Cómo Chile está integrando la voz infantil en la gobernanza digital, por Latinoamérica21
Autores: Bárbara Freire Albornoz, Claudia Alarcón López, Katrina Matheson
¿Qué tienen en común un laboratorio escolar, un centro de datos de última generación y un consejo formal de niñas, niños y adolescentes? La respuesta es cada vez más clara: las infancias digitales tienen capacidad para aportar visiones frescas y fundamentadas e incidir en decisiones que marcarán su futuro.
El 30 de junio de 2023, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile (MinCiencia) creó el primer Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes (CNNA), con 16 representantes; el CNNA se renovará este año y tendrá representatividad de todas las regiones y garantizará paridad de género.
Este hito va más allá del simbolismo: reconoce que los «nativos digitales» no solo consumen tecnología, sino que también pueden diseñar políticas más sostenibles e inclusivas. Comprenden intuitivamente los riesgos y oportunidades del entorno digital, y, lo más importante, quieren ser escuchados, representar sus ideas y ser factor de cambio, en la toma de decisiones políticas.
Con esta iniciativa, Chile da un paso firme hacia el cumplimiento del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, que establece el derecho de niñas y niños a expresar su opinión en todos los asuntos que les afecten.
Y razones no faltan: la infraestructura digital del país ha crecido de forma exponencial, con una capacidad instalada de centros de datos que pasó de 35 MW en 2013 a 198 MW en 2023. Se prevé que esta cifra se triplique en cinco años. Para enfrentar este auge, el Gobierno sometió a consulta ciudadana el Plan Nacional de Data Centers. También lanzó en 2021 la Estrategia de Desarrollo y Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático (Edttcc), orientada a la carbono neutralidad en 2050, y un marco metodológico que integra actores estatales, sociedad civil y ciencia. Pero en estos procesos, las voces de niños, niñas y adolescentes (NNA) han estado ausentes.
Los NNA de hoy son nativos digitales, cuya socialización y aprendizaje han ocurrido en entornos hiperconectados.
Un informe de Unicef de 2021 estimó que uno de cada tres usuarios de internet es menor de edad y subrayaba la necesidad de incorporar sus perspectivas para equilibrar riesgos y oportunidades de la era digital. No se trata de ceder decisiones complejas, sino de aprovechar su experiencia directa: conocen mejor que nadie las brechas de acceso, las fallas de privacidad y los límites y posibilidades de la inteligencia artificial. Su participación no es solo un derecho, es una oportunidad para enriquecer el diseño de políticas públicas.
Chile, al formalizar un consejo de NNA, marca un ejemplo regional; además, ha comenzado a institucionalizar esa participación también a través del programa Explora del MinCiencia, que desde hace 30 años promueve la socialización del conocimiento y el pensamiento crítico en la comunidad educativa y que este 2025 cumple 30 años desde su creación.
Quienes afirman que «los niños no tienen la madurez suficiente» suelen subestimar el poder de una buena metodología participativa. La experiencia de Finlandia demuestra que, con formación y acompañamiento adecuados, niñas, niños y adolescentes pueden contribuir de manera rigurosa y efectiva.
Un ejemplo es el proyecto RuutiBudjetti, que desde 2013 amplió el presupuesto participativo de la ciudad de Helsinki al ámbito juvenil, permitiendo que mayores de 12 años propusieran y votaran el uso de fondos públicos. Lejos de ser un caso aislado, Finlandia ha institucionalizado espacios de codiseño con jóvenes, mostrando que la combinación de preparación técnica y apoyo experto genera propuestas creativas y factibles.
Para que otros países puedan seguir el ejemplo de Chile, es necesario avanzar en la creación de espacios reales de participación para niñas, niños y adolescentes (NNA) en sectores clave como la energía, el uso de datos o el cambio climático. Estos espacios deben asegurar una representación diversa, por regiones, género y condiciones socioeconómicas, y contar con metodologías adaptadas a sus edades y contextos.
Esto implica ofrecer talleres previos de formación técnica en lenguaje accesible, combinados con encuestas virtuales y diálogos presenciales moderados por expertos. De hecho, el propio Ministerio de Ciencia de Chile ha comenzado a institucionalizar esta lógica participativa en su Plan de Acción 2024-2032, bajo el marco de la Ley N.º 21.430 de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
Pero no basta con oírlos: sus propuestas deben incorporarse formalmente en políticas públicas, leyes marco e informes oficiales, y debe publicarse con transparencia qué tanto de lo sugerido por los NNA se implementa realmente. Además, este impulso puede ampliarse si se construyen redes internacionales de consejerías juveniles, articulando esfuerzos entre ministerios de ciencia de América Latina, Europa y Norteamérica para compartir experiencias, metodologías y proyectos conjuntos.
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Estas acciones no solo son necesarias, sino perfectamente viables. Chile ya ha demostrado que es posible convocar y estructurar un consejo de niñas, niños y adolescentes con respaldo institucional. Finlandia, por su parte, ha probado que invertir en formación y participación juvenil genera resultados concretos en términos de transparencia y bienestar colectivo.
Lo que ambos casos evidencian es que las infancias no son simples destinatarias de políticas públicas, sino agentes con saberes propios, inquietudes legítimas y derechos que ejercer. Incorporar sus voces no solo enriquece los procesos de toma de decisiones, sino que aporta creatividad, legitimidad democrática y una visión de largo plazo.
El futuro tecnológico y climático se está definiendo ahora mismo. Y es posible que sus protagonistas más visionarios aún no hayan cumplido 18 años. ¿Estamos dispuestos a escucharlos?
*Las autoras agradecen a la Dra. Alexandra Mallett, profesora asociada en la Escuela de Políticas Públicas y Administración (SPPA) de la Universidad de Carleton, por sus contribuciones.
Bío autoras
Bárbara Freire Albornoz cuenta con más de 25 años de experiencia en el ecosistema CTCI, especialista en participación ciudadana y comunicación científica. Encabeza la participación pública y vinculación con el medio en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile.
Claudia Alarcón López es científica interdisciplinaria enfocada en tecnologías emergentes y educación científica. Fundadora de Ciencia Sí , proyecto de comunicación pública de la ciencia. Experta en diplomacia científica y actual fellow del Centro de Diplomacia Científica del IAI.
Katrina Matheson es candidata a doctora en Estudios de Ciencia y Tecnología en la Universidad de York, Canadá. Becada de Política de Ciencia y Tecnología (STeP) del Instituto Investigación por el Cambio Global (IAI).
Coautora: María Schmukler es investigadora y profesora especializada en ciencia, tecnología y política. Asesora en cambio ambiental global, participación comunitaria y políticas de género, equidad, diversidad e inclusión.
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