Crisis Group advierte daños severos al ecosistema y a la población por minería ilegal
El informe de Crisis Group recomienda a los gobiernos extranjeros presionar a Nicolás Maduro y exigirle medidas para el control de la minería ilegal y la violencia que conlleva
La organización Grisis Group afirma que la minería ilegal de oro está generando un daño cada vez mayor en el sur de Venezuela, a su delicado ecosistema y a su población.
En su informe «La maldición del oro: Minería y violencia en el sur de Venezuela«, publicado este 29 de julio, señala que en las últimas dos décadas la minería de oro ilícita ha crecido rápidamente «a medida que grupos criminales y guerrillas han tomado el control de amplias zonas de los estados Bolívar y Amazonas».
¿Qué es lo nuevo? El informe indica que en los últimos años, las fuerzas gubernamentales venezolanas han allanado numerosas minas de oro ilegales en el sur del país, supuestamente para proteger el medio ambiente. Sin embargo -puntualiza- el objetivo es explotarlas para su propio enriquecimiento o permitir que grupos armados lo hagan a cambio de una parte de las ganancias.
¿Por qué es importante? El aumento del precio del oro ha impulsado una minería ilegal descontrolada, fortaleciendo a las bandas criminales venezolanas, a los grupos guerrilleros colombianos y a élites corruptas. El informe advierte sobre la destrucción de los frágiles ecosistemas, así como la violencia contra la población local y trabajadores migrantes, quienes han sido víctimas de abusos sexuales, reclutamiento infantil e incluso ejecuciones sumarias.
¿Qué se debe hacer? Entre las recomendaciones de la organización está pedirle a los gobiernos extranjeros que aprovechen la supuesta preocupación de la administración Maduro por el medio ambiente y su deseo de obtener legitimidad internacional tras las controversiales elecciones de 2024 para presionar por medidas para el control de la minería ilegal y la violencia que conlleva. Los compradores, en particular en Oriente Medio y Asia, deben exigir oro libre de conflicto.
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El informe contiene siete puntos, resumidos a continuación:
I. Panorama general.
- La minería ilegal en Bolívar y Amazonas, estados en el sur de Venezuela, genera vastas riquezas para grupos armados y criminales que utilizan la violencia para controlar territorios rurales y a las personas que los habitan.
- El oro, considerado un activo seguro en tiempos de incertidumbre económica, alcanza precios récord en los mercados de todo el mundo. A medida que la minería del metal precioso se ha vuelto más rentable, los yacimientos se han vuelto muy codiciados.
- Los mineros artesanales, cuyo número ha aumentado debido a la migración interna, trabajan a merced de quien controle las minas.
- Aunque el ejército venezolano dice busca erradicar la minería ilegal, pactos informales entre los militares y las guerrillas colombianas han permitido a éstas seguir operando minas, mientras que las organizaciones criminales venezolanas se han adentrado más en la selva buscando oro.
II. La lucha por el oro
- La minería en los estados Amazonas y Bolívar ha crecido en las últimas dos décadas de la mano de múltiples grupos armados.
- Los grupos armados han establecido su control sobre numerosas comunidades locales y poblaciones migrantes, quienes proporcionan mano de obra barata y que sus patrones ven como desechables.
- Los grupos armados mantienen posiciones estratégicas a lo largo de las zonas fronterizas con Colombia, Brasil y Guyana, donde también controlan las rutas del narcotráfico, a menudo en colaboración con las fuerzas estatales.
III. El negocio del oro: minería y tráfico
- Desde sus inicios ilícitos, informales y a pequeña escala, la minería de oro y otros metales preciosos en el sur de Venezuela ha experimentado un auge en los últimos años, a medida que el Estado se enfrenta al colapso económico y a un precipitado declive fiscal.
- Aunque la minería y la exportación de minerales se rigen por un nuevo marco jurídico desde 2016, siguen inmersos en una gran violencia.
IV. ¿Una ofensiva estatal?
- El Estado venezolano siempre ha vigilado las zonas mineras de Bolívar y Amazonas, aunque de forma poco regular.
- Las fuerzas armadas se han desplegado para proteger las industrias, incluyendo las minas de la empresa estatal Minerven y a las empresas que aprovecharon el Arco Minero.
- Los mineros y el resto de la población local perciben a las fuerzas venezolanas como depredadoras.
V. Repercusiones sociales, humanitarias y ambientales
- La expansión de la minería ilegal en Bolívar y Amazonas ha provocado una violencia generalizada contra la población local, especialmente contra las comunidades indígenas.
- Comunidades están a merced de los grupos armados, así como daños ambientales que amenazan con destruir parte de la Amazonía.
VI. Un camino a seguir. ¿Cuál es la solución?
No existe una solución rápida para la minería ilegal en Venezuela. Influir en la administración Maduro ha sido durante mucho tiempo una ardua batalla, especialmente para EEUU, sus vecinos latinoamericanos y las potencias europeas.
- Los capitales extranjeros podrían presionar a Maduro para que cumpla su promesa de limitar los daños causados por las actividades extractivas como un paso hacia el restablecimiento de relaciones cordiales y la reconstrucción de la confianza con Caracas.
- Los países vecinos podrían instar a Caracas a permitir una supervisión internacional en las zonas mineras a cambio de una mayor participación para Venezuela en los mecanismos de cooperación multinacional.
- Los compradores de oro en Oriente Medio y Asia podrían ser aliados cruciales para presionar a Venezuela a actuar con mayor decisión para controlar la minería ilícita y reducir la violencia y los abusos contra los derechos humanos.
- Las iniciativas de Aruba y Curazao para detener las exportaciones de oro venezolano han alterado las rutas de tráfico, pero el impacto de este tipo de acciones será limitado mientras las operaciones mineras sigan expandiéndose.
- Una presión concertada de los compradores para que certifiquen que el oro que llega a los mercados internacionales sea libre de conflicto podría tener un impacto mucho más fuerte en Caracas.
- Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, quienes compiten con Reino Unido y Suiza para convertirse en centros de comercio de minerales, deben liderar estos esfuerzos.
VII. Conclusión
- La difícil situación que afecta al sur de Venezuela está profundamente interconectada con la crisis que aqueja al país en general: un movimiento político que llegó al poder con el mandato de aliviar la pobreza y las necesidades de las masas se ha convertido, con el tiempo, en una fuente de miseria aún mayor.
- En los estados Bolívar y Amazonas el Estado ha demostrado su incapacidad o falta de voluntad para frenar las acciones de los grupos armados y criminales que explotan las riquezas minerales, coaccionan y aterrorizan a la población local, destruyen el tejido social de las comunidades indígenas y generan un daño ambiental probablemente irreparable.
- A medida que la difícil situación económica y el conflicto político del país se han agravado en los últimos años, los militares, en complicidad con políticos y funcionarios estatales corruptos, han pasado de ser testigos de esta devastación y recibir sobornos, a convertirse ellos mismos en fuerzas depredadoras.
- Existen pocas soluciones significativas a los dilemas que plantea la minería que no requieran que Caracas cambie su forma de actuar en el sur.
- Con el alza de los precios del oro y otra inminente recesión económica en Venezuela, aliviar la violencia y los abusos contra los derechos humanos relacionados con la minería, así como limitar la destrucción ambiental que causa, será más crucial que nunca.
Puedes leer el informe completo en Crisis Group
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
