Control territorial de bandas armadas en los barrios es favorecido por un Estado ausente
Para Luis Izquiel, el fenómeno consiste en el trasvase de la figura del pran a las zonas populares. En opinión de Fermín Mármol García, la pernocta penitenciaria y las «zonas de paz» propiciaron su auge
El pasado 21 de abril, en la madrugada del domingo de resurrección, unos criminales ingresaron a una vivienda en el barrio La Pica, ubicado en La Victoria, estado Aragua, y arremetieron a tiros contra nueve integrantes de una familia que se había reunido para festejar la tradición de la Semana Santa. Posteriormente prendieron fuego a la humilde casa.
Según versiones de vecinos que aparecieron en los medios de comunicación, uno de los homicidas había ido previamente a la vivienda para pedirles que bajaran el volumen al sonido de la música, pero el grupo no le hizo caso, por lo que en la madrugada regresó con integrantes de su banda, bloquearon una de las salidas de la casa y entraron por la parte de atrás para asesinarlos.
Este es el más reciente episodio de una serie de hechos que se vienen haciendo más frecuentes y que se relaciona con el control territorial que vienen ejerciendo grupos delictivos, bandas o megabandas (de acuerdo al número de integrantes), en zonas populares donde no existe presencia de los cuerpos de seguridad del Estado.
Se trata de un fenómeno en el que un grupo delictivo ejerce la autoridad en un determinado barrio; vigila quién entra y sale, otorga permisos para hacer fiestas y reuniones, escolta a los invitados, músicos u otras figuras del espectáculo que llegan a las mismas, tiene el control del tráfico de sustancias ilícitas y hasta cobran, como en la frontera, cuotas para garantizar la protección de personas y propiedades.
En el libro Las megabandas, Una aproximación a la insurgencia criminal venezolana, escrito por Javier Ignacio Mayorca y editado por el Observatorio de Delito Organizado, en 2017, el autor cuenta dos hechos que marcaron la irrupción de este fenómeno; el primero fue el “toque de queda” que implantó una alianza de bandas en la localidad de Tumeremo, estado Bolívar, el 4 de febrero de 2016 luego de la detención de nueve sujetos el día anterior, y que fue acatado por la ciudadanía, con la suspensión de las actividades comerciales. El segundo ocurrió ese mismo día, en Maracay, estado Aragua, donde los comercios y las actividades escolares también fueron paralizados al conocerse unos panfletos difundidos por una banda que deseaba que las calles estuvieran despejadas cuando ellos pasaran con el cortejo fúnebre de uno de sus integrantes que había muerto el día anterior, abatido por la policía.
El abogado penalista Luis Izquiel, asegura que estas bandas que están ejerciendo el control territorial en los barrios constituyen un reflejo de lo que viene ocurriendo en cárceles del país, donde un líder de los reclusos, conocido como el pran, ejerce autoridad en el penal en el que se encuentra recluido.
“El abandono que el Estado ha tenido con respecto a los sectores populares de Caracas y muchas partes del país ha conllevado a que las bandas criminales sean las que ejerzan la autoridad ante la ausencia del Estado. Son los que imponen la ley allí, y a los que hay que pedir el permiso para realizar actividades. Imponen el ‘orden’, entre comillas. Son la autoridad impuesta a la fuerza, con armas; sus estructuras se asemejan a las que están en las cárceles y tienen una suerte de jerarquía que se asemeja a las estructuras criminales de las cárceles”, explicó el criminólogo.
Izquiel considera que lo peor de esta situación es la normalización de la figura de este “pran” (al que también se le conoce como “el principal”) de los sectores populares, los barrios: “La gente ya está como acostumbrada a que la situación ocurra de esa manera y es grave esa normalización. Esto reproduce la violencia porque muchas de las personas que viven en esos sectores, sobre todo los jóvenes ven a estos individuos como a una figura a seguir porque son los que imponen el orden, la ley; son la autoridad, gozan de impunidad total y esto crea como un patrón negativo de una conducta a seguir”, explicó.
