Condenan a 17 años de prisión a Berman José Vega por la masacre de Yumare
Por la masacre de Yumare, ocurrida en mayo de 1986 en el estado Yaracuy, aún quedan pendientes las órdenes de aprehensión contra ocho personas, informó el fiscal Tarek William Saab
El fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó la tarde de este martes 22 la condena contra Berman José Vega a 17 años y cuatro meses de prisión, por su responsabilidad como «ejecutor» en la masacre de Yumare.
En una publicación en sus redes sociales, el fiscal indicó que Vega, uno de los 45 señalados por estos hechos, fue condenado por los delitos de homicidio calificado con premeditación y alevosía, por motivos fútiles e innobles, en grado de complicidad correspectiva.
En febrero de este año se conoció la condena contra Ramón Celestino Rojas a 16 años y ocho meses de prisión, aunque el fiscal señaló en su publicación que la medida se dio en agosto de 2022.
También indicó que están vigentes las órdenes de aprehensión contra los ciudadanos Raúl Yohan Fernández, Oswaldo Alexander Ramos, Eugenio Rafael Creazzola, Freddy Ali Granger, Aníbal José Adán Quero, Alexis Ramón Sánchez, Williams Mauricio Prado y Henry Rafael López Sisco.
El 8 de mayo de 1986, nueve dirigentes sociales y militantes de izquierda fueron capturados y posteriormente, asesinados por un comando de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), a las órdenes del entonces comisario Henry López Sisco, en la población de Yumare, en el estado Yaracuy.
Las autoridades indicaron que se trató de un enfrentamiento armado de un grupo de la Disip con un grupo guerrillero, que dejó como saldo nueve «guerrilleros» muertos y un funcionario herido.
Sin embargo, testigos afirman que Dilia Rojas, Nelson Castellanos, Ronald Morao, José Silva, Simón Romero, Luis Guzmán, Rafael Quevedo, Alfredo Castillo y Pedro Jiménez fueron detenidos, torturados y, posteriormente, ejecutados. Los funcionarios de la Disip les pusieron ropas militares encima de su ropa civil.
La ONG Provea asistió jurídicamente a los familiares de las víctimas para lograr desclasificar el expediente del caso, considerado secreto por el Ministerio de la Defensa.
En 2011 quedó desmontada la versión de los funcionarios cuando el general retirado del Ejército Alexis Sánchez Paz admitió su responsabilidad, por lo que fue condenado a 13 años de prisión.
