Condiciones electorales vs condiciones políticas, por Víctor Álvarez R.
Gracias al consultor en procesos electorales, Aníbal Sánchez (@AníbalSánchez), nos enteramos que los estándares internacionales de los procesos electorales están establecidos en las normas de estandarización ISO 54001 https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:ts:54001:ed-1:v1:es. Sánchez ha sido pionero en el análisis del estado actual de las garantías y condiciones electorales en Venezuela, a la luz de la norma ISO 54001.
ISO (por sus siglas en inglés) es la Organización Internacional de Normalización que opera como una federación mundial de organismos nacionales de normalización. La elaboración de las normas internacionales la realizan los comités técnicos de ISO. En materia de elecciones, cada país tiene su propio sistema electoral, el cual varía según su cultura y tradiciones, y está constituido por una gama de procesos interrelacionados a cargo de los organismos electorales, las organizaciones políticas y la ciudadanía.
Las garantías electorales tienen que ver con quién puede votar, quiénes son elegibles para cargos públicos, los requisitos para la inscripción de organizaciones políticas y sus candidatos, la logística electoral, la selección, el conteo y el registro exacto de votos, la declaración de resultados, la educación electoral, la fiscalización del financiamiento de la campaña y la investigación de las denuncias y resolución de conflictos electorales.
Por su parte, las condiciones electorales deben ofrecer a todos los competidores las mismas oportunidades de ganar o perder, sin ventajismos a favor de algunos de los candidatos o partidos, lo cual exige imparcialidad de los medios de comunicación, la no utilización de recursos del Estado a favor de una parcialidad política, la regulación de las campañas electorales e, incluso, la fiscalización de los fondos que financian a los diferentes candidatos.
A la luz de la norma ISO 54001, Aníbal Sánchez explica con claridad las condiciones políticas, técnicas, operativas, jurídicas y administrativas que deben cumplirse en Venezuela para celebrar elecciones a tono con los estándares internacionales que preserven el sufragio como un derecho humano. Votar es una expresión del derecho político a participar en los asuntos públicos y se basa en el principio de una persona, un voto, sin ninguna otra restricción que la que establezca la Ley.
El proceso electoral: mucho más que el acto de votación
La realización de elecciones periódicas, libres y justas a través del voto secreto es la clave de un sistema político democrático, cuya legitimidad está asociada a las garantías y condiciones electorales para que la ciudadanía pueda elegir libre y limpiamente a quienes ocuparán cargos públicos. La norma ISO 54001 establece que una condición básica para el proceso electoral es la inscripción del votante. La identificación del cumplimiento de requisitos y la inscripción de los votantes habilitados son esenciales para el proceso electoral. Al registrarse para participar en las elecciones, las organizaciones políticas y los candidatos formalizan legalmente su participación en el proceso electoral.
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La norma también plantea que los organismos electorales tienen que planificar la logística para el día de las elecciones con mucha antelación al evento electoral. Los factores clave en la logística son la distribución eficiente de los materiales electorales, el establecimiento de los centros de votación y el abastecimiento del equipo de votación. La emisión del voto y el recuento de votos son de primordial importancia, toda vez que sus resultados son precisamente los que reflejan la voluntad del electorado, constituyen la expresión de la soberanía popular.
La norma ISO 54001 subraya que el proceso electoral no se limita al acto de votación, sino que se extiende a las diferentes etapas del proceso electoral: antes, durante y después de la elección. Todas y cada una deben ser rigurosamente auditadas para que el proceso se cumpla de manera limpia y transparente y contribuya así a la legitimidad del poder electoral.
Cuando todo el proceso electoral –y no solo el acto de votación- se realiza de manera transparente y precisa, aumenta entonces la confianza en las elecciones y la aceptación de los resultados finales.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su artículo 63 establece que las elecciones deben ser libres, universales, directas y secretas. A la luz de la ISO 54001, y partiendo del aporte pionero que hace Aníbal Sánchez en su análisis, podemos desglosar las garantías y condiciones en los siguientes aspectos:
- Nombramiento de nuevas autoridades del CNE (295 y 296 CRBV) de acuerdo a lo establecido en los artículo 18 al 30 de la Ley del Poder Electoral.
