Corte IDH declara “desacato permanente” a Nicaragua y llevará el caso a la OEA
Nicaragua ha remitido 19 comunicaciones a la Corte en las que ha manifestado su rechazo a las medidas provisionales en favor de presos por razones políticas, “por considerar que las mismas siguen un guión impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica” e “incluyen una narrativa parcializada”
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró este martes 29 en “desacato permanente” a Nicaragua debido a las numerosas órdenes de liberar a opositores encarcelados y elevará la situación a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Subsiste un desacato prolongado por parte del Estado que pone en una situación cada vez más vulnerable a los beneficiarios de las medidas provisionales e implica un incremento en la situación de riesgo”, indicó la Corte IDH en una resolución publicada este martes.
El texto agrega que la Corte IDH “someterá a consideración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el desacato de Nicaragua a sus decisiones”.
El Estado de Nicaragua ha expresado su no aceptación y rechazo a las medidas provisionales adoptadas en favor de 75 opositores al Gobierno presos, resoluciones que tienen fechas de 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021, así como del 25 de mayo y 4 de octubre de 2022.
En esas resoluciones, la Corte IDH ha ordenado la liberación inmediata de los opositores encarcelados, entre quienes destacan excandidatos presidenciales, periodistas, líderes sociales, empresarios y estudiantes.
Entre los beneficiarios de las medidas se encuentran Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón, Violeta Mercedes Granera Padilla, Daisy Tamara Dávila Rivas, Lesther Lenin Alemán Alfaro, Freddy Alberto Navas López y Cristiana María Chamorro Barrios.
#MedidasProvisionales 👩🏿⚖️👨🏿⚖️Corte IDH declara desacato permanente del Estado de Nicaragua respecto a las Medidas Provisionales adoptadas en los Asuntos Juan Sebastián Chamorro y otros y 45 personas privadas de su libertad en 8 centros de detención respecto de Nicaragua. (Sigue 👇🏿) pic.twitter.com/BLN94gXU5R
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) November 29, 2022
“Esta Corte concluye que la manifestación de no aceptación y rechazo del Estado a las medidas provisionales adoptadas por esta Corte, la prolongación de la detención de los beneficiarios de las medidas provisionales mantiene a las personas en un estado de desprotección absoluta”, señala la Corte IDH.
Además, la Corte IDH determinó que “la detención de los beneficiarios de las medidas provisionales, así como los procesos penales seguidos en contra de todos ellos, evidencian un proceso de hostigamiento y criminalización de las personas que se identifican en oposición al actual gobierno de Nicaragua” del mandatario Daniel Ortega.
La resolución indica que el desacato del Estado y las malas condiciones de detención de los presos supone “un riesgo grave de padecer daños irreparables a sus derechos a la vida, integridad, salud y alimentación”.
La resolución también confirma que las autoridades de Nicaragua no han facilitado contacto periódico de los presos por razones políticas con sus familiares y abogados. Además, no se les ha garantizado el acceso a servicios de salud y medicamentos, ni a una alimentación adecuada.
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Nicaragua ha remitido 19 comunicaciones a la Corte en las que ha manifestado su rechazo a las medidas provisionales “por considerar que las mismas siguen un guión impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica” e “incluyen una narrativa parcializada”.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
