Consecomercio exige al Gobierno pasar a la acción tras nueve meses de diálogo
La presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, adelantó que se publicará un documento mediante el cual se expondrá el balance del sector comercial tras la pandemia y las tres líneas principales en las que se debe trabajar para mejorar la situación
El cambio de postura del gobierno de Nicolás Maduro frente a la empresa privada se ha apreciado desde 2019, pero a en el transcurso de este año esa relación alcanzó un nuevo grado de cercanía y los sectores representativos del empresario privado han sostenido reuniones con las autoridades gubernamentales.
Para el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) ya son nueve meses desde los primeros acercamientos con la exministra de Comercio Nacional, Eneida Laya, con quien se evaluaron durante meses distintas propuestas y necesidades del sector privado.
Sin embargo, a pocas semanas de culminar el año, estas conversaciones no se han materializado en medidas ni políticas económicas en beneficio del empresario o del sector productivo privado.
Por eso, en el marco del Día Nacional del Comercio y Servicios, la presidenta de Consecomercio Tiziana Polesel destacó la necesidad de que la etapa de diálogos pase a una fase de acción, en donde el Gobierno sea proactivo y convierta esas conversaciones en políticas.
Este viernes #26nov celebramos el Día Nacional del Comercio y los Servicios. Rendimos honor a todos los comerciantes y prestadores de servicios, gracias por su esfuerzo y ganas de seguir trabajando por una mejor Venezuela.#Consecomercio #ConexionEmpresarial #DiaCyServicios pic.twitter.com/OkRQKnczaW
— Consecomercio (@consecomercio) November 26, 2021
«De todas las cosas que hemos solicitado ¿cuántas nos han aprobado? La verdad es que muy pocas. De toda una serie de peticiones que hemos hecho, solo se ha concretado una desde febrero, que fue la apertura de los aeropuertos, excepto por dos que mantuvieron restringidos», declaró en una rueda de prensa, acompañada del primer vicepresidente Gustavo Valecillos.
En el tintero quedan pendientes propuestas como la implementación de sistemas de facturación digitales o el replanteamiento del marco regulatorio de promociones y descuentos, que penaliza las estrategias utilizadas por las empresas para ofrecer productos y ganar fidelidad con sus audiencias.
Sin embargo, para que se concreten estas propuestas es imprescindible que Consecomercio mantenga una estrecha comunicación con el Ministerio de Comercio Nacional, algo que no ha ocurrido desde que Laya fue destituida de su cargo.
Con la ministra Dheliz Álvarez, designada por Nicolás Maduro el pasado 19 de octubre como nueva representante de la cartera de comercio, Consecomercio no ha tenido la mayor receptividad. Desde que se instaló en el cargo, solicitaron una audiencia para presentarse y retomar los asuntos que quedaban pendientes de la gestión de Laya.
*Lea también: Chavismo juega sus fichas con una ministra de Comercio Nacional sin experiencia en el área
Esta reunión no se ha concretado y la respuesta desde el ministerio no ha llegado a Consecomercio aún. Por lo tanto, Polesel desconoce si podrá retomar la misma agenda que tenía con Laya, con quien había avanzado en diversas áreas y solicitudes.
«Recordemos que hubo un cambio en el Ministerio de Comercio. Teníamos muy avanzadas las conversaciones con la ministra anterior. Ahora hemos solicitado la audiencia con la nueva, pero se ha demorado en ser concedida. Esperamos que en los próximos días ocurra y que haya transmisión de una gestión a otra para retomar los pendientes», destacó Polesel.
Las esperanzas desde Consecomercio están centradas en que para inicios de 2022 se retome el contacto y que la comunicación se convierta en medidas acertadas para recuperar la economía, con énfasis en la derogación o modificación de la normativa relativa a las promociones y la luz verde para implementar la facturación digital.
Panorama comercial tras elecciones
El contacto con el Gobierno no solo se centra en la cartera comercial. Venezuela acaba de celebrar un proceso electoral que tuvo como resultado la renovación de los gobiernos regionales y locales.
Una vez más, el chavismo se hizo con el control de la mayoría de las alcaldías y las gobernaciones, pero el cambio de discurso desde las cúpulas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en materia económica, que ahora impulsa una narrativa mucho menos confrontacional hacia la empresa privada, marca un nuevo panorama de cara a las conversaciones.
Por esta razón, Polesel recalca la importancia que tendrá establecer mesas de diálogo entre los empresarios y los alcaldes, especialmente en aras de corregir los métodos de recaudación de impuestos, ya que el incremento de las obligaciones tributarias durante la pandemia en algunos casos llegó incluso al 1.200%.
«El tema de los impuestos municipales es necesario sentarnos con las nuevas autoridades electas. Es indispensable conversar acerca de cuánto debe ser lo justo a pagar en tributos. Hemos sido víctimas en los últimos dos años de uno de los aumentos más desproporcionados de impuestos municipales y pagos de servicios públicos», afirmó.