- Universalidad: derecho al voto para todos los venezolanos, sin más limitación que las que imponen las leyes, lo cual comienza por la actualización del registro electoral permanente.
- Derecho del voto de los venezolanos en el exterior, o extranjeros en el país, según el tipo de elección.
- Certificación de las organizaciones con fines políticos de acuerdo a la Ley de Partidos (Artículo 10-15 y 26).
- Derecho político de elegir y ser elegido (Artículo 42 y 65 CRBV), lo cual pasa por restablecer los derechos políticos a los candidatos inhabilitados por la Contraloría.
- Garantizar todas las auditorías técnicas a partir de la validación de los protocolos con los técnicos de los partidos participantes, así como la contratación de auditores externos. (Artículo 160 y 161 LOPRE).
- Actualizar el Catastro de Centros a partir de los 14 mil centros y 30 mil mesas de votación del último Registro Electoral, con criterios de vecindad, inclusión y correcta selección de miembros mesas.
- Garantizar el ejercicio libre voto, lo cual implica impedir el acompañamiento indebido que pone en riesgo el voto secreto y directo.
- La observación internacional calificada en todas las etapas del proceso.
- Implementación de la contraloría y fiscalización electoral a fin de evitar abusos de poder e ilícitos electorales.
Condiciones electorales vs condiciones políticas
A pesar de las precarias garantías y condiciones electorales que prevalecen en Venezuela, ¿qué probabilidades tiene una oposición unida de ganar las elecciones parlamentarias? Según las encuestas, la situación del país es percibida como negativa por el 94% de la población, incluyendo a los seguidores del oficialismo. El 84% evalúa como mala la gestión de Maduro y quiere que deje el poder. Nuevamente la oposición tiene a su favor el cuestionamiento de los electores a la gestión del gobierno. Sin embargo, sus contradicciones internas la pueden llevar a perder una oportunidad mucho más clara que la de las Parlamentarias del 2015, cuando logró una aplastante victoria que luego no supo administrar y aprovechar.
La oposición venezolana está dispersa y plagada de contradicciones. Por un lado, están los partidos del G-4 (PJ, AD, UNT, VP) que han anunciado que se abstendrán de participar en las elecciones parlamentarias si antes no se convocan las presidenciales. Por otro lado, están los partidos que forman parte de la Mesa de Negociación (Cambiemos, Soluciones, AP y MAS) que -sumados a otros partidos como Copei, Bandera Roja, Redes, etc.-, forcejean con el gobierno para mejorar las garantías y condiciones electorales mínimas, aun cuando no sean plenamente las establecidas en la norma ISO 54001.
Además del desaliento que provoca la falta de garantías y condiciones electorales, la proliferación de partidos políticos con posiciones tan contradictorias desmotiva al electorado opositor y dificulta su identificación con una línea política que lo conduzca a una victoria. Si la oposición no se pone de acuerdo en escoger candidatos unitarios -tal como se hizo en las Parlamentarias de 2015 en torno a la tarjeta de la MUD-, ese 84% de electores descontentos que cuestiona la gestión gubernamental no cristalizará como una fuerza electoral que mantenga el control de la AN como el único poder legítimamente constituido para continuar desde allí la lucha por una solución política, electoral y pacífica a la crisis venezolana.
La ineficacia de la abstención
Constitucionalmente, las elecciones que están previstas para el año 2020 son las parlamentarias. A pesar de aferrarse a la AN para operar políticamente, un importante sector de la oposición pareciera dispuesto a perder esta plataforma al negarse a participar en las parlamentarias, si estas se realizan antes de las elecciones presidenciales. Esa misma oposición que denuncia diariamente la degeneración autoritaria y totalitaria del régimen, es la que espera de la dictadura garantías y condiciones electorales para realizar unos comicios a tono con los estándares internacionales establecidos en la norma ISO 54001.