A su juicio, este trasvase de la situación penitenciaria a la realidad de los barrios se produce por abandono del Estado. “Si te pones a ver, en ninguno de los barrios de Caracas existe una presencia policial permanente, no hay estaciones de policía; no hablo de los módulos viejos de la PM, las pocas que había, que eran de la PM, fueron abandonadas o entregadas a grupos delictivos».
El también abogado y criminólogo Fermín Mármol García observa de igual manera el origen del fenómeno en lo que estaba ocurriendo en las cárceles, pero en el aspecto del abandono por parte del Estado resalta como elemento clave el Plan de Pacificación, puesto en práctica por Nicolás Maduro en 2014.
“El fenómeno del control territorial de la delincuencia en Venezuela en el siglo XXI tiene dos orígenes; el primero la mutación de la cultura carcelaria a las barriadas venezolanas; el segundo, las consecuencias que generó el plan pacificación”, aseguró en conversación con TalCual.
Prosigue Mármol García: “Una génesis hay que situarla entre los años 2009 y 2010 cuando hay un cambio importante del manejo del sistema penitenciario y se fortalece la denominada pernocta carcelaria. Esa invasión de la cárcel de las personas replicó en las barriadas venezolanas. Posteriormente a ello, con la implementación del plan de pacificación se creó la tormenta perfecta para el control territorial de las bandas y megabandas criminales en determinadas zonas populares. Detrás de las políticas públicas, por un lado carcelarias y por otro lado de seguridad ciudadana, equívocas, erróneas, hemos fortalecido al crimen y la violencia».
El plan de pacificación fue presentado por Nicolás Maduro el 15 de febrero de 2014 durante un acto realizado en el Parque Ezequiel Zamora, en Caracas, donde explicó que el mismo cuenta con 10 líneas estratégicas y se elaboró a partir de 500 mil propuestas supuestamente surgidas del pueblo venezolano y que fueron recopiladas durante un despliegue que realizaron los ministros en las universidades del país (¡).
Una de esas líneas estratégicas consistía en un plan de desarme y desmovilización de las bandas violentas y criminales, cuyo responsable sería el entonces viceministro de Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel Ávalos. Otra era la construcción, delimitación y logro de territorios de paz y convivencia en todo el país, del que estaría al frente el entonces vicepresidente Jorge Arreaza.
Mármol García señala la ingenuidad de pensar que las bandas delictivas entregaría su armamento, pero recalca las consecuencias desastrosas de las llamadas zonas de paz.
“El plan de pacificación, entre otras cosas, buscaba de forma altruista que las bandas y megabandas criminales devolvieran armas y se reinsertaran socialmente con créditos para explotación agrícola y pecuaria con pequeños emprendimientos, y (se prometió) que la autoridad policial y militar no iba a entrar en determinada zona hasta tanto la rectoría de seguridad diera el visto bueno. Las bandas criminales y megabandas que estaban dentro del radar del plan de pacificación ‘dijeron aquí la Policía Nacional, Guardia Nacional y CICPC no pueden entrar si no lo permite el poder político’. Eso los fortaleció y la población dijo ‘bueno, dependo de estas personas’. Eso fue un ingrediente que potenció el coctel para que el crimen y la violencia cobraran espacios, multiplicó la impunidad, la violencia, la desconfianza en las instituciones por parte de la gente buena que está en las barriadas”, detalló.
En el libro mencionado sobre las megabandas, Mayorca detalla que estas agrupaciones delictivas poseen una estructura que calca la del estamento militar, donde del líder es equivalente al de un comandante; el segundo cumpliría el rol del segundo comandante, los “luceros”, que escoltan a los líderes y controlan a los gariteros vienen a ser los jefes área; los “gariteros” son los que se inician en la banda y se asemejan en funciones a los guardias de garita y los “pegadores”, que se encargan de buscar a las víctimas de secuestro o extorsión serían la “tropa” de estos grupos; en los que también existe la figura de un “llave” que es el policía aliado o comprado que filtra información a la banda y que equivaldría el informante, soldado que se infiltra en las tropas del enemigo.
