Comisión del congreso español instó al Gobierno a promover sanciones de UE contra Maduro
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de España aprobó casi toda la solicitud realizada en por el Partido Popular, salvo en el relativo a la necesidad de «emprender acciones judiciales ante la justicia española», entre otros puntos
La comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de España instó este lunes al gobierno ibérico, en manos del líder socialista Pedro Sánchez, condenar “las violaciones de derechos humanos y la represión del régimen venezolano de Nicolás Maduro”, así como a promover el aumento de sanciones por parte de la Unión Europea contra el gobernante.
En este sentido, la comisión emplazó al Ejecutivo español a apoyar el informe elaborado por la ONU sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela y a reiterar su compromiso y apoyo a la oposición política venezolana.
Dicha solicitud al gobierno español, fue elevada por la organización política conservadora, Partido Popular, la misma fue apoyada por la comisión en todos sus puntos, salvo en el relativo a la necesidad de “emprender acciones judiciales ante la justicia española, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional para que se investiguen los hechos recogidos en el informe”.
La misma también plantea la necesidad de que el Ejecutivo español exija al Gobierno de Venezuela la “inmediata liberación de todos los presos políticos” que no han sido juzgados o han sido condenados “de forma arbitraria y sin las más mínimas garantías procesales de imparcialidad”.
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De la misma manera, piden al gobierno de Sánchez “rechazar de forma contundente” la celebración de elecciones parlamentarias en Venezuela el próximo 6 de diciembre “si no se dan las condiciones democráticas suficientes”.
La comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó también una proposición no de ley presentada por el Partido Socialista sobre “el papel de España en Iberoamérica en relación con los derechos humanos”, por la que se insta a impulsar los organismos multilaterales para lograr acuerdos que “favorezcan la aplicación de políticas en favor de los derechos humanos y de respeto al Estado social y democrático de Derecho”.
