Constitución, extractivismo y el conflicto en Jujuy (Argentina), por Diego M. Raus
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A mediados de junio, el gobernador de la provincia argentina de Jujuy, Gerardo Morales, recién reelecto por el partido opositor Juntos por el Cambio, hizo aprobar en la cámara provincial una reforma de la Constitución de la provincia. La reforma ha acarreado un conflicto en la entidad, que ha tenido repercusiones en la política nacional y que surge ante la elección presidencial de octubre. Además, se enmarca en un punto que ha estado presente desde hace años en Sudamérica: el extractivismo minero y las tierras que comunidades aborígenes, ancestrales, reclaman como propias.
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A escala regional, ha habido enfrentamientos entre comunidades y Gobiernos por asuntos que han estado vinculados al extractivismo en numerosas ocasiones. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales se vio enfrentado a comunidades por el tratado de la ruta interoceánica (Tipnis), así como en Ecuador hubo conflictos y una ruptura definitiva de las relaciones que había entre la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (Conaie) y el gobierno de Rafael Correa luego de haberse dado la habilitación de inversiones petroleras en tierras comunales.
En Argentina, la reforma constitucional que promovió el gobernador Morales, dicho sea de paso, candidato a vicepresidente para las elecciones primarias de una de las dos listas del opositor Juntos por el Cambio, fomenta, entre otras cosas, la modificación de un articulado anterior que establecía que «el derecho a la propiedad privada no podrá ser efectuado en oposición a la función social o en detrimento de la salud, seguridad, libertad o dignidad humanas».
Además, la reforma indica que «las leyes procesales de la Provincia deben incorporar mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular». Se añade que «será considerada grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten según esta Constitución».
Por otro lado, también se dio de baja un artículo que garantizaba derechos ancestrales de las comunidades indígenas sobre sus territorios, a la vez que lo suplanta por otro articulado que establece que el Estado fomentará la entrega de otras tierras para el desarrollo de las comunidades perjudicadas. La nueva Constitución se resguarda, a su vez, de las protestas de las comunidades afectadas, ya que considera que el Estado debe asegurar «la convivencia democrática» mediante la protección de los derechos de todas las personas. Para ello, establece la «prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos».
Muchos países latinoamericanos han reformado sus Constituciones en las últimas tres décadas para dar paso a modificaciones sustantivas en el desenvolvimiento económico y político de los países y han introducido cambios estratégicos afines a los programas políticos de los Gobiernos que impulsaron esas reformas. En esa línea, se debe entender la reforma de la Constitución provincial de Jujuy: como modificaciones que surgen como las más importantes y publicitadas, junto a reformas de base que dan pie al despliegue de nuevos intereses y proyectos. Y, en el caso de esa provincia, la reforma se enmarca en el extractivismo minero con respecto a la nueva perla de la economía mundial: el litio.
Parece ser que la Argentina tiene, después de Bolivia y Chile, el tercer gran yacimiento mundial de litio, componente esencial de las nuevas baterías que alimentan desde celulares hasta autos eléctricos. Y, en Argentina, los yacimientos de litio están en Jujuy, en territorios que hasta ahora solo eran depósitos de sal, mineral estratégico y comercialmente menor. Esas salinas, más las tierras contiguas que se verán afectadas por este extractivismo expansivo, dado que necesita rutas, canales comerciales, ingresos de maquinarias, es lo que llevó al reclamo de comunidades aborígenes del lugar, que, si bien son muy pequeñas en comparación con sus vecinos, siempre han sido marginadas por los Gobiernos de turno.
Pero este caso modificó esa relación, a la vez que generó demandas y formas de acción colectiva de la protesta social. Ante la reforma constitucional, y la lectura que se hizo de ella según los intereses de las potenciales compañías mineras, estalló la protesta mediante cortes por tiempo indefinido de rutas estratégicas para el comercio y el turismo del noroeste argentino, y la comunicación fronteriza con Bolivia.
La primera represión del Gobierno de la provincia para hacer que desalojaran los cortes nacionalizó el conflicto, dado que se añadió el asunto de la política electoral por las elecciones primarias de agosto (PASO) y las generales de octubre, tomando en cuenta que el gobernador Morales es precandidato a la vicepresidencia junto a Horacio Rodríguez Larreta por Juntos por el Cambio. Esto movilizó al oficialismo nacional, junto a los candidatos del oficialista Unión por la Patria, para repudiar la represión contra los manifestantes en las rutas y rechazar la nueva Constitución mediante la consigna de que responde a los intereses de las mineras.
Otro aspecto por tener en cuenta es que, si bien el Gobierno nacional apoyó la protesta en el caso de Jujuy, en otras provincias el mismo Gobierno creó y mantiene otro tipo de relación con el extractivismo y las corporaciones mineras transnacionales.
Por ello, más allá de cómo evolucione el conflicto, que pareciera diluirse en el tiempo, lo cierto es que una vez más se plantea el dilema estructural entre las necesidades económicas de nuestros países y la preservación ambiental de la región. El extractivismo minero es absolutamente dañino para el medio ambiente, pero seduce con la rentabilidad inmediata. Mientras tanto, a mediano plazo, se evidencia cada vez más la posibilidad del colapso ambiental.
Diego M. Raus es director de la licenciatura en Ciencia Política y Gobierno, de la Universidad Nacional de Lanús. Profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Licenciado en Sociología, por la UBA, y en Ciencia Política, por Flacso-Argentina.
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