, en cuanto a que, para volver a tener elecciones libres, competitivas, justas y transparentes en Venezuela, es necesario que los Poderes Públicos y actores políticos se sometan al imperio de la Constitución y leyes de la República, en donde están establecidas explícitamente las reglas para “la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos.”

La ONG destaca que una de las primeras condiciones para ello es que los integrantes del organismo que tiene la competencia constitucional y legal de “convocar y organizar elecciones” sean independientes e imparciales en su origen como en su desempeño, tal como lo exigen los artículos 296 de la Constitución de la República y 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).

Proceso cerrado

Destaca Súmate que en el proceso a seguir para la designación del nuevo directorio del CNE, ha reinado la opacidad y la ausencia de debate nacional en su primera fase, que terminó el nueve de febrero con la juramentación de los integrantes del Comité de Postulaciones Electorales (CPE), cuando según el marco legal del país, este proceso debe ser abierto al escrutinio público.

Añadió el texto difundido que, ya de por sí, los integrantes de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro (AN-Parlamento) que formaron parte de la comisión preliminar y ahora son parte del CPE, están cuestionados, porque sus cargos fueron producto de un proceso electoral que vulneró y estuvo al margen de los principios y garantías electorales establecidos en la Constitución y leyes de la República.

Agrega el documento que esta opacidad en esta primera fase del proceso de conformación del CPE se evidencia al desconocerse hasta el momento cuáles fueron las organizaciones de la sociedad civil que postularon candidatos a integrar el CPE, ni cuáles fueron los criterios para la selección de los miembros por la sociedad civil, a lo cual se agrega que hasta la fecha no se ha podido tener acceso al informe final de la Comisión Preliminar del CPE, el cual debió ser publicado en aras de la transparencia que requiere un proceso de gran interés nacional como es la designación de autoridades del Poder Electoral, tal como lo exige el artículo 62 de la Constitución de la República.

Cero pluralidad y diversidad

Súmate afirma que, en la constitución del Comité de Postulaciones Electorales, que tiene como función la selección de los candidatos independientes e imparciales a Rectores del CNE; se incumplió con la obligación constitucional de la pluralidad y diversidad exigida en los artículos 295 de la Constitución de la República y 19 de la LOPE, ya que por lo menos 15 de los 21 integrantes del CPE son militantes del PSUV o tienen relación de subordinación con altos funcionarios.

Las observaciones de la ONG a esta primera fase son:

  1. La instancia previa al Comité de Postulaciones Electorales (CPE), como fue la Comisión Preliminar, fue conformada por 11 integrantes del cuestionado parlamento nacional 6D 2020, sin el requerido equilibrio y proporcionalidad. Al revisar su procedencia política se encuentra que 8 de ellos son militantes del PSUV, con un peso de más del 75 por ciento en la instancia previa, y el resto representa a partidos minoritarios, entre ellos algunos de los intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

 

  1. La integración de la Comisión Preliminar tampoco refleja la realidad política nacional, ya que 8 de sus integrantes provienen de la Lista de Adjudicación Nacional (cargos que no existen ni tienen fundamento en la Constitución de la República y que no fueron electos por voto directo), y los otros 3 representan a igual número de estados (Anzoátegui, Cojedes y La Guaira), sin gran peso poblacional y electoral. Es oportuno señalar que entre los integrantes de la Comisión Preliminar no hay expertos ni especialistas en la función electoral, y quien la presidió es una persona que proviene del sector militar.

 

  1. De los 10 integrantes que representan a la Sociedad Civil en el CPE, seleccionados por la Comisión Preliminar y aprobados por el cuestionado parlamento, hay siete vinculados al PSUV y/o en relación de subordinación en organismos del gobierno nacional. Al revisar la hoja de vida de cada una de ellos resalta que dos de ellos fueron hasta diciembre de 2020 constituyentes, es decir provienen del PSUV; uno es rector de una universidad pública y presidente de la Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL), afín al gobierno nacional; otro es Rector de una universidad privada y a la vez “asesor jurídico del Tribunal Supremo de Justicia, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República y de la Fiscalía General de la República”; y las personas en representación del sector de los estudiantes, los trabajadores y de los pueblos indígenas también están vinculadas al PSUV y ejercen o han ejercido  cargos de en organismos bajo la dirección de altos funcionarios del gobierno nacional.

Parcializado

La Asociación Civil considera que al actual CPE, el cual a todas luces es parcial y afín a los intereses del gobierno nacional, le será muy cuesta arriba cumplir con la responsabilidad de preseleccionar únicamente a aquellas personas postuladas como candidatos a Rectores del CNE que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 296 de la Constitución de la República y 9 de la LOPE, entre ellos “no estar vinculadas a organizaciones con fines políticos” y tener amplia experiencia o estudios de Postgrado en el área electoral o en materias afines.

En este sentido, reitera la ONG que la designación de los Rectores del CNE sin mediar un verdadero consenso entre las fuerzas políticas, con la participación de todos los sectores de la vida nacional y respetando no solo los procesos legales sino los requisitos constitucionales de imparcialidad de los nuevos Rectores, derivaría en un nuevo CNE sin la capacidad política de dar cumplimiento cabal a los principios de imparcialidad, transparencia y participación ciudadana ya aludidos.

Para Súmate, la situación actual demanda en primer lugar, la conformación de un CNE, integrado por ciudadanos con Independencia Política, Solvencia Moral y Ética, así como también con Competencias Profesionales y Técnicas, que permitan reconstruir la confianza en el sufragio como mecanismo para la resolución de conflictos en democracia, en el voto como espacio de encuentro y de expresión política, en la participación ciudadana como paladín del pluralismo y el respeto institucional, además de devolver a las elecciones su importancia como herramienta para la transferencia del poder político del soberano hacia los cargos de elección popular; y en segundo lugar, que los poderes del Estado en manos del PSUV restituyan las garantías necesarias para la organización de los procesos electorales pendientes y por venir.

 

Lea también: Mientras la oposición lidia por condiciones electorales, las regiones tienen sus aspirantes

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