Crisis ambiental avanza con nuevos daños a parques nacionales por minería ilegal
Debido a la caída económica, el desplome de la producción y los precios del petróleo, y más reciente las sanciones impuestas por países como Estados Unidos, el gobierno de Maduro ha buscado fuentes alternativas de financiamiento a través de la explotación de los recursos minerales del país
Los daños a parques nacionales a partir de actividades extractivistas ilegales, como la minería al borde del parque nacional Canaima, al sur del estado Bolívar, aumentan la crisis ambiental que sufre Venezuela debido a la desatención de las autoridades sobre el tema.
“Las minas están justo al borde del parque, dentro de la zona de amortiguamiento que exige la Unesco para los sitios del Patrimonio Mundial”, dijo Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco, a Financial Times.
“En muchos casos, incluso están dentro del parque”, alertó la investigadora. Canaima está amenazada pero no está sola, agregó Burelli. En dos décadas, los gobiernos de la llamada «revolución bolivariana» al mando de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han presidido lo que ella llama “el desmantelamiento sistemático de la institucionalidad ambiental de Venezuela”.
Debido a la caída económica, el desplome de la producción y los precios del petróleo, y más reciente las sanciones impuestas por países como Estados Unidos, el gobierno de Maduro ha buscado fuentes alternativas de financiamiento a través de la explotación de los recursos minerales del país.
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Para ello se creó el Arco Minero del Orinoco (AMO) en 2016, de donde se extrae principalmente oro, pero también otro materiales como bauxita, diamantes, hierro o coltán. Oficialmente el AMO ocupa la parte norte del estado Bolívar, pero las actividades mineras se han intensificado en los últimos años bajo la anuencia estatal.
Según la Red de Información Socioambiental Georreferenciada de la Amazonía (RAISG), la cantidad de tierra utilizada para la minería al sur del Orinoco se ha triplicado en las últimas dos décadas. Entre 2015 y 2020, aumentó un 20%.
En 2020, Naciones Unidas publicó un informe sobre el Arco minero con entrevistas a personas del lugar donde se resalta la violencia que sufren en la zona. La ONU documentó los relatos de “un minero golpeado en la vía pública por robar un cilindro de gas; un joven baleado en ambas manos por robar un gramo de oro; una mujer golpeada con palos por robar un teléfono. . . y un minero al que le cortan una mano por no declarar una pepita de oro”.
También destacaron el impacto de la actividad en esa zona. “La técnica más utilizada es la minería a cielo abierto, mediante la cual se hacen grandes cortes o agujeros en la tierra”, dice el informe de la ONU.
Debido a los informes de grupos ambientales como SOS Orinoco, la Unesco solicitó al Estado venezolano un informe detallado de la situación del Parque Nacional Canaima, declarado patrimonio inmaterial de la humanidad.
Si bien la actividad minera ha aumentado en los últimos años, no es la única que abona a la crisis ambiental venezolana. Los derrames de petróleo se han acentuado sin una explicación o labores de contención por parte de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A.
Al menos media docena de derrames petroleros se registraron en varias partes del país, afectando zonas protegidas y fuentes acuíferas. “Aunque estamos produciendo solo un tercio del petróleo que solíamos producir, la situación es peor”, dijo Eduardo Klein, profesor asociado del departamento de estudios ambientales de la Universidad Simón Bolívar a Financial Times.
La contaminación de Pdvsa no se resume a los derrames petroleros. En la investigación Pdvsa contamina más de lo que produce, hecha por TalCual en alianza con Connectas, se detalla como la estatal ha acumulado y empeorado los pasivos ambientales afectando a sus propios trabajadores y vecinos de zonas cercanas a refinerías.