Quienes defienden a la AN como el único poder legítimo y desde la cual han desplegado la estrategia de la “presidencia interina” y el “cese a la usurpación”, son los mismos que argumentan que sin garantías y condiciones electorales no tiene sentido participar en las parlamentarias del año que viene. Arguyen que se repetirá la misma historia de un TSJ funcional al gobierno que impugnará la elección de diputados para quebrar la mayoría opositora, o que el gobierno prolongará la ANC como un poder legislativo paralelo que se arroga las funciones que corresponden al poder legislativo electo por la soberanía popular.
No participar en las elecciones fue una estrategia equivocada en las parlamentarias de 2005, cuando la coalición gobernante del Gran Polo Patriótico (GPP) ganó la totalidad de las curules de la Asamblea Nacional. La abstención dejó al parlamento bajo el control del gobierno que aprovechó la coyuntura para extender su control hacia el TSJ, Fiscalía General, Contraloría General, Defensoría del Pueblo y CNE.
La abstención electoral ha demostrado su ineficacia para provocar los cambios políticos que la mayoría del país aspira. La abstención como política inmoviliza las fuerzas de cambio y favorece la permanencia del actual gobierno.
Si se impone el sector de la oposición que plantea la abstención –argumentando falta de garantías o que las parlamentarias se convoquen antes de las presidenciales-, esto allanará el camino para que el oficialismo, con un precario apoyo del 25 % de electorado, logre controlar nuevamente la AN.
Según los datos del CNE, la abstención en las elecciones municipales de 2017 trajo como consecuencia que el PSUV/GPP ganara 306 alcaldías de un total de 335 en todo el país. Algunos partidos opositores e independientes que participaron obtuvieron apenas 29 alcaldías. Lo mismo ocurrió con las elecciones de concejos municipales de 2018, en las que el oficialismo ganó el 76% de los 2.459 cargos de concejales municipales.
En las presidenciales del 20 de Mayo de 2018, a pesar de ser Nicolás Maduro el candidato con mayor rechazo, la oposición no logró escoger un candidato unitario y optó por llamar a la abstención, con la excusa de no prestarse a la comparsa electoral montada por el régimen, ni convalidar unas elecciones “convocadas” por la ANC en una fecha anticipada. Cualquiera puede revisar la página del CNE y verificar que a raíz de la maniobra efectista del “exhorto” de la ANC que logró confundir al electorado ante la reacción del sector de la oposición que llamó a la abstención, el poder electoral procedió a convocar las elecciones presidenciales en el año que correspondía.
El llamado a la abstención de los principales partidos de la oposición puso a ganar al antipopular candidato oficialista. Las candidaturas simbólicas de una oposición electoral -que también se presentó dividida con las postulaciones de Henri Falcón, Javier Bertucci y Reinaldo Quijada-, fueron demolidas por la poderosa matriz de opinión impuesta por el sector de la oposición que llamó a la abstención y los declaró colaboracionistas y cómplices del régimen. De haber participado con un candidato unitario y una estrategia de movilización y defensa del voto, el abrumador rechazo al candidato oficialista habría despejado el camino para un contundente triunfo del candidato opositor, cualquiera que éste hubiese sido.
Si la oposición electoral también se postula dividida, los partidos sin maquinaria que participen no lograrán concentrar un porcentaje de aceptación significativo, cuestión que los llevaría a perder ante los candidatos del gobierno que, en el mejor de los casos, apenas lograrán un nivel de aceptación del 25 %. Sus pugnas internas y sus divisiones pueden facilitar otro triunfo del oficialismo. Sobre todo, si compite con una oposición que no logra ponerse de acuerdo para postular candidatos unitarios, se presenta dividida y opta por llamar a la abstención.
Las condiciones y garantías electorales pueden deteriorarse aún más, el impacto de las sanciones pudiera terminar de hundir la industria petrolera y al resto de la economía, la emigración pudiera alcanzar los 8 millones de venezolanos y, aun así, Maduro puede permanecer en el poder, sacando provecho a las divisiones del liderazgo opositor que impiden que el enorme descontento nacional se traduzca en una contundente victoria electoral.
