Crisis de confianza, por Javier Ignacio Mayorca
En su empeño por forjar una FAN leal, Maduro saltó cohortes y designó, para posiciones claves del mando operativo, a oficiales que llegaron entre los últimos de su promoción en la Academia Militar
Twitter: @javiermayorca
El 11 de julio, Javier Marcano Tábata cambió su foto de perfil en redes sociales. Ahora, se muestra sonriente, con los tres soles al hombro que lo acreditan como mayor general del Ejército Bolivariano.
Ese día, el alto oficial estaba de plácemes al constatar que continuaba su ascenso meteórico hacia la cúpula de la Fuerza Armada. Gracias a las bendiciones del comandante en jefe, asumió el comando de la Región Estratégica de Defensa de la capital del país.
De allí que Marcano no dude en declararse «bolivariano y chavista».
Una responsabilidad como esta –el resguardo militar de los poderes venezolanos– no podía figurar en las perspectivas más optimistas de este oficial cuando se graduó en la Academia Militar, allá por 1991, en el remoto puesto 207 de 213 posibles en el orden de precedencia.
Según Hernán Castillo, profesor de Ciencias Políticas de las universidades Central de Venezuela y Simón Bolívar, y analista del mundo militar venezolano, un oficial egresado tan lejos de los puestos de honor difícilmente hubiese accedido al generalato, y mucho menos pudo plantearse un escenario en el que dominaría el dispositivo castrense del centro político del país.
«Estaría perdido. Ni siquiera hubiese llegado a bibliotecario. Si ya los primeros tenían problemas para ascender, imagínese un oficial en esa posición. Pero ahora es algo totalmente distinto», afirmó.
El caso de Marcano es la confirmación de que los criterios para la designación de los oficiales a las posiciones más importantes de la FAN han cambiado. Pero no es el único ejemplo que se pudiera encontrar en las designaciones de este año.
Para la REDI Central, que abarca a los estados donde se concentra el mayor poder de fuego del Ejército, fue promovido un mayor general (José Murga) que llegó en el puesto 189 de la misma promoción que Marcano. Y el nuevo comandante de la Región Guayana, Alfredo Parra Yarza, ocupó el lugar 105.
En la institución militar partían de un principio según el cual si no fuiste buen estudiante en las respectivas academias, difícilmente lograrás ocupar posiciones cimeras en la carrera. Por eso, la revisión de este criterio es importante. Cuando se produce la designación de oficiales graduados más allá del puesto 100 de sus respectivas promociones, como ha sucedido este año, estamos ante lo que Castillo llamó «anomalías».
Pero estas situaciones fuera de lo común se han transformado en lo más frecuente.
«Ya no podemos analizar la situación actual de la FAN como lo hacíamos antes, cuando había parámetros, como los de antigüedad, la jerarquía y la excelencia. Ahora, eso no existe», explicó.
Aunque los procesos de ascenso y nombramientos conservan ciertas formalidades en el mundo castrense venezolano, el criterio predominante en la actualidad es la lealtad percibida, no solo en términos de fidelidad hacia el gobernante sino también hacia el estamento político dominante.
Este elemento ha trastocado a la Fuerza Armada, al punto que, según Castillo, ya no se trata de una entidad jerárquica, tal y como era conocida antes de 1999 e incluso en los primeros años de la era chavista. Por ende, los méritos logrados en el desempeño de las tareas tampoco son determinantes a la hora de escalar posiciones y grados.
La lealtad percibida –o la ausencia de ella– es tan influyente que ha generado una situación escasamente analizada por los expertos. En normalidad, la diferencia en cuanto a las antigüedades de los integrantes de los distintos estratos del Alto Mando suele ser de apenas un año. Por lo tanto, la brecha entre el ministro de la Defensa y los comandantes de fuerzas o componentes solo debía ser de un par de años en cuanto al tiempo de servicio, tomando en cuenta que el comandante saliente del Ceofanb tenía un año menos de antigüedad que Padrino López. Es decir, estaba entre el ministro y las máximas autoridades de cada componente.
Pero esta desconfianza ha precipitado una nueva ratificación de Padrino, a pesar de los rumores cada vez más insistentes sobre el deterioro de su salud, reforzados a partir de la construcción de un pequeño ambulatorio en el propio edificio ministerial.
Ahora, la brecha de antigüedad entre el titular de Defensa y los comandantes de fuerzas es de cinco, e incluso seis años, en los casos de la Guardia Nacional y la Milicia.
