Criminalizando a las ONG, por Gregorio Salazar
Twitter: @goyosalazar
El aplastante aparato comunicacional del Estado venezolano dispara todas sus baterías contra el objetivo central del momento: machacar sin tregua el terreno hasta dejarlo servido para que las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Venezuela sean criminalizadas, reducidas a su mínima expresión sino acaso barridas del mapa como en Nicaragua.
Uno señala toda esa enorme parafernalia comunicacional como «del Estado venezolano», porque sus distintas expresiones están efectivamente registradas como medios públicos, su personal son empleados públicos, son financiados con recursos del erario, pero en verdad son manejados y usufructuados a exclusividad y con sectarismo por el partido del régimen, el PSUV, en ese siniestro amasijo de vocación totalitaria que hace del Estado, el gobierno, el partido y la revolución una y la misma cosa.
Las ONG son, en la narrativa del momento, el gran enemigo de la revolución, el gran escollo para que la cúpula gobernante lleve ¡finalmente! al pueblo al estado de «máxima felicidad posible», tal como a lo largo de dos décadas fueron señalados –y lo siguen siendo– los medios de comunicación independientes, los viejos partidos, la iglesia, la principal central obrera del país, sus federaciones y sindicatos y hasta las universidades.
El discurso de la cúpula gobernante busca alcanzar a todos los públicos por todas las vías posible: la televisión abierta y por cable, las cadenas radiales, toda la presencia oficialista en las redes sociales y los tres o cuatro medios impresos que aún quedan, obvio, en poder de ellos. Por allí se descarga, como desechos sólidos, una retórica estigmatizadora, falaz, manipuladora y estridente al extremo.
«Las organizaciones (no gubernamentales) son el enemigo de esta patria y están para entregar las riquezas del Estado al imperialismo», dice la prédica oficial que se difunde sin mayores contrapesos. Y, por supuesto, sin tener que explicar qué hizo el poder omnímodo que han ejercido sobre Estado, sus riquezas y sus instituciones para colocar a millones de personas en situación de pobreza extrema y que otros 7 millones hayan abandonado agónicamente el suelo patrio buscando posibilidades de vida.
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Una crisis en cuyo alivio han jugado un papel crucial las ONG venezolanas, ciertamente con cooperación internacional de diversos países, tal y como se acepta en cualquier sociedad democrática del mundo. Y a esos cooperantes rinden cuenta de la utilización de la ejecución de esos proyectos en los más diversos ámbitos, desde la salud hasta lo alimentario, desde la atención a los ancianos hasta la situación carcelaria, capacitando y formando capital social, defendiendo la libertad de expresión.
Claro está que hay un área de acción de algunas ONG que es la que más irrita a quienes ejercen el poder sin límite: la labor de escrutinio sobre la vigencia de los derechos humanos como un todo, del uso que hacen los gobernantes de los recursos públicos, la denuncia de la corrupción –a galope tendido en nuestro medio—, las fallidas políticas públicas. Eso choca con una concepción del manejo del Estado que no acepta supervisiones: suyos son la Contraloría, el poder judicial, la Fiscalía y el poder de investigación y contralor del propio Poder Legislativo.
En el ataque contra las ONG «se vale todo». Igual se inventa que reciben sumas mil millonarias o que, por ejemplo, no hay ningún control por parte del Estado venezolano, cuando en verdad ya están sujetas a una serie de registros que demandan el cumplimiento de obligaciones de orden fiscal y compromisos institucionales.
Por el contrario, las ONG denuncian que es el propio Estado el que viene impidiendo el debido funcionamiento del sistema de registro actual, en el caso, por ejemplo, de las actualizaciones de las actas constitutivas de las organizaciones, hoy expresamente prohibido por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías.
Las ONG lo están alertando al país. Es muy grave la arremetida del Estado en un contexto de crisis social y económica que afecta la mayoría de la población. La sociedad civil lo debe tener muy claro: «El aporte de la sociedad civil no puede ni pretende sustituir el papel estatal, pero en los últimos años se ha convertido en muro de contención frente al agravamiento de las condiciones de vida de la ciudadanía y resulta fundamental para reconstruir espacios de institucionalidad democrática». Una labor que hay que apoyar y defender.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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