Con la comida no se juega, por Gioconda Cunto de San Blas
Twitter: @daVinci1412
Hace pocos días, Luis Francisco Cabezas, director de la ONG Convite AC, manifestaba su angustia ante la diseminación de un bulo según el cual, todo en Venezuela «se está arreglando» cuando al contrario, la Emergencia Humanitaria Compleja, resultado de una conjunción de factores políticos, económicos y sociales, se cierne sobre 7 millones de personas y hace de la supuesta mejoría un espejismo, producto de burbujas de confort en sectores privilegiados de la sociedad.
Un informe publicado hace un par de semanas por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), titulado «Con la comida no se juega: graves violaciones al derecho humano a la alimentación en Venezuela», da fe de las inmensas dificultades que tenemos actualmente para salir del foso en el que hemos caído tras 23 años de desatinos gubernamentales, que nos han ubicado como el segundo peor país suramericano en el Índice de Desarrollo Humano.
El informe en cuestión se enfoca en un minucioso análisis del nivel de cumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho a la alimentación por parte del Estado Venezolano entre 2016 y 2021, en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, del cual es signataria Venezuela. Su lectura y las cifras allí presentadas desazonan al constatar, una vez más, nuestro desamparo en un país que hasta finales del siglo pasado tenía –con limitaciones, no cabe duda– récords envidiables de prosperidad en el concierto de los países latinoamericanos.
Así las cosas, la FIDH y Provea nos recuerdan que, en los últimos seis años, la economía venezolana se ha contraído en más del 80 por ciento de su producto interno bruto (PIB), una de las contracciones económicas más profundas fuera de contextos bélicos, traducida en un incremento exponencial de la pobreza.
Como quiera que el derecho a la alimentación está estrechamente relacionado con el derecho de acceso a otros recursos como la tierra, el agua y ciertos servicios básicos, los autores se remiten al informe de Seguimiento sobre los Impactos de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela el cual documenta que para 2021 ha caído en 90% el suministro de agua a través de la red de acueductos y 70% de la población enfrenta deficiencias en el servicio de agua potable, entre otras cifras. En cuanto al servicio eléctrico, la generación ha caído 74% por lo que se registraron 174.000 apagones en 2021 que afectaron al 74,2% de la población.
Todo esto, consecuencia de la desinversión en la infraestructura básica, representa una clara violación de la obligación que tiene el Estado venezolano de facilitar las condiciones indispensables para la salud y la alimentación de los venezolanos, según lo afirma la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en Venezuela (OCHA).
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El irrespeto del régimen a los compromisos adquiridos en el Pacto de Derechos de la ONU ha impedido el acceso a una alimentación adecuada, a pesar de que la seguridad alimentaria en Venezuela tiene rango constitucional (art. 305) desde 1999. Los múltiples controles en la Ley de Costos y Precios Justos (2014), la Ley de Abastecimiento Soberano (2017), la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP, programa de distribución de algunos alimentos básicos importados desde 2016) y otras legislaciones, incidieron en la caída de la producción local en los principales rubros agrícolas y en la consiguiente escasez de alimentos.
Al dejarse de aplicar el Codex Alimentario de la FAO y suspendidos los controles sanitarios de los productos importados, la política de distribución de alimentos subsidiados a través de los CLAP resulta en un vínculo clientelar y de dependencia para mantener el control político en un contexto de conflicto social.
El informe FIDH/PROVEA destaca la participación creciente de las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, que pasó de 61 en 2019 a 144 en 2021, para atender 98 y 223 proyectos, respectivamente. Paralelamente a permitir un tímido ingreso del Programa Mundial de Alimentos, el régimen intensifica desde 2020 medidas restrictivas para el normal desenvolvimiento de las organizaciones humanitarias (Acción Solidaria, Alimenta la Solidaridad, Convite AC, Azul Positivo, entre otras), víctimas del apetito represivo del régimen.
El informe FIDH/PROVEA cierra con recomendaciones al Estado venezolano y a terceros países. Entre los primeros, facilitar la acción humanitaria de las organizaciones, trabajar en conjunto con el sector privado y la sociedad civil para reactivar el sistema alimentario. Y entre los segundos, exhortar en el seno del Consejo de Derechos Humanos al Estado venezolano a permitir la visita de 10 relatores de los procedimientos especiales, entre ellos, al Relator sobre el Derecho a la Alimentación y al Relator sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos.
Lo que está en juego es la salud de los venezolanos, no es poca cosa.
Gioconda Cunto de San Blas es Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Investigadora Titular Emérita del IVIC.
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