En este sentido, la exigencia es que se elabore un mecanismo más coherente, que se traduzca en un cobro de impuestos más justo y equilibrado, que requiera el cobro de tributos a todos los actores de la economía, en lugar de un pequeño grupo, para que así todos paguen una cantidad justa.
Las líneas de acción para Consecomercio
Estas y otras necesidades del sector están remarcadas en un documento elaborado por Consecomercio para conmemorar el Día Nacional del Comercio y los Servicios para hacer un balance sobre el estado del sector, en especial tras los embates que dejó la pandemia.
Según Polesel, las estimaciones que tienen es que la cuarentena golpeó de tal manera a los comercios que, en promedio, no alcanzan ni siquiera el 50% de las ventas que tenían antes de marzo de 2020, cuando empezaron las medidas de restricción de movilidad.
Teniendo en cuenta las necesidades del sector, el documento destaca tres líneas fundamentales en las que tiene que centrarse la atención del comercio y del Gobierno.
En primer lugar, las políticas macroeconómicas y su transparencia. Polsel recuerda que es importante ver las cuentas del Estado y en función de eso, buscar un balance para controlar la inflación. Exige mayor acceso a la información de elementos como el presupuesto nacional.
El segundo punto que abarca el documento es la revisión de todos aquellos elementos que obstaculizan la actividad del sector, con énfasis en la adquisición de permisos y las gestiones burocráticas para trámites.
En promedio, el 55% del tiempo de un comerciante prestador de servicios debe ser dedicado a hacer trámites y conseguir documentos para cumplir con todas sus obligaciones.
Finalmente, subraya la necesidad de abordar con claridad una política industrial y comercial, de una economía competitiva. «Es necesario dar resultados, poner en evidencia lo que debe ser el desarrollo de la política industrial, que debe ser discutida con los actores políticos», sostuvo Polesel.
La nueva política industrial debería tener un perfil más orientado hacia la exportación, pues los esfuerzos de la industria para incrementar la producción no reciben a cambio facilidades para que logren posicionar productos en el exterior ante las carencias del consumo en Venezuela.
*Lea también: Historial pronostica fracaso para las Zonas Económicas Especiales promovidas por Maduro
Expectativas para 2022
Con la incertidumbre de una economía maltrecha y un Gobierno que habla pero no actúa, el comercio nacional avanza hacia 2022 con más problemas que soluciones, pero en un contexto de lenta recuperación de las consecuencias que produjo la pandemia.
Los problemas característicos de la economía venezolana y sus dinámicas contemplan una barrera para la actividad comercial, por lo que las propuestas del sector privado van orientadas en sus soluciones, de manera que la industria y el comercio puedan operar con mayor facilidad.
Para ello, el énfasis que hacen es que se elimine de manera definitiva el esquema de cuarentena 7+7, bajo el argumento de que los focos de contagios no son las zonas comerciales, que cumplen las normas de bioseguridad, sino los hogares, donde las personas bajan la guardia.
Además, se espera que el proceso de vacunación avance hasta lograr la inmunidad de rebaño y permitir un ambiente medianamente seguro, que evite los riesgos de fatalidad por covid-19.
«Estimamos que el 7+7 no debería regresar, tanto por la vacunación colectiva como con la responsabilidad individual. Hemos insistido en que no es en el comercio donde se propaga el virus, porque allí la mayor parte de la gente tiene la guardia alta. El contagio ocurre cuando estamos en ambientes familiares que la gente cree seguros», razonó Polesel.
*Lea también: Especial | A los venezolanos se les va la vida en la cola de la gasolina
Superado este esquema de variación en los niveles de flexibilización de la cuarentena, el segundo gran reto coyuntural que afrontan los privados es la escasez de gasolina, que afecta a todas las áreas de la economía nacional. Impide la distribución de mercancía, la operatividad en las cosechas e incluso el traslado del personal, por lo que genera problemas en todos los sentidos y provoca el incremento de los precios de los productos.
Desde el sector privado se propone la privatización del abastecimiento de combustible, después de que durante meses pidieran permiso al Gobierno para importar su propio diésel ante el oído sordo de un oficialismo que no termina de ofrecer soluciones, pero que tampoco otorga libertades para que otros actores resuelvan los problemas.
Finalmente, queda como gran reto para 2021 la recuperación del consumo nacional. La destrucción del poder adquisitivo del venezolano hace que para las grandes mayorías sea imposible comprar los productos que se producen en el país. Como consecuencia, la industria permanece restringida, sin poder incrementar su producción porque no tendría demanda suficiente.
Para lograrlo, una de las peticiones primordiales del sector privado es que se reduzca el encaje legal sobre la banca, que prácticamente eliminó la capacidad de los bancos para otorgar créditos, tanto a los empresarios como al consumo. Sin embargo, Polesel adelanta que las conversaciones con el Gobierno en esa materia no han sido del todo alentadoras.