Cortocircuito, por Carolina Gómez-Ávila
En el sitio web personal del exparlamentario Pedro Díaz Blum se publican las novedades del Grupo de Boston, lo cual me parece una falta de ética; pero hoy sacaremos provecho de ella, porque allí pueden leer la propuesta del mecanismo de asistencia para atender la emergencia humanitaria del sector eléctrico1.
Dice la carta, que la iniciativa nació de una parte de la Sociedad Civil y que consiste en “un mecanismo excepcional de préstamo especial” solicitado al Banco de Desarrollo de América Latina (antiguamente conocido como la Corporación Andina de Fomento y que conserva las siglas CAF) con ejecución y administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) durante los próximos 3 años.
Entonces, el préstamo no sólo es especial sino que además se adelantaría con un mecanismo exclusivo para el caso. Con esto podemos suponer que la CAF no aplicará sus condiciones habituales pero me temo que no sabremos los detalles hasta que todo esté consumado y se haga público el contrato.
También revela la carta que el proyecto ya está avalado por la CAF y el PNUD y esto, necesariamente, comprende dos aspectos: factibilidad técnica y viabilidad financiera. Espero que tomen en cuenta esto los espontáneos del área eléctrica que, sin ser parte de organizaciones de ciudadanos o de los equipos técnicos involucrados, quieren evaluar en público lo primero, sin información, y lo segundo sin conocimientos.
Nadie se engañe. El objetivo es «solventar, a corto plazo y de manera parcial, la situación de emergencia que atraviesa el país en materia eléctrica, particularmente en los estados más afectados”.
El préstamo estaría destinado a generar algo más de 1000 MW, dice la carta, repartidos entre los estados Zulia, Sur Occidente (que podrían ser Trujillo, Barinas, Mérida y Lara), Nueva Esparta y las afueras de Caracas y eso incluye:
- Dotación de plantas de emergencia para Hospitales Tipo I y otros hospitales de alta demanda.
- Rehabilitación de circuitos y servicios auxiliares de las subestaciones que alimentan a los hospitales seleccionados.
- Cambio de voltaje de 115KV a 230KV del cable submarino Chacopata-Margarita.
- Inspección técnica para la instalación del cable seco en Maracaibo y evaluación de factibilidad técnica de la incorporación de una barcaza para el estado Zulia.
De modo que si alguien le dice que el préstamo es sólo para comprar unas plantas eléctricas, dígale que miente. Si le dicen que hay formas más efectivas de invertir 350 millones de dólares, dígale que llegó tarde, que es una lástima que no fuera un profesional proactivo para proponerlo oportunamente en las instancias adecuadas y que ahora, con vergüenza, debe guardar silencio. Lo mismo aplica a quien le diga que el dinero se lo va a robar la dictadura o la Asamblea Nacional, porque está establecido que el dinero sale de la CAF al PNUD que, en su carácter de administrador, pagará directamente a los contratistas.
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Despache a los charlatanes e interésese por los aspectos de la lucha por el retorno a la democracia, que sí tienen bemoles. Vamos a ellos:
Para que la propuesta del Grupo de Boston llegara a Proyecto de Ley, la tuvo que evaluar un equipo técnico de la Asamblea Nacional. Un tuit de la diputada Manuela Bolívar 2 deja ver que el Plan País expresó dudas sobre su viabilidad y yo aprovecho para expresar las mías, desde mi condición de pueblo, sobre el Plan País: A casi un año de su nacimiento, el Plan País luce como un elefante blanco que ha servido para conectar a los tecnócratas que quedan en Venezuela y tratar de involucrarlos con la agenda política; pero de su contenido, apenas han trascendido consignas o lineamientos generales que me recuerdan aquel programa llamado “100 soluciones para la gente” presentado en 2010 por la extinta Mesa de la Unidad Democrática. Lamento que ambas cosas se junten en esta hora, para hacerme sentir que las objeciones de los técnicos del Plan País más bien parecen competencia por el protagonismo.
Por otra parte, según el texto del Proyecto de Ley que se conoció el 3 de diciembre pasado3, la Asamblea Nacional le debe haber causado un disgusto al Grupo de Boston, pues su pretensión de incluir a representantes de Maduro en la Junta Directiva y Comité Técnico no fue satisfecha. Es más, el Parlamento se reserva con astucia la vigilancia, el control y la rendición de cuentas que deberá hacerle el PNUD.
Esto me complace por dos razones, políticamente hablando: una, porque significa que aunque Maduro diga en cadena nacional que se requirió su firma porque la CAF y el PNUD lo “legitiman” como presidente, la verdad es que está firmando el reconocimiento de la “Emergencia Humanitaria Compleja” (Cf. artículos 1 y 23 en el Proyecto de Ley) con lo cual se admite culpable de la situación eléctrica, lo que permitirá a la alianza opositora exponerlo en otros escenarios; dos, porque estaría firmando una ley que lo pone directamente como un cero a la izquierda.
En efecto, nadie de su entorno participará en la Junta Directiva ni en el Comité Técnico a menos que el PNUD se apiade de ellos y, si eso sucediera, el PNUD asume la tutela porque responderá por sus acciones ante la Asamblea Nacional. ¿Puede haber mayor humillación?
Encuentro fascinante la forma que encontró la Asamblea Nacional para doblegarlo. Además, si visto esto, Maduro decidiera no firmar, quedará ante la CAF y el PNUD como el tirano que rechazó la ayuda humanitaria una vez más.
Otro bemol: no se insiste lo suficiente en que la Sociedad Civil está compuesta por todos los sectores que no sean Gobierno ni militares, así que cuando diga “Sociedad Civil” incluya a las Iglesias, a los medios de comunicación, a los empresarios, a los partidos políticos y a las organizaciones de ciudadanos y, con respecto a estas últimas, tenga presente que no se trata sólo de oenegés; allí deben estar los sindicatos, los gremios, las universidades, las asociaciones vecinales y un sinfín de agrupaciones de ciudadanos que, teniendo intereses comunes, cumplen un rol determinante en el desarrollo de la nación.
Lo advierto porque el artículo 16 del Proyecto de Ley que establece la conformación de la Junta Directa, contempla que 2 miembros (y sus suplentes), pertenezcan a la Sociedad Civil, y el artículo 21 establece una Comisión de Veeduría para garantizar la contraloría social, conformada por 3 miembros de la Sociedad Civil. Estemos atentos a que todos ellos representen la variedad de la Sociedad Civil.
El bemol de cierre: En 2017, año en que se consumó la ruptura del orden constitucional, los líderes demócratas nos pidieron resistencia. Las hormonas juveniles transformaron “resistencia” en escudos e implementos para enfrentar la criminal represión militar en las calles. Pero la resistencia se refería a este horror que estamos viviendo y es por falta de resistencia que unos políticos inescrupulosos y unas oenegés confundidas, claman pidiendo ayuda humanitaria. Nos dicen que el pueblo no resiste. Nos dicen que abandonó la resistencia.
Por ese motivo político es que prefiero que sea la Asamblea Nacional en manos de la oposición, la que gestione cualquier ayuda. Incluso si eso diera algo de oxígeno a la dictadura porque, si no lo hiciera, será la dictadura la que negociará la asistencia a cambio de mayor esclavitud con iniciativas como, por ejemplo, “Petróleo por Alimentos”. Y si la dictadura llegara a gestionar la ayuda humanitaria, entonces no sólo viviremos criminales apagones sino que, cuando haya luz, con los cables pelados en la mano, tendremos un cortocircuito.