Lo de la Guardia Nacional requiere una mención especial. El anterior comandante general, MG Fabio Zavarse Pabón, había egresado de la promoción que se graduó en 1988. Según la lógica castrense, los principales candidatos a reemplazarlo estarían en el grupo que obtuvo la licenciatura al año siguiente (1989). Pero el oficial más brillante de esa promoción es Héctor Hernández da Costa, uno de los dos generales detenidos y enjuiciados por el estallido de drones en el centro de Caracas, en agosto de 2018. Este caso, conocido como el «magnicidio frustrado» truncó la carrera de un profesional que hasta ese momento había tenido óptimo desempeño, a pesar de sus achaques de salud.
De acuerdo con el general retirado de esta fuerza, Régulo Díaz Vega, esta circunstancia hizo que Maduro optara por desechar a cualquier compañero de Hernández en la promoción Batalla Pantano de Vargas II, y pusiera el ojo en la siguiente cohorte, donde Juvenal José Fernández ocupó la novena posición.
Según Díaz, el nuevo comandante general de la GN es visto por el régimen como un oficial «manejable».
En la reconfiguración del Alto Mando Militar y las jefaturas de las regiones estratégicas de defensa integral, el Ejército reforzó su primacía, en detrimento de las cuotas que tenía la Armada, a través del Ceofanb.
Esto no es gratuito. Díaz Vega cree que, a cambio de este ascenso de oficiales «obedientes y no pensantes» en el componente de control terrestre, el oficialismo exigirá a la FAN su pleno respaldo a los cambios en la geopolítica nacional, a través de la imposición del «Estado comunal» y la ratificación de su hegemonía en los gobiernos regionales y municipales, mediante unas elecciones a la medida.
Y una nota al pie: en 2021, Maduro terminó de purgar de la cúpula militar a lo último que restaba de la promoción graduada en 1987, con lo que sorteó la amenaza que supuestamente representaba el primer alférez auxiliar de ese grupo, Diosdado Cabello.
Breves
-El Ejecutivo presentó a la Asamblea Nacional electa el 6-D el Anteproyecto de Ley de Previsión y Seguridad Social de los Órganos de Seguridad Ciudadana, al que la propaganda llamará Ley Guardianes de la Patria. Sus disposiciones abarcan a todos los funcionarios tanto activos como jubilados de los órganos de seguridad ciudadana descritos en la Constitución, e igualmente a los custodios penitenciarios y empleados del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), sus familiares inmediatos y sobrevivientes. El texto consta de 110 artículos, una disposición derogatoria y cinco transitorias. Una novedad se refiere a la creación del Banco de la Seguridad Ciudadana, cuyo propósito sería la realización de «todas las operaciones de intermediación financiera y sus servicios conexos concernientes a los Bancos Universales (…) destinados a la familia policial en el marco del Sistema Integral de Seguridad Social de los Órganos de Seguridad Ciudadana». También podrá intervenir en los llamados «proyectos estratégicos», que no están definidos por ley, y que serán delineados posteriormente por el Gobierno. Esto abre una rendija para la discrecionalidad en la administración de los fondos recaudados mediante los aportes obligatorios del funcionariado. Otra disposición controversial se refiere a la instauración de una red sanitaria de la seguridad ciudadana, que abarca los hospitales, las clínicas, los ambulatorios, los núcleos médicos asistenciales y demás dependencias que actualmente están al servicio de los distintos organismos de seguridad. En otros términos, según el documento, «los bienes y activos de los Órganos de Seguridad Ciudadana, destinados para los servicios médicos y asistenciales (…) serán transferidos al Instituto de Previsión y Seguridad Social» cuya creación prevé la referida ley.
-Uno de los delitos que mayor crecimiento ha tenido durante la pandemia por el covid 19 —junto a la estafa— ha sido la extorsión. En el primer semestre de 2021, el promedio mensual de casos procesados por este delito subió 26% con respecto al mismo lapso de 2020, de acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente. Ahora, no solo envían mensajes amenazantes a los ganaderos, agroindustriales y propietarios de grandes industrias. También comenzaron a ser victimizados los médicos y otros profesionales independientes, no necesariamente adscritos a una gran corporación. La explicación de este giro fue aportada por la abogada y exjueza Mónica Fernández. Estas personas anuncian sus servicios a través de Instagram. De allí, los grupos dedicados a la extorsión obtienen los datos primarios sobre la víctima, y luego los cruzan con informaciones extraídas de otras redes, con el propósito de elaborar una amenaza creíble. Últimamente, indicó Fernández, los extorsionadores dicen ser miembros del colectivo La Piedrita, Tupamaros o incluso elementos de la banda de Carlos Revette, alias Koki. En sus llamadas indican que los han contratado para secuestrar o matar al médico, publicista o joven arquitecto. Pero que no cumplirán con lo pactado si les pagan un monto en bolívares. Según la exjueza, los sujetos suministran cuentas abiertas en la banca nacional a nombre de mujeres cómplices.
Javier Ignacio Mayorca es Periodista especializado en criminalística. Consultor. Miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