Izquiel destacó además las violaciones a los derechos humanos (DDHH) a que esta situación conlleva: (Las bandas) “transgreden todo tipo de derechos humanos; asesinan, violando el derecho humano a la vida; también dictan la vida y movimiento de las personas, lesionan la integridad física de las mismas, atentan contra los bienes de los ciudadanos, así como de la libre circulación de las personas. El derecho a la propiedad, que es un derecho humano también, lo violan asaltando, secuestrando, y están fundamentadas en el microtráfico (de estupefacientes), junto con otras actividades delictivas, ya que son los que venden la droga y por eso tratan de controlar el territorio”.
Sobre este aspecto llamó la atención también Mármol García, quien señaló que el Estado incumple el artículo 55 de la Constitución, el cual lo obliga a proteger a las personas y sus bienes.
“El Estado es incapaz de cumplir con los principios básicos de su funcionamiento, tener un territorio y dominarlo. Un Estado tiene una población y la misma está asentada en un ordenamiento. Los venezolanos tenemos un Poder Público que no controla el territorio, que no le da seguridad a su población y donde la misma no cumple con el ordenamiento jurídico. Desfiguró el concepto de Estado y de República, porque no puede proteger el territorio del país de la delincuencia autóctona como las denominadas bandas, megabandas, colectivos armados y violentos, pseudo sindicatos, pero tampoco de estructuras criminales foráneas como el ELN, disidente FARC, paramilitares o garimpeiros brasileños”, enumeró.
Para enfrentar este problema, Izquiel hace énfasis en lo primordial que es el que haya voluntad política.
“El Estado tiene que saber que esto está ocurriendo. Actualmente no existe voluntad política para acabar con esa situación; es el primer paso. El segundo es retomar el control o supervisión de espacios que fueron abandonados. Tiene que haber una política de retomar la presencia del Estado dentro de los sectores que hoy están dominados por las bandas delictivas”, sostuvo Izquiel. Precisó que hay un plan que es bastante aplicable en Venezuela, como fue el de las Unidades de Policía Pacificadoras, UPP, en Brasil; una política que se inició en Río de Janeiro y ahora está extendida a otras partes del territorio y que consiste en una retoma por parte del Estado de zonas que estaban dominadas por narcotraficantes.
“Este plan no consiste en lo que aquí significó la OLP (Operativos para la Liberación del Pueblo), la entrada a un sector popular para buscar delincuentes y ese mismo día se retiraban las fuerzas de seguridad, lo ideal es que haya una retoma del territorio y una presencia permanente. Lo que ocurrió en Río de Janeiro es que entraron las fuerzas de seguridad a los territorios que estaban dominados por las bandas criminales y se quedaron permanentemente allí, se establecieron en el lugar y en un tiempo prudencial se construyó una estación policial donde funciona la unidad de policía pacificadora, la policía comunal, que tomó el control de estos territorios y devolvió la paz y la tranquilidad a las personas que allí habitan. Cuando haya un cambio en la realidad actual del país es algo bastante factible y posible de realizar”, apuntó.
En opinión de Mármol García hay tres acciones principales que se deben tomar: Éste es un país que necesita rescatar el concepto de República y desterrar el de estado comunal. Una cosa es tener como estructura la República y otro el tener el de estado comunal. En el de República usted cree en la división de Poderes Públicos. No podemos tener un único poder público que es lo que impulsa el estado comunal. Segundo, rescatar la meritocracia, los concursos de credenciales y de oposición para que los mejores hombres y mujeres estén al frente de las instituciones. Si no hacemos eso la confianza de la ciudadanía no se va a rescatar, la gente necesita saber quién está al frente de los órganos de seguridad ciudadana, de las fiscalías del Ministerio Público, para volver a confiar”.
La tercera acción que señala Mármol García es impulsar una mejor calidad de vida, llenar a Venezuela de empresas, fábricas, industrias y comercios, que se fortalezca el sector privado y también impulsar la educación, llenando al país de escuelas, liceos y universidades.
“Hay tres misiones en materia de seguridad ciudadana; defender la vida, reducir la violencia, porque no solo se cometen demasiados delitos violentos, sino que la cotidianidad venezolana es muy violenta a pesar de que no sea delito, que vemos cuando se insulta a la gente en la calle, o en el transporte público y tercero, necesitamos indicadores de que la impunidad está descendiendo”.
