Correa asegura que Ecuador «no es un Estado de Derecho»
Rafael Correa respondió a las acciones que adelanta la Justicia de Ecuador en su contra al decir que viajar cada 15 días a su país desde Europa para presentarse en los tribunales «se hace imposible»
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, criticó la orden de prisión preventiva que fue emitida este 3 de julio por su presunta vinculación con el caso de secuestro en 2012 del exlegislador Fernando Balda. Al respecto, considera que esa medida es producto de la «injusticia» porque «Ecuador no es un Estado de derecho».
Entrevistado en Russia Today este 4 de julio, Correa cuestionó la forma en la que fue nombrado el actual contralor de Ecuador y dijo que el mismo «había sido nombrado a dedo, con la consigna de meterme preso».
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Sin embargo, aseguró haberse presentado en el Consulado de Ecuador en Bélgica -donde actualmente reside- como le habían ordenado, cada 15 días. Pero dijo que le «impusieron» su presentación cada dos semanas pero en Ecuador «sabiendo que es imposible».
Aseveró que «no hay ninguna prueba ningún indicio contra mí» y agregó que si la situación de «persecución» hubiera pasado durante su administración con un opositor, «ya estaría en Tribunal Internacional de La Haya».
De igual forma, considera que la medida cautelar de presentación cada 15 días no era necesario porque ya estaba colaborando con la Justicia y destacó que siempre ha estado a la orden de las autoridades.
«Hay que parar la judicialización de la política. ¡Que nos derroten en las urnas, no con sus artimañas!», destacó.
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Por su parte, el abogado Christophe Marchand, defensor en Bélgica del expresidente de Ecuador Rafael Correa, aseguró este 4 de julio que el proceso por el llamado «caso Balda» está «lleno de irregularidades» y no ofrece garantías.
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«Si él (Correa) me dice ‘yo quiero ir a Ecuador’, yo le digo ‘usted no tiene que ir a Ecuador porque hay un riesgo muy fuerte de que sea puesto en prisión muchos años para eliminarle de la política'», afirmó en una entrevista a Efe Marchand, quien aprecia «una sistematización de acciones penales en contra de exdirigentes» en «muchos países» de América Latina.
