Comunidad Lgbti protesta la «homofobia de Estado» por detenciones en Carabobo
Activistas de la comunidad Lgbti manifestaron su preocupación porque el Estado sostenga alianzas con grupos religiosos particulares que desencadenen persecución para este sector de la población. Protestaron frente a la sede del Ministerio Público para rechazar la aprehensión de 33 hombres que estaban en una sauna en Valencia, estado Carabobo
Un grupo de activistas y personas Lgbti protestaron este viernes 28 frente a la sede del Ministerio Público por la «homofobia estatal» tras la detención arbitraria de 33 hombres en el estado Carabobo.
Yendri Velásquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, aseveró que estas detenciones representan el escalamiento de la criminalización y persecución de personas Lgbti en el país.
«Esta es una política de criminalización y homofobia de Estado oporque hay que tener claro que estyo no es un hecho aislado. Han allanado cuatro lugares de esparcimiento desde 2021, aunado a la persecución que tienen funcionarios contra personas Lgbti en la calle, política de extorsión especialmente contra la población trans (…) Esto no fue un error de los policías, no es un error de la Fiscalía, es una política de discriminación que constituye una violación a los derechos fundamentales», insistió.
El activista destacó que estas 33 personas no cometieron delito alguno ni son imputables ante las acusaciones (ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica) que hicieron los fiscales durante la audiencia de presentación. «Estos compañeros estaban en un espacio de esparcimiento, ejerciendo su derechoa compartir, a disfrutar, incluso su derecho a asociarse (…) El chavismo se jacta de decir que derogaron la Ley de vagos y Maleantes pero esto es una burda copia sin sustento legal».
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También manifestó su preocupación en que estas detenciones sean consecuencia de las alianzas que ha establecido el Estado con grupos religiosos particulares. «Hay grupos que se han movilizado para atentar contra nuestra vida, nuestra identidad».
Dos activistas se reunieron con Karin García, directora de la Oficina de Derechos Humanos de la Fiscalía General, para solicitar el sobreseimiento inmediato de la causa, investigación a los funcionarios policiales, los fiscales y la juez, así como la investigación a los medios de comunicación y los periodistas que expusieron a estas personas.
La abogada Richelle Briceño aseguró que esto no solo afecta a personas Lgbti sino que afecta el ejercicio de los derechos sexuales de cada ciudadano. «¿Qué pasó en Valencia? Homofobia de Estado desde la detención, el proceso, la actuación de los fiscales y la juez. Todo ello fue homofobia de Estado porque los hechos no se circunscriben a ningún hecho penal del código venezolano».
Señaló que los fiscales y la juez sí cometieron delitos «al asociarse para imputar delitos aunque no existieron los hechos, además delitos cometieron los funcionarios policiales que participaron del procedimiento». Los activistas también informaron que está denuncian se lleva a instancias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los relatores especiales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
